Jair Bolsonaro, del Partido Social Liberal y de 63 años, será el octavo presidente del país desde el fin de la dictadura militar y el restablecimiento de la democracia. Es el primero militar que llega al poder en unas elecciones desde 1945. Con el 99,49% del voto escrutado, acumulaba esta medianoche el 55,21% de los votos, frente al 44,79% de su opositor, el progresista Fernando Haddad. Unos 57 millones de brasileños se han sumado a la propuesta de la ultraderecha, derrotando al Partido de los Trabajadores de Lula da Silva, en prisión. Haddad solo pudo plantar cara en la región nordeste, su nicho habitual de electores. En el sudeste y el sur del país Bolsonaro ha arrasado con porcentajes que rondan el 70% de los votos.
"La quema del Atlántico avanza a gran velocidad. Olas como llamaradas prenden fuego en múltiples direcciones a todo lo que ese océano simboliza en términos históricos y políticos: la relación entre Europa y EE UU; el librecambismo; el respeto a las minorías; la influencia de las familias políticas democristiana y socialdemócrata. El último fogonazo es la victoria de Jair Bolsonaro en Brasil. Son el síntoma de algo profundo, un malestar enorme hacia el sistema que ha regido las suertes de Occidente en las últimas décadas", señala el análisis del redactor jefe de Internacional de EL PAÍS, Andrea Rizzi.
Tras una campaña electoral que se tornó muy dinámica al final, más de 147 millones de brasileños estaban citados a las urnas en segunda vuelta para elegir al presidente de la mayor democracia latinoamericana para los próximos cuatro años. Los votantes debían escoger entre un candidato ultraderechista, el excapitán Jair Bolsonaro -que despierta temores por su retórica machista, homofóbica y racista- y su adversario progresista, el profesor Fernando Haddad, exalcalde de Sao Paulo y abanderado del Partido de los Trabajadores (PT) que tiene a su líder histórico, el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva, preso por corrupción.
Mientras Haddad celebraba este sábado que "la remontada ya comenzó" y que el pueblo brasileño "descubrió que Bolsonaro es un mentiroso y un cobarde", los sondeos de Datafolha anticipaban muy clara y acertadamente los resultados finales, pues señalaban que el favorito de esta segunda vuelta era Bolsonaro con el 56% de intención de voto. Según este estudio, Haddad llegaría segundo con un 44% de preferencias.
imágenes de Bolsonaro y Haddad
“El hombre que puede presidir el país desde este domingo es un firme defensor de la dictadura milita. Se ha rodeado de exgenerales y oficiales y cuenta con el apoyo de las poderosas iglesias evangélicas. La situación de crisis que se vive en el país desde 2013 le ha allanado el acceso al poder”, escribía en InfoLibre François Bonnet (Mediapart), recordando que su figura se ha construido sobre la base del odio a la democracia y al sistema político brasileño tal como lo define la Constitución de 1988. Esta nostalgia de la dictadura, de la “ley y el orden”, del poder pleno de los militares para controlar a “los comunistas”, “las poblaciones indias” y “los degenerados”, nunca ha desaparecido en Brasil. Peor aún, ahora la comparten grandes sectores del electorado, abrumados por la sucesión de crisis desde 2013.
Por primera vez, todas las iglesias evangélicas apoyaban a Jair Bolsonaro. Su desprecio por los derechos humanos y su apología de la violencia no molestan a los grandes obispos evangélicos, aunque las bases a veces no siguen las consignas de voto. El candidato no sólo ha asumido todas las posiciones evangélicas relativas a la familia y a los “valores morales”: ha hecho de ellas el segundo eje de su campaña, por detrás de la vuelta al orden.
Nunca se ha emprendido la construcción de una memoria sólida de los años de la dictadura, escribe tambuen Bonnet. Al contrario, se ha organizado una amnesia colectiva, sobre la base de la amnistía para asesinos y torturadores adoptada en 1979”, explicaba la historiadora Maud Chirio en una entrevista reciente. Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay han hecho un trabajo ingente sobre los crímenes cometidos por los regímenes militares. Los líderes han sido juzgados, encarcelados y el pueblo ha entendido el extenso relato documentado de los años de terror.
