lunes,6 diciembre 2021
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Pese a muchos anuncios, la lentitud deja pasar la pandemia

Un año sin equipos para aprender online en un millón de casas:los primeros 175.839 llegarán en marzo

Redacción
El Gobierno prevé que los primeros equipos informáticos del programa Educa en Digital sean puestos a disposición en el mes de marzo, según informó este martes, tras autorizar la compra de 175 839 equipos para Andalucía. Esta licitación se suma a las ya aprobadas para dotar con más de 200 000 ordenadores y tablets a alumnos de Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia Madrid Navarra, País Vasco, Ceuta y Melilla.

Va así hasta el momento autorizada, según informó el mismo Consejo de Ministros que aprobó invertir en 2021 hasta 123,38 millones de euros en 168 campañas publicitarias y autorizó endeudarse más de 10.000 millones de euros a 5 de las autonomías de las que depende fundamentalmente la educación, la compra de unos  375 839 de equipos de los que carecen casi 800.000 hogares españoles, y por tanto varios millones de personas. La Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los hogares elaborada por el Instituto Nacional de Estadística concluía que entre los hogares con hijos en España había en 2019 hasta 792.048 sin dispositivos electrónicos y 284.243 sin conexión a internet. Poco antes, el informe PISA de 2018 señalaba que en España hasta un 9% de los estudiantes –alrededor de 543.000- no contaban con ningún ordenador en casa. De igual forma, la Estadística de la Sociedad de la Información y la Comunicación en los centros educativos no universitarios elaborada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional durante el curso 2018-2019 reflejaba que en los centros escolares había un terminal destinado a tareas de enseñanza por cada 2,7 alumnos matriculados.

Con los 100 millones de euros autorizados en compras de equipos se abordar una parte de una de las tres grandes brechas educativas que este impulso a la digitalización del sector aspira a cerrar: el acceso a la tecnología, no las otras de calidad de uso de estas herramientas y de capacitación para desarrollarlas y usarlas.Educa en Digital es un primer paso de otros que viene anunciando el Gobierno más de dos años seguirán para garantizar la correcta protección de la ciudadanía en el ámbito digital, contribuyendo a crear un entorno confiable que ofrezca los mismos derechos y responsabilidades que operan en el ámbito físico.

La digitalización de la educación se entiende necesaria con independencia de que puedan darse emergencias sanitarias similares a la vivida en los últimos meses.La digitalización es un factor determinante a la hora de cerrar brechas y apostar por la cohesión social, haciendo posible un escenario en el que el alumnado tenga un acceso garantizado a contenidos educativos adecuados y ajustados a sus necesidades independientemente de su realidad social o del lugar en el que viva.

Para ello, el verano pasado se anunciaba el Convenio para la ejecución del programa 'Educa en Digital' que aprobó el Consejo de Ministros de 16 de junio.  Lo tenían que firmar el Ministerio de Educación y Formación Profesional, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y Red.es para poner en marcha el programa Educa en Digital. Las actuaciones se dijo entonces que comenzarían a ejecutarse durante el primer trimestre del curso 2020-202, mediante una actuación de emergencia que alcanzaría los 500.000 equipos, a distribuir también a lo largo del primer trimestre del curso 2020-2021, pero que ahora se vuelven a anunciar para marzo, pese a que en los primeros meses del Estado de Alarma se anunciaron 2.000 millones de euros para educación y luego tras el verano un 53% más de gasto público para los Presupuestos 2021 y prioridad a educación, formación e I+D+I, y más tarde el Gobierno vender a Europa y al Consejo de FP un sistema de digitalización que acompañe la transformación económica.

Lo que el Consejo de Ministros aautorizó este martes es la licitación de la actuación Puesto Educativo en el Hogar para Andalucía dentro del programa Educa en Digital cuyo objetivo es apoyar la transformación digital de la educación en España apoyando a los alumnos más vulnerables. El importe de esta actuación asciende a 100 millones de euros, de los que la empresa pública Red.es aportará 80 millones a través de los fondos FEDER y, el resto, será cofinanciado por la Junta de Andalucía.

