domingo,5 diciembre 2021
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Financiación ilegal del PP y nacionalismo extreman su freno al Gobierno de Rajoy

Redacción
Financiación ilegal del PP y nacionalismo se refuerzan como obstáculo a la accion Gobierno de Rajoy, según evidenció este miércoles el enfrentamiento de este en el Congreso con el lider de Ciudadanos, Albert Rivera. Aún más desde el cabecilla de Gürtel, Francisco Correa, declarará el martes que existe una trama de corrupción en el PP, al tiempo que apuntó a Rajoy como el responsable de partido que "daba el OK" a los gastos de campaña y a otros ordinarios cuando era secretario general.

Rivera se ha hecho eco en el pleno de control parlamentario este miércoles de las sospechas del juez y del fiscal respecto a que el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) controlado por el Estado sirvió para pagar «todo o parte» de los costes de la consulta. Pero Rajoy ha negado esta teoría tajantemente asegurando que «ni un céntimo» de esta herramienta financiera se dedicó al 1-O.

PP y Ciudadanos representaron asi la confirmación éste miércoles en el Congreso de Diputados de que se han declarado la guerra, después de que Hernando cargara el martes contra el partido de Rivera por Cataluña, los presupuestos y la prisión permanente revisable, mientras Rivera acusaba a los populares de estar carcomidos por la corrupción tras conocer la declaración de Correa, hasta el punto de que algún medio lo interpreta como un amenaza de ruptura del pacto de Gobierno entre PP y C’s. Los 32 diputados de Rivera no conceden a Rajoy la mayoría absoluta en el Congreso, pero sí son vitales para el presidente del Gobierno para articular una mayoría que, entre otras cosas, permita aprobar los Presupuestos Generales, ante la negativa del PSOE a negociarlos. Y en ese contexto el otro apoyo del Gobierno, el PNV, refuerza sus exigencias nacionalistas.

El PNV quiere que el concepto de derecho a decidir figure en el nuevo Estatuto vasco y  va a llevar esta propuesta a la ponencia sobre autogobierno del Parlamento vasco. No obstante, los nacionalistas vascos dicen que "el proceso de actualización del autogobierno vasco se deberá desarrollar dentro del marco legal", adecuándose a los procedimientos constitucionales. Pero añaden que el Estado "tiene que asumir la obligación de negociar y acordar los ajustes constitucionales y legales". Para LA VANGUARDIA, "el derecho a decidir divide al Parlamento vasco". El diario señala que el PP amenaza con el veto si PNV y Bildu imponen su mayoría para incluir este asunto en el orden del día.El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, no cree que se altere la "tranquilidad" ni la estabilidad" en Euskadi con el inicio por parte de los partidos del debate sobre el autogobierno. En todo caso, apeló a los grupos parlamentarios para que "afronten esta fase con altura de miras, con responsabilidad y con la grandeza que requiere la magnitud del desafío que tienen ante sí y la necesidad que tienen de actualizar el marco de autogobierno con el máximo consenso posible".

No obstante, aunque PP y PSOE discrepan sobre temas como Presupuestos y la candidatura de España a la vicepresidencia del Banco Central Europeo, buscan un pacto del agua, según EL PERIÓDICO. Isabel García Tejerina: "Habrá nuevos trasvases si hay el acuerdo necesario.

Rajoy ha citado ante todo ello a los barones para tratar la financiación autonómica.El presidente del Gobierno convocó este martes a todos los dirigentes regionales del PP, incluidos los presidentes autonómicos, a un almuerzo de trabajo el próximo lunes en la sede de la calle Génova, en la que participarán también la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, además de la secretaria general, María Dolores de Cospedal y el Coordinador General, Fernando Martínez-Maíllo, entre otros.El principal punto del orden del día será la financiación autonómica, pero además, según recogen todos los diarios, también se abordará la agenda política que seguirá el PP para recuperar la iniciativa ante el avance de Ciudadanos, además de esbozar el calendario de la elección de candidaturas para s elecciones autonómicas y municipales.

