domingo,5 diciembre 2021
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Tras las elecciones de mayo, se ocultan las irregularidades del exrector Garesse

Jubilados de la UAM se manifiestan para reclamar pensiones que pagan las otras 5 universidades públicas madrileñas

En uno de los primeros actos a los que ha asistido el Defensor del Pueblo y ex rector de la la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Ángel Gabilondo, numerosos jubilados del Personal de Administración y Servicios se manifestaron este jueves ante la rectora, del campus Amaya Mendikoetxea, y los participantes en el acto Alumni 2021, para reclamar cumplir el convenio colectivo y abonarles la paga de jubilación que les adeuda. La UAM es la única de las 6 universidad públicas madrileñas que incumple el acuerdo con jubilados desde 2013 pese al relevo en el Rectorado y las promesas de renovación.

Desde 2013, el colectivo de pensionistas del PAS de la UAM NO recibe la paga premio de jubilación (compromiso por pensiones), que establece el convenio colectivo y el II Acuerdo, a diferencia de las otras 5 universidades públicas madrileñas (Complutense, Carlos III, Politécnica, Rey Juan Carlos, Alcalá de Henares) vinculadas por el mismo convenio y Acuerdo. Todas las demás universidades, cinco, abonan a sus jubilados dicha paga, cuya cuantía varía en función de la antigüedad y salario. Tampoco han registrado tantas irregularidades en las prácticas externas de sus estudiantes, objeto de una sanción por fraude laboral a la UAM con el exrector Garesse.

El convenio colectivo y II Acuerdo vigentes citan, en el apartado Beneficios sociales, Jubilación: Al producirse la jubilación obligatoria de un funcionario/trabajador que tuviera 10 años como mínimo de antigüedad reconocida en la Universidad, percibirá de ésta el importe íntegro de tres mensualidades más y una mensualidad por cada cinco años o fracción que exceda de los diez de referencia. Y aclara: Los gastos por este concepto no se computan dentro de los fondos que las Universidades Públicas de Madrid destinen a beneficios sociales”.

La Instrucción contable del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas establece que una empresa tiene asumido un compromiso por pensiones si está incluido en el Convenio u otros acuerdos o disposiciones (en el caso de las universidades públicas de Madrid, está incluido), y obliga a proporcionar a sus trabajadores una prestación en forma de pago único, cualquiera que fuese su denominación (premio, compensación, incentivo, etc.…). Esta prestación no es un beneficio social sino el pago de una remuneración a modo de finiquito.

Mientras todas las universidades públicas de Madrid abonan esta paga, la Autónoma se niega desde 2013. Tanto la Cámara de Cuentas como los consejos sociales de las cinco universidades han venido aprobando dicho pago.

Según los afectados, que la Autónoma no abone la cantidad correspondiente a sus jubilados genera un agravio comparativo entre trabajadores que se rigen por el mismo convenio colectivo para el personal laboral y el Acuerdo sobre las condiciones de trabajo para los laborales.

Ante esta actitud incomprensible e injusta, los jubilados del PAS de la UAM, 120 hasta la fecha, retomarán su protesta, interrumpida por la pandemia de Covid, y volverán a manifestarse para pedir un derecho que la Universidad Autónoma de Madrid les ha arrebatado.

Contra las «mentiras» del asesor jurídico  

La pregunta que se hacen los jubilados es qué ha hecho la UAM con el dinero correspondiente a estos pagos y que las demás universidades han utilizado para sus jubilados. Y por qué la Universidad Autónoma de Madrid no ha externalizado este pago con una entidad bancaria como es obligatorio.

Las críticas ante los manifestantes se extendieron al asesor jurídico («basta de mentiras», decía de él una pancarta) y a otros cargos del exrector Rafael Garrese que siguen tras las elecciones del pasado mes de mayo, cuando la filóloga Amaya Mendikoetxea se impuso a las otras candidaturas de renovación con un programa de reactivación tras la etapa de decadencia e irregularidades en diversos órdenes (becas, concursos, títulos y expedientes administrativos).

Todo ello mientras se han acallado los escándalos que protagonizó la UAM los últimos años, en especial el del uso de más de 400 becas externas de estudiantes para sustituir empleos de servicios internos, sin darles formación que las justificaba. La UAM fue sancionada por fraude laboral por Inspección de Trabajo, aunque tras contratar el Rectorado por casi 100.000 euros a un afamado bufete ganó el juicio, recurrido por algunos estudiantes y la Seguridad Social.

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