Nada así ha ocurrido en Brasil. ¿Se debe al hecho de que la represión fue menos mortífera que en los países vecinos? Brasil registró oficialmente 400 muertes y desapariciones durante la dictadura, frente a las 3.200 víctimas de Chile y 30.000 de Argentina. ¿O se trata del poder que mantienen los militares? Jair Bolsonaro y muchos otros, con exmilitares a la cabeza, han podido ensalzar, sin consecuencias, los años de “estabilidad, progreso y éxito” de la dictadura.
No fue hasta 2012 cuando Dilma Rousseff, que sucedió a Lula da Silva en la Presidencia, decidió crear una Comisión Nacional de la Verdad (CNV) para determinar la magnitud de los crímenes cometidos por los militares. Cuando se constituyó dicha Comisión, lloró al evocar a sus compañeros, caídos en su lucha contra la dictadura. Ella misma fue arrestada, torturada y encarcelada durante tres años. Al mismo tiempo, exmilitares y el diputado Bolsonaro retransmitían las crecientes protestas en el seno del Ejército.
Dos años después, el 10 de diciembre de 2014, el comité presentaba su informe. En él, atribuía al Estado la responsabilidad de al menos 434 muertes o desapariciones y de 20.000 torturas. Señalaba asimismo la violencia que sufren los campesinos y estimaba que la dictadura había causado la muerte de al menos 8.350 indígenas, víctimas de las políticas de Estado para expulsarlos de sus tierras.
En especial, el informe responsabiliza a 377 miembros del régimen, la mayoría de los cuales siguen vivos. Reconoce que la tortura y el secuestro eran políticas de Estado. “Las graves violaciones de los derechos humanos, durante los 21 años de la dictadura instaurada en 1964, fueron el resultado de la acción generalizada y sistemática del Estado, que dio lugar a crímenes de lesa humanidad”. Estas últimas palabras cambian la naturaleza jurídica de los crímenes y allanan el camino para una posible revisión de la ley de amnistía de 1979. Sin embargo, pese al informe, no se tomará ninguna medida. Y el día 31 de marzo de 1964, fecha del derrocamiento del presidente João Goulart, los militares siguen celebrando “el día de la Revolución".
Desde la víspera de la publicación del informe, las protestas no dejaron de ir a más. Jair Bolsonaro siempre estaba en primera línea. En los medios de comunicación, elogió los “años de orden y progreso” de la dictadura. En la tribuna del Parlamento, insultó a María do Rosário, miembro del Partido de los Trabajadores y exministra de Derechos Humanos de Dilma Rousseff. La acusó de defender a “vagabundos y bandidos”. Antes de concluir: “María do Rosario, no te violo porque no te lo mereces”.
En memoria del coronel torturador
Bolsonaro ya no está solo, ni mucho menos. Dos meses antes, en octubre de 2014, fue reelegido triunfalmente diputado por Río en las elecciones generales, cuadruplicando el número de votos logrado en los comicios previos. Además de defender la dictadura, hizo campaña contra los derechos humanos, “verdaderos derechos de los vagabundos”, añadiendo que un “bandido bueno es un bandido muerto”, calificando a los indígenas de “apestosos y maleducados” y pidiendo el restablecimiento de la pena de muerte y la reducción de la edad penal a 16 años, medidas y argumentaciones también defendidas durante esta campaña presidencial de 2018.
Dos de sus hijos gozan de la popularidad de su padre: Eduardo, de 33 años, elegido por São Paulo, estará al lado de su progenitor en el Parlamento federal (fue reelegido el 7 de octubre); Flavio es el tercer diputado más votado de la Cámara de Río de Janeiro y se convirtió en senador este mes. Y eso no es todo. De las elecciones de octubre de 2014 sale un Congreso que es el más conservador desde el restablecimiento de la democracia en 1985. El número de militares y policías electos creció un 30%. La bancada da bala, literalmente el lobby de la bala, que reúne a representantes electos que apoyan a la industria armamentística y se oponen a cualquier política de limitación del uso de armas de fuego, nunca ha sido tan poderosa. Hay 80 diputados evangélicos, algo inédito hasta la fecha.
