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Informe de Oxfam Internacional "¿Quién paga la cuenta?":

América Latina infragrava riqueza y beneficios cuando su COVID 19 crea otros 52 millones de pobres

Oxfam Internacional

Desde principio de la pandemia han aparecido 8 nuevos mil millonarios en América Latina, uno cada dos semanas en a zona más afectada, cuando hasta 52 millones de personas podrían caer en la pobreza y 40 millones perder sus empleos, retroceso de 15 años para la región, producto de la crisis sanitaria y económica.La paradoja es que esta crisis no afecta a todos por igual., dice el informe "¿Quién paga la cuenta? Gravar la riqueza para enfrentar la crisis de la COVID-19 en América Latina y Caribe"
Redacción 28 de julio de 2020 Enviar a un amigo
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El texto íntegro de este informe de Oxfam Internacional, asi resumido por Susana Ruiz, destaca también que los Gobiernos de América Latina están infra gravando en la práctica tanto la riqueza individual como los beneficios empresariales, lo que está socavando su lucha contra el coronavirus, la pobreza y la desigualdad. 

Las previsiones de retroceso económico y social en América Latina y el Caribe son alarmantes. La COVID-19 golpea con fuerza la región marcada que tendrá que afrontar una contracción del 9,4%, una de las más severas en todo el planeta. La desigualdad, la informalidad y la insuficiente dotación sanitaria lastran las posibilidades de hacer frente a la pandemia. Pero son los más vulnerables quienes asumen el costo, hasta 52 millones de personas que podrían caer en la pobreza y 40 millones podrían perder sus empleos, un retroceso de 15 años para la región. 

Pero la COVID-19 no afecta a todos por igual, una élite se mantiene inmune al contagio de la crisis económica. Desde el principio de los confinamientos, hay 8 nuevos milmillonarios en América Latina y el Caribe, personas con un patrimonio superior a los mil millones de dólares. Las personas más ricas han aumentado su fortuna en US$ 48.200 millones desde marzo 2020, lo que equivale a un tercio del total de los paquetes de estímulo de todos los países de la región.

Ése fenómeno financiero ha sido particularmente vertiginoso en Brasil, el segundo país más afectado por la pandemia en el mundo, solamente por detrás de Estados Unidos, y que de acuerdo a los últimos balances oficiales ya suma más de 87.000 muertos y 2,4 millones de contagios. Según Oxfam, existen en conjunto 42 multimillonarios brasileños que aumentaron desde el pasado marzo sus ya gruesas fortunas en un total de 34.000 millones de dólares, al tiempo que sus patrimonios líquidos sumados pasaban de 123.000 millones de dólares a 157.100 millones de dólares para inicios de julio

Para hacer frente a esta crisis tan profunda, Oxfam propone una serie de reformas que recaigan sobre quienes más tienen y menos han sufrido la pandemia. Entre otros un impuesto sobre el patrimonio neto de las personas más ricas con el que se podría recaudar al menos US$ 14 260 millones, 50 veces más de lo que ahora se estaría recaudando sobre esta élite de grandes fortunas.

Mientras miles de pequeñas y medianas empresas están viéndose abocadas al cierre definitivo, los beneficios de grandes corporaciones como Microsoft, Visa o la farmacéutica Pfizer han crecido entre un 30% y un 50% desde principios de año. Todo un récord, compartido con un puñado de grandes empresas que están viendo como sus resultados se han disparado simplemente como efecto de la pandemia, resultados tan extraordinarios como inesperados, puramente atribuibles al efecto de los confinamientos. Les siguen, con márgenes de ganancias superiores al 20%, Intel, Facebook, Oracle, AbbVie, Apple, Cisco, Merck, Johnson & Johnson, Geogle, Verizon, Comcast: 


También tienen márgenes superiores al 10% Verizon y Comcast, mientras les siguen superando el 5% Home Depot, AT&T, Procter &Gamble, UnitedHealth y Exxon Mobil.

