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EMPRESAS Y RSC
La mitad tenían causas abiertas por competencia desleal

Sólo 7 empresas del IBEX 35 informaban claramente de sus riesgos de corrupción antes de la pandemia

Observatorio de la RSC

La corrupción sigue siendo motivo de suspenso generalizado en las grandes empresas españolas. Según el último informe anual del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), referido a las las memorias obligadas de 2019, sólo 9 de las 35 cotizadas del IBEX identifican claramente los riesgos de corrupción en su ámbito territorial y actividad, y solo 7 informan de ellos. 15 tenían casos activos en 2019 por corrupción y 17 por competencia desleal.
Redacción 5 de junio de 2021 Enviar a un amigo
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España cayo dos en puestos en 2020 en el Índice de Percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, hasta el puesto 32. En un año marcado por la pandemia, se disparó la desconfianza ante Gobiernosy partidos políticos, pero tambien hacia las empresas.  

Así que este dato por sí solo ya cobra una relevancia especial si se analiza como indicador de la eficacia de la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, de información no financiera.

Esta norma fijaba por primera vez en España y por imperativos europeos, que la empresa debe aportar una “descripción de las políticas, de resultados y riesgos vinculados” en relación con la gestión de la corrupción y los sobornos, y, además, información sobre los procedimientos de diligencia debida aplicados por la empresa. 

En Ibercampus ya hicimos un pormenorizado análisis de la historia de esta Ley y sus complicada historia. El Gobierno demora la ley para que las empresas incorporen la corrupción a sus informes de RSC, titulábamos ya en 2017.

Y aun así, el Congreso de Diputados no iniciaba su debate hasta febrero de 2018, apenas un trimestre antes de que precisamente la corrupción fuera usada por el PSOE como argumento para  para lanzar una moción de censura que hundió al Gobierno de Rajoy: Sánchez sacaba todos los apoyos salvo C´s para echar al PP.

Tres años después, la corrupción sigue copando titulares  mientras España se apunta notas de aprobado raspado en el cumplimiento de dicha Ley. 

A pesar de la constancia incluso científica de cuánto  perjudica la corrupción tanto en lo político como en lo económico o educativo. Grandes instituciones aseguran por ejemplo que la corrupción baja hasta un  25% los rendimientos educativos, aparte de su merma de los ingresos fiscales según FMI o que acabar con ella elevaría un 16% el PIB per cápita español; es decir,  la media personal en la fuente de riqueza económica.

Esta misma semana hemos conocido una nueva evaluación independiente, realizada por el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa que confirma los escasos avances en lucha contra la corrupción por parte de las empresas, pese a las oblgaciones recogidas por la citada Ley. 

Si bien el informe apunta una leve mejora de la puntuación obtenida por las empresas analizadas en materia de corrupción tiene un promedio de 29,14 sobre 100 puntos, frente a los 24,13 puntos registrados en la evaluación de las memorias de 2018, corrupción es la dimensión que obtiene la segunda peor puntuación, solo por detrás de Derechos Humanos. 

Esto lleva al Observatorio a advertir que la transparencia en la lucha contra la corrupción de nuestras empresas es insuficiente y no se abordan las cuestiones clave de su gestión.

Solo se acercan al aprobado Meliá Hoteles, Red Eléctrica, Cie Automotive, Caixabank, Aena y Viscofan, con notas entre 49,80 y 39,61, mientras que por el contrario las peor valoradas por sus prácticas de ocultar información sobre estos temas a los accionistas son Amadeus con apenas un 0,6 sobre 10, Acs con un 1 y Santander con un 1,2. Acerinox y Colonial quedan en el 1,5 y Bankia en el 1,7. 

Al igual que en 2018, el sector mejor posicionado es el de Petróleo y Energía (Enagás, Endesa, Iberdrola, Naturgy, REC y Repsol) con una valoración media de 37,45 puntos (39,64 en 2018). El sector con menor puntuación es el de Servicios Financieros e Inmobiliarias (Banco Sabadell, Banco Santander, Bankia, BBVA, Caixabank, Inmobiliaria Colonial, Mapfre, Merlin Properties y Bankinter) con una valoración media de 23,76 puntos sobre 100 (15,88 de 2018).




El cumplimiento de la Ley apenas supera el 23%

El Observatorio de la RSC incluye en este informe un análisis específico sobre el grado de cumplimiento de la Ley de Información No Financiera que arroja resultados bastante decepcionantes para su primer año de vigencia efectiva. 

Así, el porcentaje de puntuación promedio obtenida por las 33 empresas que son sujeto obligado de la Ley 11/2018 sería de 23,08%, una ligera mejoría comparable con al 15,48% registrado en 2018, aunque insuficiente para dar cumplimiento a una información exhaustiva y comparable de acuerdo a lo requerido en la Ley 11/2018.

El impacto social, medioambiental y coste económico de la corrupción hace necesario que las grandes empresas cuenten con procedimientos de debida diligencia en la lucha contra la corrupción acordes a la naturaleza y magnitud de los riesgos en los que pueda incurrir, según afirma el Observatorio de RSC, compuesto por Alianza por la Solidaridad, Anesvad, Ayuda en Acción, Cáritas, CCOO, Cruz Roja Española, Economistas sin Fronteras, Entreculturas, Fundadeps, Manos Unidas, Oxfam Intermón y USO.

Si bien las compañías del selectivo español están incorporando progresivamente diversos compromisos en materia de lucha contra la corrupción, sigue existiendo una notable diferencia entre las buenas intenciones expresadas en sus marcos normativos y la deficiente información pública sobre la gestión de los riesgos de corrupción de cara a su identificación, prevención y abordaje disciplinario en un contexto en el que la percepción de la corrupción en la sociedad se mantiene muy alta.

