Según Diario de Sevilla, los extractos relacionados con las tarjetas están vinculados a compras personales y facturas de restaurantes, bares y viajes que, en la práctica, deberían haberse hecho a través de una central de compras con el operador habitual de la universidad. En ese periodo de tiempo, la UCA tenía una deuda de 60 millones de euros, pero pagaba gastos como desayunos, parkings o billetes de metro. También se encuentran compras en Makro, Ikea y Media Markt.
El descontrol estuvo latente hasta el 2011, cuando Eduardo González Mazo se ocupó de la rectoría y eliminó las tarjetas. Sin embargo, no emprendió ninguna medida para investigar cómo y cuánto se gastó indebidamente. Estos hecho se conocieron en el consejo de gobierno hace poco, y se pidieron explicaciones, al igual que el Consejo Social, que pidió informes para saber qué fuese de ese dinero. Pese a que el rector dió su palabra de realzar el informe, todavía no hay noticias.
Las tarjetas eran de dos tipos: La Business Oro, con un tope mensual de 30.000 euros, yla Mastercard Empresa, con un tope de 3.000 euros. Las primeras las poseían el rector Sales y el gerente, Antonio Vadillo. EL primero la utilizaba a menudo y no gastó menos de 85.000 euros, mientras que Vadillo fue más prudente y gastó, en principio, menos de 10.000 euros.
Las Mastercard Empresa eran para vicerrectores y algunos directores generales. Ninguno llegó a gastar hasta los 3.000 euros al mes. La frecuencia en el uso de estas tarjetas por los responsables de la Universidad es muy variado, desde los más de 34.000 euros gastados por el adjunto al rector, Francisco de Asís Álvarez González, especialista en Estadística, hasta la moderación del vicerrector de Innovación, Manuel Blanco Ollero, que la utilizó poco y cuyos gastos no alcanzaron los 5.000 euros en este periodo.
La UCA lo niega todo
La Universidad de Cádiz ha lanzado un comunicado de prensa en el que niega que tales tarjetas se usasen indebidamente y sin control. Según declaran, “la Universidad de Cádiz contó en todo momento con un procedimiento de contabilidad y control en relación con este tipo de tarjetas”. Explican que “se trata de un instrumento de pago con justificación de gasto, sometido siempre al procedimiento ordinario de control establecido para su uso. Los abonos realizados se contabilizaron en la aplicación económica, según la naturaleza del gasto y constaron en la orgánica correspondiente que originó el mismo”. Demás, especifican que “el interesado debía solicitar siempre el recibo y la factura necesaria imprescindible para justificar el gasto y realizar posibles reclamaciones, así como concretar su motivación”.
Igualmente, aseguran que “mensualmente, se solicitaba desde el Área de Economía a los cargos académicos justificación de los gastos que aparecían en los extractos bancarios. Tras su justificación, se realizaban los documentos contables oportunos. Existía incluso un documento-guía remitido a los secretarios de los cargos académicos al inicio del ejercicio económico donde se contenían las instrucciones para la contabilización de los gastos de estas tarjetas. En consecuencia, todos los gastos realizados con las tarjetas pasaban un control procedimental de justificación igual al que se hace respecto de gastos efectuados sin abonar con ellas, ajustado a lo dispuesto en la normativa de la propia Universidad de Cádiz”.
Aseguran que “en ningún caso constituyen estos pagos un sobresueldo, puesto que siempre se utilizaron por razón del cargo y no se tratan, en consecuencia, de tarjetas personales. Así, las adquisiciones institucionales se encuentran identificadas, codificadas y, en su caso, inventariadas, como por ejemplo el sofá que aparece aludido en la noticia. Se encuentra inventariado (con número 5000001000) y en uso en el despacho del rector, o el desembolso realizado en Ikea de Castilleja de la Cuesta (Sevilla) para la adquisición de material de equipamiento y menaje de la Escuela Infantil del Campus de Puerto Real”.
Durante los ejercicios 2007 a 2011 la Universidad de Cádiz se sometió, como es preceptivo, a la auditoría externa de sus cuentas por una empresa independiente. Esta contabilidad es objeto de revisión por los órganos de fiscalización previstos en la ley, como es el caso de la Cámara de Cuentas de Andalucía. La auditoría se hace para todos los gastos, en todos los conceptos y respectos de todos los ejercicios económicos. Los pagos efectuados con este tipo de tarjetas tienen asignada cuenta corriente específica que aparece como tal en los estados de tesorería de las cuentas anuales que son revisadas por la auditoría externa, sin que nunca se haya recibido objeción alguna. Es por ello que la Universidad de Cádiz explica que “no correspondía iniciar investigación alguna sobre gastos que están auditados y cuya tramitación ha seguido los procedimientos de control ordinarios establecidos. La petición de información por parte del Consejo Social de la Universidad de Cádiz se está atendiendo por el órgano auditor interno de la UCA”.
