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La Convención de los Derechos de la Discapacidad da 10 años

Vaciar los centros de educación especial (para integrar a sus alumnos en colegios),misión imposible

La ministra de Educación, Isabel Celaá

Integrar a todos los alumnos de educación especial en colegios normales, como pretende la ministra Isabel Celaá con su proyecto de ley,es una misión imposible, porque muchos carecen de condiciones cognitivas mínimas para seguir el ritmo de aprendizaje de los demás estudiantes y se verían marginados en las aulas de inclusión.Es la opinión de Javier Laquidain,periodista y consultor de comunicación acreditado desde hace varias décadas en asuntos educativos, económicos y de investigación científica
Javier Laquidain 10 de mayo de 2020 Enviar a un amigo
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Algunas organizaciones de padres de alumnos de educación especial han denunciado que el Ministerio de Educación y Formación Profesional quiere cerrar estos centros con el proyecto de ley de reforma educativa de la ministra Isabel Celaá; y el departamento se ha apresurado a negarlo ( este martes, durante el Pleno del Senado, y en respuesta a una pregunta de la senadora 'popular' Ana Camins, la ministra de Educación y Formación Profesional acusó al PP de "apuntarse al bulo" del cierre de centros especiales y le recordó que la medida estaba en la LOMCE).

Subraya el ministerio que el proyecto, actualmente en fase de presentación de enmiendas en el Congreso de los Diputados, dice literalmente en su disposición adicional cuarta que «el Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años, de acuerdo con el artículo 24.2.e) de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad».

Y añade que «las Administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios».

Así, pues, no se habla de cierre en el proyecto y se reconoce que estos centros prestan una atención muy especializada a alumnos que la necesitan. Pero veamos qué decía la ministra en el pleno del Senado del 11 de diciembre de 2018, cuando expuso los propósitos de esta ley: «Es preciso afrontar también un salto cualitativo que permita la incorporación progresiva a los centros ordinarios del 17 por ciento del alumnado que hoy todavía está escolarizado en centros de educación especial». No de todos los posibles, decía, sino de su totalidad. Y agregaba que «el objetivo del Gobierno es impulsar el proceso de transformación de los centros de educación especial para convertirlos en centros sectoriales de apoyo a la inclusión, que brinden el asesoramiento y la ayuda necesarios para que el alumnado que actualmente está escolarizado en esos centros específicos pueda incorporarse progresivamente a los centros ordinarios».

Trasvase de alumnos

Es decir, sin necesidad de cerrarlos, el propósito es ir vaciando de alumnos los colegios de educación especial que serían trasvasados a la red escolar ordinaria poco a poco, a medida que se contara en ella con los recursos suficientes para abordar esta operación.   

La cuestión de fondo, más allá del idealismo voluntarista de la ministra y su equipo por alcanzar la plena educación inclusiva, es si es posible integrar en colegios normales a ese 17 por ciento de alumnos que reciben educación especial. Parece ignorar la ministra que las necesidades educativas y de atención de las personas con discapacidad son de una gran complejidad. En la práctica, cada alumno tiene unas características que lo hacen único, y en función de ellas se les agrupa para ser atendidos, y no por categorías de edad.

No parece posible que, incluso con ese plazo tan largo de diez años, se pueda conseguir que los colegios normales puedan cubrir todas las necesidades de los alumnos con discapacidad. El objetivo de la inclusión en aulas normales de alumnos discapacitados ya está ocurriendo cuando las condiciones del alumno le permiten seguir el ritmo de aprendizaje del resto de sus compañeros. Estudiantes con distintas discapacidades, parálisis cerebral, Down, ceguera, etc., han llegado a la universidad y terminado sus carreras con apoyos especiales para superar sus limitaciones físicas y motoras, porque sus condiciones intelectuales lo han hecho posible.

Por el contrario, hay otros alumnos que están imposibilitados para seguir las enseñanzas en un aula ordinaria, porque carecen del suficiente desarrollo cognitivo para hacerlo. En estos casos, la educación especial tiene como objetivo facilitar la máxima evolución de sus capacidades, que en muchos casos ni siquiera va a llegar a que consigan leer o sumar. Los hay, incluso, con dificultades para poder tragar los alimentos con normalidad, y requieren de la presencia de una enfermera para atenderlos. Hay niños que precisan de la asistencia de logopeda, fisioterapeuta y otros especialistas, y que nunca podrán alcanzar un mínimo grado de formación. 

Cierto es que, en algunos casos, como los ya mencionados de Down o de invalidez visual, la existencia de recursos de apoyo en los colegios ordinarios aporta la ayuda necesaria para que los niños tengan un proceso educativo favorable, como ya sucede. Que puedan ser más que los que ahora lo hacen es una posibilidad abierta. Pero no se trata solo de contar con los medios suficientes para lograr la ansiada inclusión, sino que habrá que tener en cuenta que este objetivo va a ser inalcanzable en un porcentaje determinado de casos, como impone la realidad, y que tratar de forzarla al máximo solo puede llevar a la marginación de alumnos con necesidades especiales en las aulas normales. 

Por esa razón, si el proyecto de ley termina su proceso de aprobación, la Administración deberá tener especial cuidado en el proceso de identificar y valorar las necesidades educativas de cada alumno, en el que padres y tutores serán solamente oídos e informados, teniendo siempre en cuenta el interés superior del menor, como establece el artículo 74 del texto, para que ningún niño se sienta discriminado dentro de un aula en la que es incapaz de mantener el nivel de aprendizaje de sus compañeros, o se vea relegado por sus limitaciones físicas en las actividades no formativas. Esa es una consecuencia posible si se pretende llevar hasta el extremo los objetivos del ministerio, y eso es lo que preocupa por encima de todo a los padres de estos alumnos.
 


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