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Dispares vuelta al cole de PP y estadísticas de delincuencia

Púnica revela desvíos de fondos en publicidad, sanidad y educación, incluida la estafa a profesores

Evolución total de la criminalidad hasta julio 2019 por autonomías

Los datos de criminalidad presentadas por el MInisterio de Interior dicen que crece este año al 4,3% (15% tentativa de homicidios y asesinatos, 12% de delitos sexuales y -11 robos). Esa desigualdad se extiende a la vuelta "al cole" en delitos imputados al PP o sus líderes: mientras ha sido absuelto por la destrucción de los ordenadores de su exTesorero, los casos de Villarejo y Púnica se multiplican, incluida la supuesta estafa de 15 millones a profesores para construir colegios concertados.
Redacción / Actualizada 8 de septiembre de 2019 Enviar a un amigo
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Según el portal estadístico de criminalidad del MInisterio de Interior, la subida del 4,3%en las denuncias de delitos e infracciones, hasta un total de 1.070.421 entre enero y junio de este año, el rango de variación en el primer semestre oscila entre aumentos en 2019 del 41,7% en los secuestros y del 13% en delitos contra la libertad e indemnidad sexual sin penetración (los delitos con penetración crecen el 3,8%)  hasta descensos del 11,5% en robos con fuerza en domicilios y 2% en homicidios dolosos y asesinatos consumados (los asesinatos en grado de tentativa por el contrario aumentan un 15% .

Estas estadísticas se publican después de la gran atención publica suscitada por la noticia de que la cadena británica audiovisual BBC se hace eco de la "oleada de criminalidad" en Barcelona, destacada a partir del 21 de agosto en casi todos los medios. Pero las cifras de criminalidad total en el primer semestre reflejan que  el total de infracciones penales se elevaron en Cataluña un 5% (lo mismo que en Madrid), apenas 0,7 décimas en ambos casos por encima del 4,3% de media nacional, mientras que las monunidades con mayores tasas de aumento fueron dos que no destacan por su afluencia turística: 13,9% en Aragón y Navarra 8,7%. Entre las de mayor afluencia turística sí destaca el 11,3% de incremento en islas Baleares y  6,4% de aumento en islas Canaria, tasas similares al 7,3% de Asturias y 6,7% del Pais Vasco, 5,5% de Galicia o 4,9% de Murcia.



Por el contrario, las comunidades autónomas con menor crecimiento de las infracciones penales destacan Andalucia, que lidera la seguridad con solo un aumento del 1%, Extremadura con el 1,4%, Comunidad Valenciana con el  1,7%, Castilla La Mancha con el 3,1%, Castilla y León con el 3,2% y Cantabria con 3,6%.  

No obstante, estos rangos de reparto geográfico de las estadísticas de criminalidad varían considerablemente si en vez de considerar el total de infracciones se observan algunos tipos de delitos como los homicidios y asesinatos consumados (mapa situado dos párrafos más arriba)  o el total de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual desglosados por comunidades autónomas en el gráfico que sigue:



Las piezas de los casos Villarejo y Punica se multiplican

Las disparidades en la vuelta "al cole" del PP por delitos imputados  o sus líderes en amplia: mientras ha sido absuelto por falta de pruebas del borrado de discos duros de los ordenadores de su exTesorero Luis Bárcenas pese a formatear 35 veces tales ordenadores, los casos de Villarejo y Púnica multiplican las piezas que ya tenian abiertas con las nuevas diligencias judiciales, incluida la supuesta estafa de 15 millones a profesores para construir colegios concertados, y en acusaciones que aún no han sido investigadas judicialmente la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid por el PP sigue sin contestar sobre sus  irregularidades en AvalMadrid y sus conexiones con Púnica para financiar al PP. La Mesa de la Asamblea de Madrid debe examinar este lunes si admite la propuesta para crear una comisión de investigación de Avalmadrid, informa Begoña P. Ramírez en Infolibre.. Gescartera, Rumasa, Spanair, el proyecto Castor, el Museo Guggenheim y un buen número de cajas de ahorro fueron puestas también bajo la lupa del Congreso y las cámaras autonómicas por sus vínculos políticos en los últimos años

En el caso de Villarejo, por el que esta semana han comparecido diversas personas, entre ellas directivos del BBVA, junto a la decena de piezas abiertas en principio se ha sabido que el excomisario encarcelado hace dos años prestó servicios privados al expresidente del BBVA sin contrato, y este le siguió pagando incluso tras ingresar en prisión, según han informado Publico y El Español.