Esta actuación supone la adquisición de más de 175 839 equipos informáticos con conectividad que facilitarán la educación digital, tanto desde el hogar como de forma presencial, a los alumnos de familias vulnerables que estudien en centros educativos sostenidos con fondos públicos de esta comunidad autónoma.Esta licitación se suma a las que se había aprobado para dotar con más de 200 000 ordenadores y tablets a los alumnos de las comunidades autónomas de comunidades autónomas de Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, Navarra y País Vasco, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

El programa Educa en Digital, aprobado por el Consejo de Ministros el 16 de junio de 2020,  contempla dotar a los centros educativos de equipos con conectividad fiable y de calidad para que puedan ser prestados y puestos a disposición de los estudiantes que no dispongan de este equipamiento para poder acceder a la educación con medios digitales, tanto en el hogar como en el propio centro educativo.

También abarca otra serie de actuaciones tales como la puesta a disposición de aplicaciones, herramientas y recursos curriculares que faciliten la educación digital, tanto presencial, en el centro, como desde el hogar, y la formación de profesores, con el fin de dotar a la comunidad educativa de recursos educativos digitales.

El programa movilizará inicialmente 230 millones de euros, de los cuales Red.es aportará un presupuesto inicial máximo de hasta 190 millones de euros, con la cofinanciación de los fondos FEDER.

Siguiendo los procedimientos establecidos para la ejecución de los fondos estructurales para el periodo 2014-2020 en España, el programa requiere la firma de convenios entre las Comunidades Autónomas y Red.es para la realización de licitaciones separadas siguiendo las indicaciones y requisitos determinados por las autoridades educativas.

El Gobierno gastará este año 123,38 millones  en 168 campañas publicitarias 

El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan de Publicidad y Comunicación Institucional 2021 que prevé una inversión de 123,38 millones de euros para desarrollar 168 campañas a lo largo del presente año para divulgar información de utilidad a la ciudadanía.El Plan recoge la planificación prevista de publicidad y comunicación de la Administración General del Estado para el año en curso, detallando el destino y reparto de las campañas según departamentos y objetivos, así como la asignación de cada una, según se puede consultar en la página web de Moncloa

La inversión total crece en 57,32 millones de euros respecto al año pasado, lo que supone un 86,77% más de lo previsto en 2020, aunque apenas supone el 46% de los 268 millones que destinó en 2007 el primer Plan de Publicidad y Comunicación Institucional. Se ha de tener en cuenta según Moncloa que, en el caso del Plan de 2020, la situación de emergencia sanitaria derivó en la retirada de las partidas de algunos ministerios, como en el caso de Hacienda, que modificó su propuesta inicial de una campaña en el ámbito tributario a la vista de las prioridades comunicativas en el Estado de Alarma.

En el presente Plan, el primer lugar en cuanto a inversión presupuestaria lo ocupa el ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con un 18,85% de la inversión prevista para 13 campañas, entre las que destacan las relativas a Seguridad Alimentaria y Alimentos de España, seguido por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico que prevé ofrecer 57 campañas con una asignación del 13% de la inversión total.

Solo seis campañas disponen de una inversión igual o superior a los seis millones de euros; son la de promoción de la vacunación frente al COVID, del Ministerio de Sanidad, a la que se prevén dedicar 10,8 millones de euros, seguida de seguridad vial de la DGT, sensibilización fiscal de la Agencia Tributaria, Transición Energética de IDAE, contra de la violencia contra las mujeres de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y el Plan de Reconstrucción: Fomento del Humanismo Tecnológico de RED.es.

Las principales prioridades de la Administración General del Estado en materia de publicidad y comunicación institucional durante el año 2021 serán la promoción en materia de derechos y deberes de los ciudadanos con un 39,51% del coste total previsto y la promoción de hábitos saludables y seguros para la ciudadanía y el cuidado de su entorno con un 35,88% del coste total de las previsiones presupuestarias.

El objetivo más buscado durante el año 2021 en cuanto al número de campañas y el total de la inversión presupuestada, será el de comunicar programas y actuaciones públicas de relevancia e interés social con un 45,83% respecto al número total de campañas y 57,65% respecto de la inversión total que se prevé realizar.

