El presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, planteó ayer a los líderes europeos la creación de un presupuesto propio de la eurozona que sirva par financiar a corto plazo el desempleo en países con graves problemas y que, a cambio, acometan reformas estructurales.Es una de las respuestas del organo colegislativo de la Union Europea junto al Parlamento al grave problema del paro juvenil, que duplica en casi todos los paises al doble de la tasa de paro total.
La propuesta consta en el informe que envió Van Rompuy a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea previo a la cumbre que celebrarán los próximos 13 y 14 de diciembre, y en la que prevén aprobar una hoja de ruta y un calendario preciso sobre cómo avanzar en las uniones bancaria, económica, presupuestaria y política. No obstante, esta denominada hucha común empezaría a funcionar no antes de 2014, según el citado calendario y su objetivo se centra en conseguir evitar que la falta de mecanismos de un país para corregir sus desajustes fiscales genere inestabilidad en toda la unión monetaria. Entre tanto, mientras algunos casos baten las mayores tasas de paro, los paises y las organizaciones internacionales afrontan la situacion específica de los jóvenes. En Francia, por ejemplo, mientras se ha publicado que alcanza el peor dato del paro en los últimos 13 años , la OCDE ha urgido al presidente Hollande una reforma laboral para impulsar el empleo juvenil.
Los jóvenes ´ni-ni´ cuestan 15.700 millones al año en España
El coste de los jóvenes de 15 a 29 años que no estudian ni trabajan (ni-ni) para el conjunto de la economía española asciende a 15.735 millones de euros anuales, lo que equivale al 1,47% del producto interior bruto (PIB), según un informe presentado ayer por la Comisión Europea. El cálculo se basa en los costes públicos que generan esos jóvenes y los recursos económicos que aportan los que sí trabajan. Este elevado número solo es superado entre los grandes países europeos por Italia (22,7%). En Alemania es menos de la mitad (9,7%) y en Holanda se limita al 5,5%. Ante esa situación y el alarmante nivel de paro juvenil, que en España ya roza el 56% para los jóvenes de menos de 25 años, la Comisión Europea propuso ayer a los gobiernos de los Veintisiete que ofrezcan unos programas de formación, prácticas o aprendizaje a todos los jóvenes en el plazo de cuatro meses tras concluir sus estudios o perder su último empleo. La propuesta se basa en los modelos de Austria y los países escandinavos. El objetivo es garantizar que cada joven recibe una buena oferta de empleo, una educación continuada, un programa de formación o un contrato de aprendizaje al concluir sus estudios o quedarse en paro, explicó el comisario de Empleo, Laszlo Andor. El coste global de establecer esos mecanismos equivaldría al 0,45% del PIB de la eurozona, es decir unos 21.000 millones, pero es menos de una tercera parte del coste de tener a esos jóvenes parados, según la Comisión Europea. El Fondo Social Europeo puede financiar parte de esos costes, pero el resto debe ser asumido por los estados.
Bruselas lanza un plan contra le evasión fiscal de las multinacionales
El comisario europeo de Fiscalidad, Algirdas Semeta, recomendó ayer a los países europeos que corrijan los tecnicismos y las lagunas que aprovechan algunas empresas para evitar el pago de los impuestos que les corresponden. Para ello propone que los países refuercen los convenios de doble imposición para evitar que puedan dar como resultado una ausencia total de tributación. Además plantea que los impuestos se basen en las actividades económicas reales y dejen de lado cualquier montaje artificial con el que se pretenda eludirlos. Para ayudar a la lucha contra la evasión fiscal propone la creación de un código del contribuyente, un número de identificación fiscal para toda la UE, revisar las disposiciones que establecen para la lucha contra las prácticas abusivas las directivas europeas más importantes y el establecimiento de unas directrices comunes para rastrear los flujos de dinero. España anunció el pasado 20 de noviembre la creación de una Oficina de Fiscalidad para que no haya uso excesivo de las ventajas tributarias españolas.