Una "trama PP" más que una "trama Correa"

Durante más de dos horas de comparecencia por videoconferencia desde la cárcel madrileña de Valdemoro, en la comisión de investigación sobre la financiación del PP, Francisco Correa respondió a la pregunta acerca de si le constaba que era Rajoy quien aprobaba los pagos: "Pienso que sí", dijo, antes de mostrarse convencido de que hay una "trama PP" más que una "trama Correa".

En otro momento, Correa subrayó que sus trabajos con el PP tuvieron "dimensión judicial" por tratarse de un partido político. "Si en lugar del PP es una multinacional no estaríamos aquí", lamentó, no sin antes reiterar que "los partidos se financian de la misma forma, todos, es un secreto a voces". Correa dijo no considerarse "mal pagado" por el PP, aunque sí "un poco abandonado" después de, según añadió, haberle ahorrado mucho dinero durante muchos años.

Génova financió en B la campaña de Camps

Los antiguos responsables de finanzas del PP a nivel nacional acompañaron personalmente a grandes empresarios a Valencia para que realizaran entregas de dinero en efectivo al partido, durante la campaña para las elecciones autonómicas y municipales de 2007, según publica EL MUNDO, que detalla que los responsables del partido en la Comunidad Valenciana solicitaron ayuda de manera urgente para costear los actos electorales de Francisco Camps. Según este rotativo, el receptor de dichas llamadas fue el extesorero Álvaro Lapuerta, que comunicó a su compañero Luis Bárcenas la petición de auxilio financiero, así como la necesidad de articular una respuesta inmediata. El periódico añade que ambos recurrieron a varios de los grandes donantes de la caja B nacional para que realizaran contribuciones a la sede regional y coordinaron personalmente las operaciones de entrega.

Por otro lado, el expresidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, dijo ayer ante el juez del caso Púnica que nunca donó dinero al PP madrileño ni pagó comisiones a cambio de adjudicaciones públicas de la Comunidad de Madrid y que, si hubiera conocido estas prácticas, no las habría permitido. Villar Mir declaró ayer como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, junto con su yerno, el exconsejero de OHL Javier López Madrid y otros dos investigados

La dirección del PSOE, por limitar listas de la militancia

Los órganos de dirección del PSOE conservarán la potestad para decidir la composición de las listas electorales, aunque las bases puedan proponer candidatos, según el reglamento que prepara Ferraz. El equipo de Pedro Sánchez limitará así el poder de los militantes en este ámbito respecto a lo aprobado en el 39ª congreso, que estableció que la configuración de las listas se haría por voto secreto y directo de los militantes, mientras las primeras se mantienen para los cabezas de cartel.

Por otro lado, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, abrió ayer el periodo de sesiones con un discurso ante los grupos parlamentarios socialistas (Congreso, Senado y Europarlamento) en la Cámara baja, en el que pidió explotar la inacción del Ejecutivo con una fuerte actividad legislativa.En ese mismo encuentro con diputados y senadores socialistas, Pedro Sánchez dijo que sus iniciativas pretenden hacer oposición a "un Gobierno que no tiene pulso" y para dejar sin espacio a Podemos: "El voto de izquierdas solo tiene unas siglas con las que derrotar a la derecha". El líder socialista situó como prioridades cuestiones como la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, la regulación del derecho a la eutanasia y la potenciación de la Ley de Memoria Histórica, entre otros asuntos.

Por otro lado, Pedro Sánchez anunció también ayer que su partido presentará mañana un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por el uso abusivo que, a su juicio, hace el Gobierno de su poder de veto sobre proposiciones de ley de la oposición en el Congreso de los Diputados. "El Gobierno está utilizando de manera impúdica la facultad de veto para frenar sus derrotas parlamentarias", señaló, tras lo que la portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, respondió que "la imposición de vetos por parte del Gobierno a iniciativas que se quieren debatir en el Congreso es sistemática", según apuntó.

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