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EMPRESAS Y RSC
Juzga ahora inaceptable el fichaje ante sus 2700 despidos

Santander, imputado por el Popular tras renunciar a fichar CEO con prima de 50 milones y 5 de fijo

Andrea Orcel (pelo blanco), Ana Botín y Jise Antonio Álvarez, CEO que seguirá

La Audiencia Nacional ha imputado al Banco Santander por la gestión del Popular antes de que lo comorara por un euro en junio de 2017,y con ello asumiera responsabilidad. El juez José Luis Calama ha decidido investigar la gestión de Emilio Saracho y Ángel Ron al frente del banco. La noticia se conoce el día siguiente de suspender Santander el cambio de consejero delegado y renunciar al nombramiento de Andrea Orcel​ por el alto coste de su fichaje: una prima de 50 millones de euros para UB
Redacción 16 de enero de 2019 Enviar a un amigo
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Por ello, José Antonio Álvarez seguirá en el cargo que ostenta desde 2014, aunque la presidenta Ana Patrícia Botín anunciara su relevo en septiembre pasado, con ideal de pagarle 5 millones de euros al año y las bonificaciones que Orcel había ganado por su gestión en el banco de inversión y que serían suspendidas si el ejecutivo italiano abandonaba la entidad. Pero Santander Ha dado marcha atrás en un consejo de administración el martes,al considerar  "inaceptable” pagar una prima de 50 millones de euros al banco suizo UBS donde trabajaba el candidato italiano, a la vista de que el Santander se dispone a despedir a 2.700 personas para elevar su rentabilidad vía reducción de costes ante el actual escenario de bajos tipos de interés que se presenta en el marco además de su integración con Popular. El ajuste ascenderá en la banca española ascenderá a más de 7.500 empleados, un 4% del total, según los últimos datos hechos públicos por el Banco de España.A mediados de diciembre, Unicaja alcanzó un acuerdo con los sindicatos para la salida de 760 trabajadores en un plazo de tres años, a quienes habrá que sumar 1.700 empleados si se fusiona con Liberbank, según los sindicatos. Caixabank, Evo Banco, Wizink, etc,  esperan despedir además a unas 2.200 personas. La adquisición por parte de Bankinter de Evo Banco podría dejar en la calle también a un centenar de empleados. 

La investigación judicial que imputa al Santander está centrada en la ampliación de capital realizada por el Popular en mayo de 2016, por un importe de 2.505 millones de euros, y en la presunta manipulación del mercado a través de noticias que contenían informaciones presuntamente falsas, además del uso de información privilegiada que pudo beneficia a los ex presidentes.Se podría haber incurrido en los delitos defalsedades societarias y administración desleal contra el mercado, falsedades documentales y apropiación indebida.

Los hechos investigados advierten de que los máximos responsables del Popular maquillaron las cuentas del banco para crear una situación financiara irreal, según consta en una de las querellas que investiga el juzgado. En concreto, la interpuesta por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que denuncia que los resultados del Popular pasaron de arrojar un beneficio de 93,4 millones de euros a perder cerca de 3.500 millones en 2016.

Entre los investigados se encuentran también los que fueran consejeros delegados del Popular, Pedro Larena y Roberto Higuera, así como el socio auditor de la firma PriceWaterHouseCoopers, Pedro Barrio.

El magistrado acuerda imputar al Santander como persona jurídica por ser la entidad que absorbió el Popular una vez que había quebrado. El Santander adquirió el Popular en junio de 2017 por un euro, convirtiéndose en propietario de esta segunda entidad que, por ende, dejó de ser persona jurídica. El juez argumenta su decisión en el artículo 130.2 del Código Penal, que establece que "la transformación, fusión, absorción o escisión de una persona jurídica no extingue su responsabilidad penal, que se trasladará a la entidad o entidades en que se transforme, quede fusionada o absorbida y se extenderá a la entidad o entidades que resulten de la escisión".

Banco Santander ya había provisionado 3.000 millones de euros para riesgos legales de la adquisición, por lo que estaba preparado para posibles costes adicionales por la adquisición de la entidad.

 

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