La gran mayoría de las campañas, un 72%, tendrá inserciones en internet, siendo así el medio más utilizado, seguido, por este orden de prensa, radio, televisión, soportes exteriores y revistas.

Las campañas de carácter comercial están en el ámbito de aplicación de la Ley 29/2005 bajo la que se realiza este Plan aunque, no obstante se recogen como información en el mismo.

Se llevarán a cabo 41 campañas durante el año 2021, con una inversión total de 120.122.557 euros en un total de 9 ministerios: Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Hacienda; Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Industria, Comercio y Turismo; Agricultura, Pesca y Alimentación; Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Cultura y Deporte; Asuntos Económicos y Transformación Digital y Universidades.

Se realizarán, por lo tanto, diez campañas menos que las previstas en el Plan 2020, disminuyendo el presupuesto previsto para las campañas de ámbito comercial en 15 341 578 euros respecto al año 2020 (-11,33%)

Autorizadas 5 autonomías a endeudarse en más de otros 10.000 millones 

jo de Ministros ha autorizado hoy a varias Comunidades Autónomas a formalizar operaciones de endeudamiento, tanto a largo como a corto plazo. En concreto, autoriza a Comunidad de Madrid y Castilla y León a formalizar operaciones de deuda a largo y a corto plazo; y a Comunitat Valenciana, País Vasco y Navarra, a formalizar operaciones a largo plazo.Estas cinco autorizaciones se efectúan en cumplimiento del artículo 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y del artículo 20 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).

En el caso de la Comunidad de Madrid, se le autoriza para formalizar operaciones de deuda, tanto a largo como a corto plazo, por un importe máximo de 3.110,38 millones de euros.En concreto, esta comunidad ha solicitado autorización para formalizar operaciones de deuda a largo plazo, por importe de 3 090,4 millones, de los que la mayor parte, 2 993,4 millones de euros, se destinarán a financiar vencimientos de deuda de la Administración de la Comunidad de Madrid y de la Agencia de la Vivienda Social de Madrid.Por otra parte, la Comunidad de Madrid ha solicitado autorización de operaciones de deuda a corto plazo destinadas a la cobertura de necesidades transitorias de tesorería de la empresa pública Radio Televisión de Madrid S.A., por importe de 20 millones de euros.
Por otro lado, el Consejo de Ministros ha autorizado a Castilla y León a formalizar operaciones de deuda a largo y corto plazo por un máximo de 2 544,64 millones de euros.Por el presente acuerdo se autoriza a formalizar operaciones de deuda a largo plazo por importe de 1 444,64 millones, destinadas, en su mayoría, a financiar los vencimientos de deuda por importe de 1 208,98 millones de euros, entre otros conceptos.Por otra parte, la comunidad ha solicitado autorización para la formalización de operaciones de deuda a corto plazo destinadas a la cobertura de necesidades transitorias de tesorería en 2021, que, conforme a sus previsiones presupuestarias, ascienden a 1 100 millones de euros.
En cuanto a la Comunitat Valenciana, se le ha autorizado a formalizar operaciones de deuda a largo plazo, por un máximo de 1 000 millones de euros. Estas operaciones tienen como finalidad, de acuerdo con la solicitud, refinanciar préstamos formalizados entre 2014 y 2019 con cargo al compartimento Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas con el objetivo de conseguir una reducción de costes financieros para la Comunidad Autónoma.

País Vasco ha sido autorizado a formalizar operaciones de deuda a largo plazo por un máximo de 1 280,92 millones de euros, para cubrir las necesidades de financiación a largo plazo de la Comunidad en 2021. De éstos, en su mayor parte, 877,79 millones, se destinan a financiar los vencimientos ordinarios de deuda de la Comunidad Autónoma.

Navarra formalizará operaciones de deuda a largo plazo por un máximo de 483,08 millones, destinados, fundamentalmente, a financiar los vencimientos ordinarios y anticipados de deuda por importe de 369,58 millones de euros.Estas autorizaciones sólo podrán amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2021

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