España en 2020 se situó en el puesto 32 de acuerdo con el índice de percepción de la corrupción 2020 de Transparencia Internacional, retrocediendo dos puestos en relación a 2019.

Queda mucho por hacer en la identificación de riesgos de corrupción

Hasta 21 de las empresas del IBEX 35 tienen una política anticorrupción específica e independiente, pero apenas 9 informan haber realizado evaluaciones de riesgos específicos de corrupción en 2019 y ninguna aporta resultados diferenciando países o áreas de actividad. Las 9 empresas que informan son: Acciona, Endesa, Mediaset, Melià Hotels, Merlin Properties, Naturgy, Repsol, Siemens Gamesa y Viscofan.

El proceso de identificación de riesgos de corrupción es igual de importante a nivel interno como en la cadena de suministro de la empresa. En este caso la mayoría de las empresas (30) exigen a sus proveedores y socios comerciales la adhesión a su normativa en la materia, pero solo 4 indican haber realizado evaluaciones de riesgos de corrupción a lo largo del ejercicio, pero sin aportar información significativa sobre sus resultados y actuaciones.

Orencio Vázquez, Coordinador del Observatorio de RSC, puntualiza que la escasa información sobre las medidas de prevención y la lucha contra la corrupción proporcionada por las empresas puede deberse a distintos factores: 

"Por un lado, podría responder a una estrategia de no exponerse a la opinión pública y por tanto a un mayor escrutinio por parte de prescriptores. Otro factor es la ausencia de modelos de rendición de cuentas que permitan evaluar estas medidas través de la información suministrada por las empresas", señala Vázquez, que también apunta la así como a la excesiva variedad y escasa definición de atributos o elementos que pueden ser tenidos en cuenta bajo el concepto de corrupción.

La información sobre denuncias y multas relacionadas con corrupción resulta incompleta y difícil de encontrar

El respeto a la libre competencia es un aspecto sobre el que existe un amplio nivel de cumplimiento en cuanto a la existencia de compromisos elementales (30 de las 35 se posicionan claramente). Pero en la práctica se registra un incumplimiento reiterado.

Un total de 17 empresas del IBEX 35 tenían casos activos por competencia desleal durante el ejercicio 2019. Entre los casos más habituales a nivel nacional se encuentran diversos expedientes de la CNMC relacionados con acuerdos para el reparto de licitaciones de obra y mantenimiento de infraestructuras públicas, así como la alteración de precios de la energía eléctrica.

La información sobre presuntos casos de corrupción o prácticas contrarias a la libre competencia es muy escasa y se presenta con un enfoque defensivo, más orientado a los intereses corporativos que a la rendición de cuentas”, indica por su parte Eduardo Soria, Investigador del Observatorio de RSC.

También se ha detectado que 15 empresas se encontraban supuestamente implicadas en el ejercicio 2019 en un total de 34 casos de corrupción en España o en otros países y ninguna de ellas informa acerca de las medidas disciplinarias tomadas en respuesta a estos casos de corrupción.

Sólo 1 de cada 3 empresas del IBEX prohiben financiar a fundaciones y candidatos políticos

El informe analiza la corrupción desde una visión amplia en relación con los factores que pueden ser generadores de riesgos de corrupción en el sector privado, y concluye que, pese a que las empresas del IBEX 35 cuentan con compromisos y políticas en materia de lucha contra la corrupción, en la mayor parte de los casos y áreas analizadas no aportan información sobre cómo dichos compromisos se traducen en procedimientos de gestión de los riesgos de corrupción a los que se enfrentan en sus ámbitos territoriales y de actividad.

Para ello, el informe tiene en consideración distintas variables, entre ellas aspectos que pueden constituirse como vías útiles de lucha contra la corrupción en el sector privado y factores de riesgo que deben ser gestionados: La asunción de compromisos y liderazgo, la financiación a partidos políticos, la independencia de la auditoria legal, el respeto de las leyes de la competencia, un análisis de riesgos ajustado al sector y a los países donde opera la empresa, la formación a empleados y el cumplimiento de la Ley de Transparencia, entre otros.

La máxima puntuación se obtiene en Financiación de partidos (52,38, +13,33 respecto a 2018) y la menor en Gestión de Riesgos de Corrupción (28,12+7,11 respecto a 2018), repitiéndose la tendencia del año anterior, el primero en que las memorias empresariales de RSC debían cumplir la nueva ley.

 

Hasta 23 empresas de las 35 empresas analizadas prohíben la financiación de partidos políticos en todos los países en los que operan y, de las restantes, 4 ofrecen información sobre las aportaciones realizadas en 2019. Pero solo 11 empresas extienden la prohibición a fundaciones y candidatos de partidos políticos.

En 2019, 24 empresas estaban obligadas por La Ley de Transparencia a publicar a través de sus webs institucionales determinada información, incluida las subvenciones y contratación pública a lo largo del ejercicio.

Ninguna de las empresas obligadas cumple con este requisito, a lo sumo se aporta alguna información sin llegar a ser completa ni desagregada y limitada a España, y con notables diferencias respecto a los datos disponibles a través de otras fuentes públicas.

Sólo 3 empresas (Repsol, AENA y Enagás) recogen esta información en apartados específicos de transparencia en sus webs corporativas, pero con diversos grados de exhaustividad y limitaciones en cuanto a la información sobre subvenciones y contratación pública que ofrecen.


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