Además de pagarle por labores de espionaje y para contrarrestar operaciones financieras hostiles en beneficio del banco como la protagonizada por Sacyr y para hacer frentre al chantaje de Ausbanc, Villarejo realizó servicios para beneficiar única y exclusivamente los intereses particulares del expresidente de la entidad Francisco González con el conocimiento de otros altos directivos del BBVA. Asimismo, se ha confesado pagador del rescate de periodistas en Siria y benefactor de Corinna, aparte de otros trabajos trabajos para empresas del Ibex, y "pagos y sobornos" fuera de España.Un audio desvela desde su declaración de finales de 2018 que  Villarejo ha puesto además en el ojo del huracán a empresas del IBEX como Telefónica, Indra y Repsol hablando de sobornos y destrucción de pruebas que él habría hecho para ellas y que ahora intenta camuflar como servicios a España.El pasado 9 de agosto, el comisario envió un comunicado desde la prisión de Estremera en el que denunció que las "manos negras" que están "tirando de la manta" amenazan con poner "en la picota a compañías estratégicas como Repsol, Indra, CaixaBank, Iberdrola, Santander, Grupo Planeta, Mutua Madrileña o Telefónica RepsolIndra,

Por su parte, el juez del caso Púnica que ha imputado por presunta financiacion ilegal del PP en las campañas electorales de 2007, 2008 y 2011.a las expresidentas madrileñas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes y a otras 41 personas, incluido el expresidente de la empresa Indra, Javier Monzón, ha revelado sus sospechas de cómo la trama asestó un golpe a la sanidad pública y a la educación concertada madrileñas, quedándose con varios millones de euros, según la agencia Efe.

Cinco años después de que se destapase el famoso caso de corrupción, con la detención de varios alcaldes de municipios madrileños, el juez Manuel García Castellón ha dictado una serie de autos en los que no solo reordena la causa sino que prácticamente sienta las bases de la investigación de algunas de las piezas con revelaciones que dan cuenta del poder de la trama en la Comunidad de Madrid.Una veintena de testigos e imputados, entre ellos proveedores de campañas del PP madrileño, exdirectivos de empresas públicas de la Comunidad de Madrid y un exalcalde, abren esta semana la ronda de declaraciones por la trama Púnica en la que tendrán que declarar las expresidentas madrileñas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes.

Además de vr "indicios racionales" de que la expresidenta habría sido "quien ideó la búsqueda de recursos que financiaran las campañas y que ella misma seleccionaba", así como "la supervisora última de las sinergias entre sus consejeros de confianza, que impulsó con dicha finalidad", el juez Manuel García Castellón, ha delimitado en nuevos autos las distintas piezas separadas en las que ha dividido la Púnica. Si este martes era conocido el escrito de la pieza relativa a la financiación ilícita del PP de la Comunidad de Madrid y de sus dirigentes, por la que ha resultado imputada la ex presidenta Esperanza Aguirre entre otros representantes de este partido, ahora han trascendido otros por los que se centra la investigación en distintas partes del procedimiento.Uno de ellos es el relativo a las relaciones de la trama para la construcción de colegios concertados en las comunidades de Madrid y Murcia, según informó Miguel Ángel Campos en La Ser.

El juez concluye que la supuesta organización criminal estafó 15 millones de euros a profesores que formaban cooperativas para impulsar la construcción de 7 de estos centros entre 2002 y 2014. Según el escrito judicial, el exconsejero y exsecretario general del PP en Madrid, Francisco Granados, utilizaba su influencia para que los ayuntamientos cedieran suelo a bajo precio para edificar los colegios concertados.

La organización se concertó con la empresa gestora de cooperativas de profesores Alfedel, para la construcción de los centros. Esta sociedad inflaba los costes de edificación y pagaba comisiones a los políticos, camuflando ambos conceptos como servicios inexistentes a empresas instrumentales de David Marjaliza, supuesto socio de Granados en la trama criminal.

