Según explica hoy El Economista, el objetivo del Gobierno de Mariano Rajoy es aplicar los principios de transparencia, competencia y unidad de mercado a la oferta de formación. De esta forma, se impediría posible actos ilícitos, como los investigados recientemente en Madrid y Andalucía.
¿Por qué un decreto-ley (DL)? La CEOE se opone firmemente a la cesión de la gestión de los cursos de formación. Argumenta que el Ejecutivo de “injerencia!” y de “querer hacer las reformas con el dinero de los empresarios”. Con el DL y al tener mayoría absoluta, el PP no necesita el apoyo de ningún partido para llevar a acabo su plan. Además se trata de un trámite mucho más rápido que una ley a la hora de su aprobación y entrada en vigor.
La CEOE apunta que si la financiación para los cursos salen del 0.7% de las cotizaciones sociales, y de ese porcentaje el 0,6% lo pagan las empresas, deben ser ellos lo que gestionen dichos recursos para la demanda formativa.
El Ministerio de Empleo, por su parte, pretende que todos los fondos públicos destinados a la formación de oferta, que cambiará su nombre por el de "formación transversal y sectorial", salgan a libre concurrencia, lo que tomando como referencia el presupuesto del año 2013, supone destinar a esta formación transversal unos recursos de 1.200 millones de euros.
Esta cantidad es aproximadamente el 70% del total de los recursos públicos para formación, siendo el resto, unos 580 millones de euros, la dotación asignada a la formación de demanda que realizan las empresas.
Dentro de la formación transversal y sectorial se incluirán, como novedad, planes específicos de formación para los desempleados -a lo que también se opone CEOE- y para los autónomos y los trabajadores de la economía social.
La reforma de la Formación para el Empleo que impulsa el Departamento que dirige Fátima Báñez impide también que los sindicatos y las organizaciones empresariales puedan presentarse como tales organizaciones a la oferta de concurrencia competitiva y sólo podrán hacerlo a través de las empresas que ya tienen constituidas para este fin u otras de nueva creación.
Además, con la reforma del Ejecutivo, la oferta de formación deberá someterse a partir de ahora a lo dispuesto en la nueva ley de subvenciones, que limita el adelanto de las cantidades otorgadas a sólo el 40% y no a la totalidad del importe concedido, desembolsándose el resto del dinero cuando se ejecuten lo proyectos.