Todas estas fuerzas apoyan ahora a Bolsonaro. Y se alinearon con la derecha para votar a favor de la destitución de Dilma Rousseff en 2016 después de largas maniobras políticas para legalizar lo que puede tildarse de golpe de estado. El día de la votación de los diputados, Jair Bolsonaro decidió ir mucho más lejos. No basta con votar, también hay que humillar a la mujer que fue víctima de la dictadura.
Por eso dedicó su voto a “Dios, a la familia, a las Fuerzas Armadas, contra los comunistas y en memoria del coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra”. El coronel Ustra fue uno de los principales torturadores del régimen militar. Dirigió el Centro de Operaciones de Defensa Interna de 1970 a 1974 y supervisó o incluso participó en la tortura de Dilma Rousseff. Fue uno de los pocos soldados condenados “por secuestro y tortura” por el Tribunal Civil de São Paulo en 2008. Pero, aunque quedó en libertad en virtud de la ley de amnistía, estuvo involucrado en la política hasta su muerte en 2015.
En las elecciones del 7 de octubre de 2018, conservadores y ultras mejoraron sus resultados previos. Al final de la primera vuelta, 73 miembros o exmiembros de las fuerzas de seguridad obtuvieron escaño en el Senado y en la Cámara de Diputados, frente a los 18 que lo habían logrado cuatro años antes, según la web G1. Y aunque Bolsonaro ya no repitió sus llamamientos en defensa de la restauración de la dictadura, abogó por la militarización de la sociedad y de la acción pública.
Su “candidato a la vicepresidencia” es un general que se jubiló hace un año, Hamilton Mourão, que también es un firme defensor de los torturadores. Bolsonaro ha prometido más puestos ministeriales para oficiales militares o policiales. Tras argüir que el error de la junta militar había sido “torturar en lugar de matar”, siguió pidiendo a la policía durante su campaña que “matara a más criminales”. Una fuerza policial ya conocida por su extrema violencia, sus vínculos con milicias y bandas criminales y que comete cerca de cinco mil asesinatos al año…
En un país devastado por la violencia, en el que el año pasado se produjeron más de 64.000 homicidios, Bolsonaro promete una escalada: alentar a la policía y reforzar su impunidad (14 personas mueren cada día a manos de la Policía); facilitar la venta de armas; hacer un llamamiento a las milicias privadas para que devuelvan no sólo a los “bandidos”, sino también a los indígenas, a los activistas ecologistas (57 de ellos fueron asesinados el año pasado) o a los activistas del Movimiento de los Sin Tierra e incluso al Partido de los Trabajadores.
El presidente saliente, Michel Temer, le ha allanado el camino en estas cuestiones. En primer lugar, confiando al Ministerio de Defensa y al Ministerio de los Servicios Secretos a exmilitares. Luego, al decidir el pasado mes de febrero, tras el estallido de violencia durante el carnaval de Río, confiar al Ejército la gestión de la seguridad en la gran metrópoli. Bolsonaro apoyó entonces la medida, lamentando que el Ejército no tenga suficiente flexibilidad para matar… El resultado es que en los últimos seis meses, la tasa de homicidios y asesinatos cometidos por las fuerzas de seguridad no ha dejado de crecer.
Ejército, Policía, violencia, dictadura y permiso para matar: Jair Bolsonaro no ha cambiado desde hace casi 30 años, coincidiendo con su primera elección en 1990. El domingo 21 de octubre pudo anunciar entre ovaciones que iba a llevar a cabo “la mayor operación de limpieza de la historia de Brasil” y “borrar del mapa de Brasil a estos bandidos rojos”.
