Pese a la oposición de rectores y estudiantes, Trabajo elabora ya un reglamento sancionador que obligará a todos los estudiantes en prácticas de grados superiores o medios a cotizar por valor de 51 euros mensuales a partir del próximo curso, según ha desvelado Gabriel Ubieto en EL PERIODICO. La idea, concebida como herramienta para “dignificar la primera aproximación de la gran mayoría de jóvenes al mundo laboral”, ha pillado de imprevisto y con mucha inquietud a los centros educativos.
Hasta ahora únicamente tenían la obligación de estar dados de alta en la Seguridad Social aquellos alumnos que realizaban prácticas extracurriculares y los que recibían remuneración en el caso de las curriculares. No obstante, la cuota de estos últimos la costeaba la propia Seguridad Social. A partir del próximo curso académico, el proyecto del Gobierno es que alrededor de 540.000 alumnos de toda España coticen, de lo que la Seguridad Social espera recaudar alrededor de 70 millones de euros.
Los centros de formación, que incluyen formación profesional pero entre los que las universidades tienen un mayor peso en términos de cantidad de alumnos, recibieron la noticia con “inquietud”, según reconocen fuentes consultadas de los órganos universitarios catalanes, y descontento, puesto que esta fue aprobada vía real decreto en el último consejo de Ministros del 2018 y publicada al día siguiente bajo el genérico título de “medidas urgentes”. El real decreto activa una cuenta atrás de tres meses en los que el Gobierno se emplaza a “dialogar” -fuentes de Trabajo se resisten a utilizar la palabra “negociar”- con los actores implicados para redactar el reglamento definitivo. De momento, con el texto que actualmente está aprobado, si es la empresa o el centro educativo quién debe asumir la cuota a la Seguridad Social es algo que deja a la negociación entre las partes.
A nivel estatal, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) reaccionó al real decreto ley que activó la medida con un comunicado en el que alertaba de que esta medida “puede acarrear serias dificultades tanto para los estudiantes, que vean mermada su oferta de prácticas, como para las universidades”. El contraargumento que sostienen desde Trabajo es que los alumnos ya pagan actualmente unos recursos suficientes, a través de los créditos de la asignatura de prácticas, para costear dicha cuota en caso de que sea la universidad quién acabe pagándola.
En Catalunya, las cuatro principales universidades del país –UB, UAB, UPC y UPF– registraron el pasado curso un total de 32.138 alumnos en prácticas, según datos facilitados por los propios centros. De todos ellos, el porcentaje que cotizó varia según el centro y, principalmente, la disciplina. En la UPC, por ejemplo, el 96% de las prácticas fueron remuneradas, debido que sus carreras se centran en las ingenierías u otras profesiones con una alta ocupabilidad a nivel de prácticas. En un término medio se encuentra la UPF, con un 68%, y en el otro extremo la UB y la UB, donde únicamente el 20% tuvieron una prestación económica asociada. Fuentes consultadas de ambos centros localizan las prácticas en las ramas sociales y en aquellas profesiones con empleabilidad eminentemente en lo público, como magisterio o sanidad. “El sector público no paga prácticamente nunca las prácticas curriculares, si finalmente vamos a tener que pagar cuota, uno de los principales afectados será el propio Estado”, reflexionan esas mismas fuentes.
Tímida recepción sindical
Los sindicatos han aplaudido tímidamente la medida y la han recibido como un primer paso. “Lo fundamental es que creará un censo de todos los becarios que hay en España”, afirma el responsable de jóvenes de CCOO, Carlos Gutiérrez. El dirigente sindical apunta hacia la actuación de Inspeccion de Trabajo y de las propias centrales para combatir aquellos casos en los que los becarios puedan estar desempeñando funciones más propias de un empleado.
Su homólogo de UGT, Eduardo Magaldi, exige un mayor esfuerzo a las empresas para que esos 51 euros no reduzcan la oferta formativa. “No se debe incorporar a un becario en función de la rentabilidad que de él pueda extraerse”, defiende. Ambos le piden más contundencia al Gobierno a la hora de exigir una tutorización real durante las prácticas curriculares y que elimine las extracurriculares, puesto que consideran que estas, en muchos casos, enmascaran relaciones laborales. Su alternativa es transformarlas en contratos laborales adaptados para jóvenes, con bonificaciones puntuales según el caso.
Oposicion de rectores y estudiantes
La Conferencia de Rectores (CRUE) hizo su primer comunicado del año denunciando por "sorpresiva y sin consulta" la norma que se encontraron al terminar estas vacaciones en el B.O.E. del 29 de diciembre. El Gobierno la ha incluido en el decreto ley que regula la revalorización de las pensiones.