El objetivo primordial de la respuesta de los Gobiernos debe ser proteger la vida de las personas y, especialmente, de quienes han sido más afectados por la crisis y la desigualdad histórica de la región. La desigualdad tiene carácter multidimensional, es decir, afecta a distintos ámbitos de la vida de las personas, como la salud, la educación, el trabajo y la participación política. Por eso, se debería contar de forma inmediata con los medios necesarios para la atención sanitaria y con los recursos que garanticen el bienestar básico de todas las personas, con una mirada intersecccional, que incluya el cruce de los múltiples ejes de opresión, como la etnia o el género.

La crisis ha ampliado y visibilizado mucho más las brechas económicas y sociales. Esto, a mediano y largo plazo, implica proteger la actividad económica, la generación del empleo, los emprendimientos autónomos y los ingresos del Estado. Con la crisis más aguda en casi cien años y un desplome sin igual en los ingresos públicos, todos los países se ven enfrentados a tomar decisiones críticas en cuanto a quién alcanzará el apoyo del Estado, la orientación de las políticas públicas y quiénes se beneficiarán de los paquetes de rescates. Durante el confinamiento, en sociedades con casi uno de cada dos trabajadores en la informalidad y con sectores casi totalmente paralizados, la protección del trabajo se ha convertido en un eje central para la protección de las personas y la economía. La ausencia de esta protección ha sido especialmente nefasta para las mujeres y los jóvenes en general. se trata de toda una generación que necesita respuestas y planes concretos.

Entre las medidas que se deben adoptar, es primordial establecer mecanismos públicos que impidan los despidos mientras dure la pandemia y dirigir fondos públicos a resguardar las fuentes laborales, especialmente las micro, pequeñas y medianas empresas, que son la mayor fuente de empleo en la región. La responsabilidad primordial en diseñar la respuesta y a quien debe alcanzar recae sobre los Gobiernos, cuyas decisiones erráticas del pasado han profundizado las brechas de desigualdad. Pero la comunidad internacional no puede mirar a otro lado. Además de los apoyos para garantizar la movilización de recursos domésticos, créditos internacionales e inversión privada, la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) tiene un papel muy relevante en la financiación de la respuesta a la crisis generada por la COVID-19 en la región.

Impuesto digital y reducir la carga tributaria de hogares empobrecidos

Antes de la crisis, se estimaba que en 2025 las economías digitales llegarían a representar el 40 % del PIB regional69 . El efecto del confinamiento solo ha acelerado este proceso, pues el uso de bienes y servicios digitales ha tenido un gran incremento en la región, y han sido algunos de sus subsectores los más beneficiados por la crisis. Medios de prensa reflejan que Netflix, por ejemplo, ha duplicado sus ingresos desde el principio de la pandemia, en comparación con el mismo periodo del año pasado, y ya suma cerca de quince millones de nuevos suscriptores, de los que 2,9 millones se sitúan en ALyC70 .

Amazon, por su parte, ha aumentado en un 27 % sus ingresos, hasta el punto de haber contratado cien mil nuevos trabajadores tan solo en Estados Unidos para hacer frente al pico de demanda que ha experimentado .

Sin embargo, las grandes plataformas digitales viven en una total anomalía fiscal. Cuando el sistema fiscal internacional fue diseñado, hace ya casi cien años, nadie podía anticipar la evolución de estos modelos empresariales de corporaciones digitales, a los cuales, los vacíos del sistema fiscal internacional en esta materia han permitido operar sin tributar prácticamente nada en los países donde generan sus ingresos.

Las soluciones que busca la comunidad internacional pueden tardar años en llegar, pero en el contexto actual, los países no pueden esperar. Los Estados deben proteger ahora sus bases tributarias y adoptar medidas inmediatas para gravar las grandes rentas generadas por las actividades digitales. Para esto, se propone adoptar dos medidas principales:

 1) crear un impuesto a las ventas digitales, adoptando un modelo de gravamen sobre ingresos de bienes y servicios prestados por vía digital dentro el territorio nacional, por empresas radicadas en otros países o sin domicilio fiscal;

y 2) implementar los mecanismos necesarios para la recaudación automática del impuesto general al valor agregado (IVA) a bienes y servicios comercializados por vía digital, por empresas radicadas en otros países o sin domicilio fiscal. 