Pero fue a partir de 2013, y especialmente de 2016, cuando encontró el apoyo electoral que siempre le había faltado hasta la fecha. La movilización de una derecha cada vez más radicalizada desde los primeros movimientos sociales de 2013, las incesantes campañas de prensa en los medios de comunicación contra el PT y Dilma Rousseff le permitirán colocarse gradualmente en el centro del juego. Y la operación Lava Jato (Kärcher) servirá enseguida de acelerador.
Esta importante campaña anticorrupción, que no sólo envía a prisión al expresidente Lula, sino que también desacredita a todos los partidos políticos y a sus líderes, está encabezada por dos jueces: el juez Sergio Moro y el fiscal federal Deltan Dallagnol. Los dos magistrados dicen ser evangélicos. “Adorador de Jesús”, explicó el fiscal Dallagnol en estos términos: “Mi cosmovisión cristiana me hace creer que tenemos una ventana de oportunidad, que Dios ha abierto la puerta al cambio. Si la Iglesia lucha por esto, Dios responde”.
De Sergio Moro, Bolsonaro hizo rápidamente un héroe positivo, un actor de la regeneración moral de Brasil y “limpiador” de un sistema político enfermo y odiado. El juez se convierte en un icono, su acción en paso obligado en todos los discursos del candidato de extrema derecha. Porque Bolsonaro, aunque es católico (su esposa y dos de sus hijos son evangélicos), se preocupó de ofrecer una poderosa cobertura mediática en 2016 a su bautismo por parte de un pastor evangélico en el río Jordán. Él sabe que esta nueva fuerza, las iglesias evangélicas, ahora pueden poner y quitar presidentes.
Esta “ola evangélica” es el resultado de un movimiento fundamental que ha sacudido la sociedad brasileña y el panorama político. En 30 años, los evangélicos han pasado de ser el 6% al 22% de la población, es decir, 43 millones de personas, mientras que la Iglesia Católica se hundía. Se han construido templos evangélicos en el corazón de las favelas, hitos de estos inmensos suburbios de Río de Janeiro, São Paulo y otras grandes ciudades brasileñas. Constituyen los centros sociales de las familias pobres, de los trabajadores precarios agotados por las cuatro o cinco horas diarias que emplean en desplazarse y que temen, sobre todo, ver a sus hijos caer en las redes de las bandas y de la violencia.
Por encima de todo, las iglesias evangélicas constituyen hoy en día inmensos poderes públicos. Han formado un gigantesco sistema de medios de comunicación, basado en la televisión de masas: TV Record es el tercer canal más visto en el país. Las milicias privadas están vinculadas a los templos para proporcionar seguridad frente a las bandas. Es la lucha “del bien contra el mal”, con la consigna de los soldados de una de estas milicias: ‘Dios es el que quita la vida, yo lo único que hago es apretar el gatillo’”.
En 2016, la Iglesia Universal del Reino de Dios colocó a su candidato en la Alcaldía de Río de Janeiro, la segunda mayor ciudad del país. Se llama Marcelo Crivella. “Dios es el padre, el hijo y el Espíritu Santo, Dios es la familia […], nuestro objetivo es ante todo proteger a la familia”, dijo la tarde de su victoria. El Parlamento federal tenía entonces 87 diputados evangélicos y estas eran las iglesias que entraban con fuerza en los ayuntamientos. Los evangélicos, subidos a la ola conservadora que recorre el país y la sobremovilización de la derecha, imponen sus asuntos: la defensa encarnizada de “la familia y los valores cristianos”, la lucha contra cualquier proyecto para despenalizar el aborto o para reconocer la unión de personas del mismo sexo.
Hasta entonces, las iglesias evangélicas se habían guardado de aparecer en primera línea, ya que preferían influir en todos los partidos a cambio de dar su apoyo a un candidato u otro. El pastor Silas Malafaia, que dirige la “Asamblea de Dios Victoria en Cristo”, lo explica en el libro del corresponsal de Mediapart (socio editorial de infoLibre) en Brasil, Lamia Oualalou: “No estoy interesado en ser candidato. Lo que me gusta son los entresijos de la política. A nivel local, imponemos a quien queremos. En las últimas elecciones municipales, lancé a un ilustre desconocido: fue uno de los que obtuvo más votos”.
