Entre las principales novedades del nuevo real decreto que modifica la estructura que establecía el Real Decreto 485/2017, de 12 de mayo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que quedó derogado desde este sábado por una reforma dictada desde el MInisterio de Política Territorial y Función Pública (ver foto), cabe señalar las siguientes:
Dependiente de la Secretaría General de Sanidad y Consumo, se crea una nueva Dirección General de Consumo. Esta Dirección General asumirá las competencias de Consumo, con el fin de dar un nuevo impulso a la actividad dirigida a garantizar un nivel elevado de protección y promoción de los derechos de los consumidores y usuarios, mediante una gestión eficiente y transparente, a través de una unidad de criterio que contribuya a reforzar la confianza de los ciudadanos.
Esta reestructuración obedece a la necesidad de reconocer el ámbito de actuación específico de las cuestiones de consumo, centrado en el mandato del artículo 51 de la Constitución Española, por el que se encomienda a los poderes públicos, garantizar la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos, además de promover la información y la educación de los consumidores y usuarios y fomentar sus organizaciones y oírlas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos en los términos que la ley establezca.
![](https://i0.wp.com/www.ibercampus.es/wp-content/uploads/2021/09/CCAA7C44-9E9A-4F51-B175-C96ABBBB8553.jpeg?resize=500%2C318&ssl=1)
Además, se incluye un mandato para crear el Observatorio de Salud de las Mujeres, como órgano colegiado de los previstos en el artículo 22.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, adscrito al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social a través de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación. Dicho observatorio tendrá como finalidad la mejora del conocimiento de las causas y determinantes de la salud de la mujer así como la difusión de conocimientos que contribuyan a promocionar servicios de calidad adecuados y la promoción de análisis y estudios en colaboración con los agentes sociales implicados para conseguir logros en la salud y en la calidad de vida de las mujeres.
También se amplían las competencias del hasta ahora Consejo Asesor de Sanidad, que pasa a denominarse Consejo Asesor de Sanidad y Servicios Sociales, y que actuará como órgano consultivo y de asistencia a la Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en la formulación de la política sanitaria y de bienestar social. Estas nuevas competencias en materia social quedan justificadas por la vinculación existente entre determinadas políticas sanitarias y colectivos que precisan de una mayor protección social como son los enfermos crónicos o las personas con discapacidad.
Junto a este Decreto de Política Territorial y Función Pública que desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, se han publicado otros tres aprobados el pasado viernes por el Gobierno:
- El que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia y por el que se modifica el Real Decreto 595/2018, de 22 de junio, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
- El que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación y Formación Profesional.Los órganos superiores y directivos del Ministerio de Educación y Formación Profesional son: A)La Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional de la que dependen tres direcciones generales:Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial de la que dependen seis subdirecciones generales, Dirección General de Formación Profesional de la que dependen tres subdirecciones generales, y Dirección General de Planificación y Gestión Educativa de la que dependen tres subdirecciones generales; B) Subsecretaría de Educación y Formación Profesional de la que dependen directamente cuatro subdirecciones generales más un gabinete técnico y la inspección general de servicios, ambas unidades con nivel orgánico de subdirección general; asimismo depende de la subsecretaría la Secretaría General Técnica de la que dependen cuatro subdirecciones generales. Son órganos de asesoramiento o participación del Ministerio, el Consejo Escolar del Estado, el Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas y el Observatorio Estatal de Convivencia Escolar, los cuales se relacionarán con el Ministerio a través de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional.
- El que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Economía y Empresa.
Reunión de Montón con líderes de los consumidores
A la reunión con la ministra Carmen Montón asistieron representantes de las asociaciones de consumidores con representación en el Consejo de Consumidores y Usuarios: Adicae, Asgeco, Auc, Cecu, Facua, Fuci, Hispacoop, Ocu y Unae. También asistieron el secretario general de Sanidad, Ricardo Campos, y la directora de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan)."Consumo es una parte esencial de la agenda política del Gobierno, para lo que estará dotado de identidad propia y, por ello, de reconocimiento político y de estructura específica", ha comentado la ministra.
La ministra también ha trasladado a los representantes de los consumidores la constitución en breve del nuevo Consejo de Consumidores y Usuarios, el máximo órgano de consulta y participación de los consumidores.
En el encuentro, la ministra ha expresado la intención de su departamento de desarrollar una estrategia destinada a proteger los derechos de los consumidores, en especial de aquellos más vulnerables, combatiendo la igualdad y garantizando la seguridad y la libertad de elección de la ciudadanía para el consumo.Esta estrategia se desarrollará a través de distintos objetivos como son, entre otros, garantizar a las personas consumidoras sus derechos en relación a los bienes y servicios a su disposición en el mercado; o garantizar una alta calidad en el acceso a mecanismos de resolución alternativa de conflictos y litigios que sean independientes, imparciales, transparentes, efectivos, rápidos y justos.
También la mejora de los servicios de atención al cliente o impulsar la actividad de las asociaciones de las personas consumidoras.