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UNIVERSIDADES
Aprobada por segunda vez en 3 meses por Consejo de Ministros

Satisfacción en los campus ante la ley de Convivencia contra acoso, novatada, plagio y falsificación

Duras sanciones contra acosos y novatadas. Foto de archivo

La mayoría de las asociaciones de estudiantes han acogido con satisfacción el texto definitivo del proyecto de Ley de Convivencia Universitaria, que castiga con la expulsión de hasta tres años al alumno que acose sexualmente, plagie, falsifique documentos, destruya patrimonio o haga novatadas. Estas sanciones, reclamadas la última década en los campus y hasta en el Senado, serán aplicables a universidades tanto públicas como privadas, así como a PROFESORES (PDI) y resto de personal (PAS).
Redacción 8 de septiembre de 2021 Enviar a un amigo
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Esa mayoria social a favor de disciplinar la convivencia en los campus, ante la que el Gobierno ha aprobado el proyecto dos veces (a finales de mayo pasado y de nuevo este martes), empezó a formarse justo hace 8 años. Entonces el Consejo de Colegios Mayores Universitarios de España, asociación de colegios mayores universitarios con 125 miembros de todo el territorio nacional, publicaba un manifiesto contra las novatadas al que también se han sumado universidades de todo el estado, como la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Navarra, la Universidad de Zaragoza y la Universidad San Pablo – CEU.

Tras el Consejo de Ministros de ayer martes, el Gobierno anunció de nuevo la remisión a las Cortes del proyecto de Ley de Convivencia Universitaria, que deroga la norma vigente de 1954. La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez,dijo que es necesario actualizar esta ley para adaptarla plenamente al marco constitucional y reformular el marco de convivencia universitaria, poniendo el acento en el ejercicio de las libertades y los derechos fundamentales y en la mediación como vía principal para la resolución de conflictos.

El texto, cuyo anteproyecto fue aprobado en mayo pasado y sometido posteriormente a información pública, señala que las universidades públicas y privadas deberán aprobar normas de convivencia que garanticen el respeto a la diversidad y la tolerancia, la igualdad y la inclusión de los colectivos vulnerables; la libertad de expresión, el derecho de reunión y asociación, la libertad de enseñanza y la libertad de cátedra; la eliminación de toda forma de violencia, discriminación y acoso; la transparencia en el desarrollo de la actividad académica, y la utilización y conservación de los bienes y recursos de acuerdo con su función de servicio público.

Las universidades crearán una Comisión de Convivencia, integrada de manera paritaria por representantes del estudiantado, del personal docente e investigador y del personal de administración y servicios, elegidos por el claustro a propuesta de cada uno de los sectores, garantizando el principio de composición equilibrada entre mujeres y hombres.

El texto tipifica las sanciones en muy graves, graves y leves. Las faltas muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses, mientras que las sanciones impuestas prescribirán, respectivamente, a los tres años, dos años y al año.

Las faltas "muy graves" se refieren a menoscabar la dignidad de las personas, como puedan ser las novatadas o las conductas vejatorias, ya sean de carácter físico o psicológico.

Ejercer violencia grave; acoso sexual; falsificar, sustraer o destruir documentos académicos, y usar documentos falsos ante la universidad pueden suponer una expulsión de entre dos meses y tres años, castigo que deberá constar en el expediente académico hasta su total cumplimiento, y la pérdida de derechos de matrícula parcial, durante un curso o semestre académico. 

En este mismo bloque se incluyen la destrucción y deterioro de manera irreparable o sustraer obras del patrimonio histórico y cultural de la universidad; plagiar total o parcialmente una obra, o cometer fraude en el Trabajo de Fin de Grado, el Trabajo de Fin de Máster o la Tesis Doctoral, o suplantar a un miembro de la comunidad universitaria. 

Las faltas graves, de acuerdo a la nueva ley, se aplicarían en casos como apoderarse indebidamente del contenido de exámenes; deteriorar gravemente el patrimonio de la universidad; impedir la celebración de actividades universitarias de docencia; cometer fraude académico entendido éste como cualquier comportamiento tendente a falsear los resultados de un examen o trabajo y acceder sin autorización a los sistemas informáticos de la universidad. En estos casos, la universidad podrá proceder a la expulsión de hasta un mes del alumno y la pérdida de derechos de matrícula parcial, durante un curso o semestre académico. 