El juez dice que todos estos gastos eran soportados, sin saberlo, por los profesores cooperativistas. En muchos casos, tuvieron que pedir préstamos personales para poder afrontar los pagos. Las comisiones ilícitas pagadas en metálico a los políticos y contabilizadas por el juzgado ascienden a 2.200.000 euros aunque hay varias más. Granados cobró 660.000 euros por ejercer su influencia en Valdemoro y Majadahonda. El alcalde de Aranjuez percibió 400.000; el alcalde de Torrejón de Velasco 200.000; un total de 939.000 euros cobró el socio de Marjaliza, José Antonio Alonso Conesa; mientras que están por determinar las mordidas percibidas por el exalcalde de Valdemoro, José Miguel Moreno; el alcalde de Sevilla La Nueva, Mario Utrilla; o representantes municipales de los municipios de Cartagena (Murcia), Valdeluz y Yebes (Guadalajara).

El juez también ha hecho públicos los autos por los que delimita la investigación por las adjudicaciones a la empresa Cofely, con un total de 56 personas físicas imputadas, que en su mayoría son exalcaldes del PP; y por los supuestos negocios de Granados con el metro de Madrid, que supusieron el pago de “comisiones millonarias” y supondrá la imputación de relevantes constructoras como Azvi, Begar o San José.

Primeros directivos de empresas citados a declarar
Así pues, a los primeros a los que el juez ha citado a declarar este lunes, a partir de las 9.30 horas, son directivos de empresas contratadas por el PP de Madrid para actos de campaña, como Eusebio Martínez de la Casa, administrador de Emfasis Billing & Marketing Services y marido de la exconsejera de Empleo Ana Isabel Mariño; María San Juan Ausejo, administradora de Ruiz San Juan Consultores; o María Isabel Álvarez Padilla, administradora de Art Box Comunicación.
El lunes también están llamados como testigos otros responsables de empresas que fueron contratadas para publicidad, concretamente de la campaña de 2011, como Juan José de Andrés Gayon, Ángel Redondo Rodríguez y María Francisca Boix Pastor, administradores de la mercantil Ruiz Nicoli Líneas Marketing, aunque también aparecen vinculados a otras sociedades, también dedicadas a la publicidad, como Storm Digital Comunications, Nova Publicidad y Marketing y Sineusis E-Communications.
El jueves, 12 de septiembre, a partir de las 10.30 horas seguirán Rafael Villafañez Esteban, que entre 2011 y 2012 era director Económico y Financiero de OHL Concesiones México; María del Sol Caparrós, directora de Recursos Humanos y Calidad de la Comunidad de Madrid; Amadeo Giménez Precioso, que fue director general de Promoción Cultural; el arquitecto superior de la Comunidad Ignacio Ocaña Mateos; y el exalcalde 'popular' de Alcalá de Henares Bartolomé González.
Pero ese mismo día, antes de los testigos, está previsto que declaren dos investigados: Yann Barlerin, exdirector financiero de GDF Suez Energie Services, y el que fuera tercer teniente de alcalde por el PP del municipio madrileño de Torrejón de Velasco Raúl Huerta Quiroga.
Al día siguiente, 13 de septiembre, a partir de las 9.30 horas continúan las testificales con Mariano Beotas Lalaguna, África Herrera Torres, de la inmobiliaria Cinarasa; el arquitecto Project Manager de Arpegio entre 2007 y 2011 Santiago González Hidalgo; el también arquitecto Carlos Llanso Felgueroso; Luis Carlos Úcar Arnedo, de Obras de Madrid; y Teodoro González Estrella.

Por último, será el turno de Amelia Díez, responsable del Departamento de Marketing Institucional de Over Marketing, Abanico, Link y Traci, y a quien, según Anticorrupción, desde la Consejería de Transportes e Infraestructuras se le remitió un correo electrónico con un listado de empresas adjudicatarias de contratos públicos que serían licitados desde la empresa pública Mintra e instrucciones precisas sobre facturación a estas empresas de la campaña de Seguridad Vial.
Estas empresas son precisamente de uno de los principales investigados en esta trama, Daniel Horacio Mercado, el empresario argentino que Aguirre presentó a sus consejeros de máxima confianza en una reunión en la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid nada más tomar posesión como presidenta.
Fue en esa reunión, según Anticorrupción, donde se dieron instrucciones a los consejeros para que contaran con Mercado, y especialmente con su sociedad Over Marketing, para las contrataciones en materia de publicidad y comunicación y así poder desviar fondos públicos al partido.
La lista de comparecientes para esta semana se completa con la declaración de un perjudicado, el fundador de la consultora Ósmosis XXI Gerardo Jimeno Campo, llamado el 11 de septiembre a las 10.00 horas.

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