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EMPRESAS Y RSC
En los 7 primeros días de nueva tarifa sigue un 42% más caro

Disparado el recibo eléctrico entre gestos políticos ante puertas giratorias y conflictos de interés

Mariano Bacigalupo, consejero de la autoridad de Competencia, a la que escribe Teresa Tibera

Tres días después de que Competencia imponía una multa de 1,35 millones de euros a la comercializadora del Grupo Iberdrola en el mercado libre por haber incumplido las medidas de protección al consumidor, la vicepresidenta del Gobierno Teresa Ribera ha pedido a esa Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que "analice cualquier posible comportamiento irregular o mala práctica de mercado por parte de los operadores coincidente con la entrada en vigor de la nueva estructura tarifaria".
Redacción 8 de junio de 2021 Enviar a un amigo
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En ello estaba ya CNMC,  por lo que según fuentes informadas se trata de un gesto puramente político ante el hecho de que tras el abril y mayo más caro de la historia en la tarifa eléctrica (el último sunió otro 45,4%) parece venir también el junio más caro, justo cuando entra en vigor la nueva estructura tarifaría preparada el último año por el Gobierno.

De hecho, según la asociación de consumidores de Facua el precio del recibo de la luz para un usuario medio sigue disparado otro 42% en los siete primeros días de junio con respecto al mismo del año pasado, cuando la demanda eléctrica era muy baja por el confinamiento y los precios eran tambien más bajos,  aunqie si se extrapolan a un mes completo los precios aplicados del 1 al 7 de junio, el recibo del usuario medio alcanzaría los 86 euros (impuestos incluidos), frente a los 60,58 euros en que se situó hace un año..

Además, el marido de Ribera (Mariano Bacigalupo) es consejero de la CNMC y, precisamente, la última infracción grave atribuida públicamente por la entidad a la mayor empresa del oligopolio eléctrico llevaba siendo investigada varios años, por lo que se repite para el público un espectáculo como cuando Competencia instó a Energía a aclarar los vendedores del bono social energético sin incluir más.

Pero ya es conocida la escasa efectividad de las multas de Competencia, que además de a Iberrola y otros operadores afectaron a Endesa, empresa que en 2019 registró varias en menos de tres meses,horas antes que otras a Iberdrola y EDF.

Mientras, por el contrario, la autoridad independiente de Competencia no está libre de conflictos de interés y puertas giratorias, aunque su nueva presidenta, Cani Fernández, ha declarado que se ausenta de las reuniones o decisiones sospechosas.

Ex socia del despacho de abogados de Cuatrecasas antes de ser asesora en Presidencia del Gobierno de Iván Redondo,fue abogada de Mediaset y está casada con Jorge Padilla, director gerente senior de Compass Lexecon y jefe de la división europea de esta consultora económica donde además lleva los asuntos de Competencia, sobre los que asesora ante los tribunales de la UE, Comisión Europea, Tribunal General Europeo, Tribunal de Apelación y Competencia del Reino Unido y otros en Argentina, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, India, Israel, Jamaica Singapur, Sudáfrica, turquía y Estados Unidos. 
.
De ahí que hasta las fuentes de la CNMC sugerían a los medios el carácter de mero gesto político. En efecto, recordaban que la tarea que pide Teresa Ribera en su carta enseguida dada a conocer públicamente ya se realiza porque es una de sus funciones como organismo regulador.

«Revisamos las tarifas que se aplican a los consumidores, supervisamos de forma continua los mercados, pero no en plazos cortos. Ahora estamos analizando cómo se aplican las tarifas para evitar abusos y si hubiera irregularidades procederíamos a sancionar»
, aseguraban fuentes de la CNMC a Elperiodicodelaenergía.com.

A día de hoy se encuentran diferencias de hasta 264 euros én el mercado electrico entre las ofertas más barata y la más cara. Hace unos días, este diario contó menos ofertas y la diferencia era bastante mayor con más de 375 euros. Así se demuestra lo que está siendo el traslado de datos a la CNMC durante estos días.

La propia CNMC informaba el pasado jueves que la citada infracción de Iberdrola era grave, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 t) de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos. (SNC/DE/143/19)
Este caso tuvo su origen en la denuncia remitida por una asociación de consumidores y usuarios. Posteriormente, la CNMC inició un expediente sancionador contra la compañía ante los indicios de posibles prácticas contrarias a los derechos de los consumidores.
 
El 18 de enero de 2018, Iberdrola Clientes S.A.U envió 45.684 comunicaciones comerciales a clientes con contrato en el mercado libre indexado a la Tarifa de Último Recurso (TUR), aquella que fija el Gobierno para los consumidores del mercado regulado. En sus cartas les indicaba que, a partir del 28 de febrero, pasarían a tener una tarifa de tipo fijo y con un precio estable, y se les aplicaría un descuento (-10%) en el término fijo y en el variable durante 12 meses. (Consultar diferencias entre mercado libre y regulado).
 
La comunicación detallaba las ventajas de la nueva tarifa y recalcaba como valor positivo su estabilidad (precio fijo) frente a la anterior (indexada al precio variable de la TUR/tarifa regulada), además de su aplicación automática y, por tanto, sin necesidad de gestiones por parte del consumidor.Por el contrario, Iberdrola no incluía ninguna comparación ni advertencia acerca de que las tarifas previas (indexadas TUR) eran más baratas y de que el cambio (a un precio fijo) podía suponer una subida global que, en 2018, representó un incremento de alrededor del 14%.Además, la comunicación tampoco mencionaba la posibilidad de rescindir el contrato al recibir el aviso de modificación de sus condiciones, información que resulta legalmente exigible.

La resolución señala que la oferta de Iberdrola disminuía un 4,53% el precio del término fijo, pero se subía un 20,33% el término variable. En términos globales, estos cambios suponían para un consumidor tipo (consumo de 3.000 kWh/año) un incremento del 14,82% (31,50 euros/sin impuestos) de haberse mantenido durante todo 2018 la TUR vigente en enero y aplicable al primer trimestre de ese año. Comparando la nueva tarifa con el resultado de la TUR durante 2018, el incremento suponía el 13,87% (29,70 euros/sin impuestos) con respecto a la tarifa anterior.  
 
Por todo ello, la CNMC ha concluido que Iberdrola ha incumplido dos de las medidas de protección de los consumidores establecidas en el artículo 57 bis de la Ley 34/1998, en particular, las previstas en los apartados f) y g), dando lugar con ello a la infracción tipificada en el artículo 110 t) de la citada Ley 34/1998.

Concretamente, dichos apartados se refieren al derecho que tienen los consumidores a ser debidamente avisados de cualquier intención de modificar las condiciones del contrato y a ser informados de su derecho a rescindirlo cuando reciban el aviso.  Los clientes también tienen derecho a recibir información transparente sobre los precios, tarifas y condiciones generales aplicables al acceso y al uso de los servicios de gas.

En consecuencia, la CNMC impone a Iberdrola Clientes S.A.U, una sanción consistente en el pago de una multa de 1.350.000 euros.Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación.La Resolución cuenta con los votos particulares de dos consejeros de la Sala de Supervisión Regulatoria.

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