Crue Universidades Españolas lamentó ya en un tuit el pasado 4 de enero que el Gobierno legisle en el RDL 28/2018 sobre las prácticas académicas externas sin hablar con las universidades, reclamando diálogo urgente para abordar conjuntamente esta cuestión #Prácticas #Estudiantes #Universidad #Crue
Hasta ahora solo era obligatoria la cotización si el estudiante cobraba y si eran prácticas curriculares, que se consideran una asignatura, estaban bonificadas al 100%.
Miguel Ángel Collado, rector de la Universidad de Castilla – La Mancha y responsable de asuntos estudiantiles de la Conferencia de Rectores (CRUE- Universidades Españolas) , alertó a LA SER de posibles consecuencias negativas: "Que se reduzca la oferta de prácticas a los estudiantes porque las empresas e instituciones no puedan asumir el coste de la Seguridad Social. Es un decreto ley que puede causar graves perjuicios a los estudiantes y a la universidad".
La CRUE , que agrupa a 79 universidades públicas y privadas, han pedido en el comunicado que sigue participar en el desarrollo normativo de la ley. Aseguran que celebran "el reconocimiento del valor de las prácticas académicas y que éstas computen a los estudiantes como período de cotización a la Seguridad Social" pero señalan que "trata por igual las prácticas curriculares y las extracurriculares, olvidando que ambas tienen un carácter radicalmente distinto, sean o no remuneradas". Además dicen que "una aplicación indiscriminada del Real Decreto–ley 28/2018 puede suponer la disminución del número de prácticas ofertadas por las empresas e instituciones, la discriminación en la formación de estudiantes de títulos profesionalizantes y no profesionalizantes, y una importante carga de gestión añadida en los servicios de prácticas de las universidades".
Sobre los posibles problemas de gestión incide Ernest Pons, vicerrector de comunicación de la Universidad de Barcelona (UB): "El estudiante que tenga que darse de alta: ¿va a ser la universidad la que tenga que hacer la gestión en nombre del alumno? Las universidades no tenemos un aparato administrativo acostumbrado a hacer una gestión con la Seguridad Social. Porque además estamos hablando de muchos miles de estudiantes cada año. No estamos hablando de algo puntual sino generalizado".
Los rectores piden la creación urgente de una mesa de diálogo con el Gobierno para abordar " a) la diferencia entre las prácticas curriculares y extracurriculares; b) que se mantenga la bonificación del 100% para las prácticas curricularesremuneradas y su extensión para las prácticas no remuneradas tanto curriculares como extracurriculares; c) el tratamiento a las prácticas de los estudios de formación permanente; y d) el establecimiento de un procedimiento de alta simplificado y automatizado a la Seguridad Social para los estudiantes que realicen prácticas con bonificación, con el objetivo de facilitar la nueva gestión que habrán de asumir las universidades y las entidades colaboradoras".
También los estudiantes piden clarificar quién se va a hacer cargo de las cotizaciones para evitar que les perjudique y afecte a las remuneraciones o la empleabilidad de los titulados. En un comunicado la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas – que representa a más de un millón de estudiantes- "valora de forma positiva la medida del Gobierno, pero solicita de manera inmediata un diálogo para establecer una hoja de ruta ante el cambio de sistema de regulación de las prácticas académicas externas". "La nueva reforma trastoca el modelo actual de prácticas", continua la nota, "lo que supone una necesidad de cuantificar la inversión requerida para poder implementarla: la medida no refleja quién se hará cargo del importe de las cuantías, quedando al amparo del convenio entre las universidades y las entidades colaboradoras, ya sean públicas o privadas".
Trabajo, cuya inspección sanció hace año y medio a la UAM con 300.000 euros por utilizar casi 400 becarios de prácticas externas para realizar servicios internos de la propia Universidad Aurónoma de Madrid, cifra en 74 millones al año lo que cuesta la medida y en 530.000 los estudiantes que se verán afectados.
Un portavoz del Ministerio consultado por la SER asegura que lo que se busca con esta medida es dignificar el primer contacto de los jóvenes con el mundo profesional y poner coto a algunas situacionesconcretas de becarios que desempeñan durante muchos meses tareas propias de un puesto de trabajo sin salario y sin cotización. Explican que la cotización de los becarios entrará en vigor en los próximos meses, cuando se desarrolle el decreto ley a través de un reglamento Y que en este tiempo trabajarán para sumar la opinión de todos los actores afectados.