Sin embargo, "la pérdida de derechos de matrícula no podrá afectar a los derechos relativos a las becas en los términos previstos en su normativa de desarrollo", añade el texto. 

Se considerarán faltas leves acceder indebidamente a instalaciones universitarias; utilizar los servicios universitarios incumpliendo los requisitos establecidos de general conocimiento; y realizar actos que deterioren de forma no grave los bienes del patrimonio de la universidad. En estos casos, la sanción consistirá en una amonestación privada.

Comisión de Convivencia

Las normas incluirán medidas de prevención y respuesta frente a los casos de violencia, discriminación, y/o acoso, que serán de aplicación al estudiantado, al personal docente e investigador y al personal de administración y servicios. 

Además, las universidades crearán una Comisión de Convivencia, integrada de manera paritaria por representantes del alumnado, del personal docente e investigador, y del personal de administración y servicios, garantizando la composición equilibrada entre mujeres y hombres y del que no podrá formar parte nadie del equipo rectoral. Será la encargada de canalizar las iniciativas para mejorar la convivencia, promover la mediación y, en aquellos casos en que resulte procedente, tramitar el procedimiento de mediación como alternativa al régimen sancionador. 
 
Organizaciones de estudiantes a favor y en honorarios del texto definitivo

Mientras el Frente de Estudiantes está en contra de la norma porque "criminaliza formas legítimas de protesta estudiantil, haciéndolas subsumibles en algunos de los comportamientos sancionables", la Coordinadora de Representantes de Universidades Públicas (CREUP) y el Consejo de Estudiantes Universitario del Estado (CEUNE) expresaron su satisfacción por el proyecto de Ley de Convivencia Universitaria, debido a que recoge algunas de sus propuestas y da marcha atrás en otras en las que no estaban de acuerdo.

Ambas destacan el hecho de que la ley tenga como eje central la mediación, "entendida por el estudiantado como la solución de muchos de los problemas de convivencia surgidos en el ámbito universitario". Además,  era una de sus propuestas la  la creación de una Comisión de Convivencia compuesta de manera paritaria por todos los colectivos de la comunidad universitaria. A su juicio, dotará a este colectivo de garantías como la presunción de inocencia o la posibilidad de apelación a un órgano superior. No obstante, tanto CREUP como CEUNE consideran que esta comisión debe tener más capacidad de actuación y validar toda sanción propuesta en el ámbito universitario.

También celebran la creación de protocolos específicos de actuación en casos de acoso de cualquier tipo, siendo necesario incluir en su elaboración a la representación estudiantil. Aún así, "el estudiantado carece de garantías ante conflictos con el cuerpo docente universitario", aseguran, siendo otra de las medidas que proponían desde CREUP y CEUNE.

Asimismo, valoran positivamente que finalmente el proyecto no recoja la solicitud de devolución de la beca de forma automática a aquellos estudiantes que cometan una infracción, ya que lo consideraban un "sistema de castigo desproporcionado". "Pese a medidas como estas, siguen existiendo sanciones que pueden penalizar al estudiantado desde un punto de vista académico y desde CREUP y CEUNE confían en que se siga trabajando en este aspecto", señalan.

 "La valoración es, en general, muy positiva. Se va a derogar una norma de 1954, prácticamente inaplicable hoy en día y que suponía incansables quebraderos de cabeza. Y va a hacerse con una norma que, por primera vez, se ha elaborado con diálogo y trabajo conjunto", destaca la vicesecretaria de CEUNE, Laura Alcaide, en declaraciones a Europa Press.

"Seguramente por eso el resultado sea bueno: un sistema que prioriza la mediación a la sanción, convirtiendo las universidades en un verdadero espacio de convivencia. Con esta dinámica de trabajo abierto y colaborativo, creemos que se pueden hacer grandes cosas. Dinámica que debe continuar para poder modificar la LOSU, que actualmente elimina muchos derechos al estudiantado", añade.

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