En un periodo de crisis en el que las familias han reducido o perdido sus fuentes de ingresos, no se les puede demandar más sacrificios a través de la tributación. El sostenimiento fiscal ya recae de manera desproporcionada sobre las familias, especialmente mediante el consumo. Del total de ingresos fiscales en ALyC, el 51 % proviene de impuestos sobre bienes y consumos, 20 puntos más que en los países de la OCDE72 .

En crisis pasadas, tanto los Gobiernos como las recomendaciones de los organismos internacionales han optado por la vía fácil de elevar la tributación al consumo para generar rápidamente nuevos ingresos. En este contexto, no solo sería contraproducente implantar alzas generalizadas de impuestos al consumo, como el IVA o los selectivos, sino que es necesario reducir la carga tributaria de los hogares vulnerables, mediante la aplicación temporal de un impuesto superreducido al consumo de los bienes de primera necesidad e importación de bienes de uso sanitario.

Tales medidas deberían considerar lo siguiente:

1) reducir a cero los impuestos al consumo de productos de uso sanitario
y canasta básica familiar;

2) suprimir los aranceles a la importación de materiales sanitarios y medicamentos de primera necesidad;

3) elevar los tipos del IVA a bienes de lujo y, especialmente, a los bienes que suponen un impacto ambiental negativo. Países como Alemania ya han optado por una rebaja temporal del IVA, del 19 % al 16 %73 . Esta medida, a la vez, tiene un importante impacto en la reducción de sesgos de género “implícitos”, en tanto reduce la carga tributaria por la vía del consumo, principalmente para las mujeres de familias vulnerables, a quienes se les ha impuesto una mayor ocupación en las tareas de cuidado.

Brasil: foco de la pandemia alimentada por las desigualdades

Desde finales de febrero hasta hoy, el país ha conquistado el triste liderazgo con el mayor número de personas contagiadas y fallecidas como resultado de la Covid-19.16 Estos números todavía parecen estar ampliamente subestimados, ya que la realidad en el país es el subregistro y omisión de casos. Brasil reporta siete veces menos casos (por millón de habitantes) que en los Estados Unidos, el primer país en el ranking de infectados, y 3.5 veces menos que Perú, segundo país latinoamericano en casos.

La trayectoria del virus es una fotografía de las profundas desigualdades del país. Antes de la Covid-19, Brasil tenía unos 40 millones de trabajadores informales y 11,9 millones de desempleados, una gran cantidad de personas sin protección social. Las expectativas de desempleo en la post pandemia podrían incrementarse hasta 15,3 %, cerca de 16 millones de personas desempleadas hasta fin de año17 . Alrededor de cinco millones de hogares están ubicados en favelas, en su gran mayoría sin acceso a agua potable y a saneamiento básico y con una gran densidad de personas por cada vivienda o área de habitación. Y esto sucede cuando el saneamiento y la distancia social son esenciales para evitar la propagación del virus.

A estas cifras se suma el racismo estructural del país donde el 75% de los más pobres son personas de raza negra. 18 No es sorprendente que los números muestren que las personas negras y pobres corresponden al perfil de víctima estándar de la Covid-19 en Brasil, representando seis de cada diez muertes. Desde una perspectiva de los negocios, el país tiene 6,4 millones de establecimientos comerciales, el 99% de los cuales son Micro y Pequeñas Empresas (MPE), que representan el 52% de los empleos formales en el sector privado.19 El impacto de la Covid-19 golpeó a este sector, que es fundamental para la economía, y ya ha sufrido el cierra 600 mil empresas mientras enfrenta enormes dificultades. 

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