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Escándalo en Agencia de Protección de la Salud en elDeporte

Trocearon años los contratos de lucha contra el dopaje en el deporte para nombrar asesores a dedo

Exclusiva de Eldiario.es

El Gobierno ha troceado durante años el presupuesto de la lucha contra el dopaje deportivo de manera que decenas contratos pudieron ser adjudicados de forma directa, sin publicidad ni concurso. Su Agencia de Protección de la Salud en el Deporte utilizó el contrato menor a 18.000 euros para asignar directamente y sin publicidad la asesoría jurídica, la adquisición de material o los análisis, mediante contratos solapados o continuados de asesores, según revela este sábado Eldiario.es
Redacción 20 de mayo de 2018 Enviar a un amigo
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Entre las materias afectadas están desde el material para realizar las pruebas, el transporte de muestras, los servicios jurídicos o la realización de los análisis adjudicados por la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD),  que cuelga del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

La Agencia ha dejado un rastro de docenas de contratos por debajo y bordeando el máximo económico de los 18.000 euros que marcaban el límite del contrato menor que las administraciones pueden encargar sin concurso ni publicidad. En ocasiones con solo días de diferencia y el mismo beneficiado. Otras veces empalmando o solapando contratos en el tiempo con el mismo objeto y la misma adjudicataria. En ocasiones encargando cometidos a sociedades con poca relación con la materia contratada. 

Al hablar de la lucha contra el dopaje, la primera imagen que se forma es la de los análisis, los botes con sangre o con orina de los deportistas después de una competición. La dinámica de perro y gato entre la búsqueda de sustancias que mejoren el rendimiento y los avances en la detección de compuestos ilegítimos.

Pero este esfuerzo exige una fuerte vertiente jurídica y legal. Los casos de deportistas que dan positivo en los análisis producen procesos ante tribunales específicos deportivos con sanciones, recursos apelaciones y veredictos. Incluso los hay que terminan en la jurisdicción ordinaria. Esta materia está ya regulada en España por una ley orgánica de 2013. Así que la AEPSAD, como encargada de llevar a cabo la lucha contra el doping, desarrolla toda una actividad jurídica.

Esta vertiente ha producido multitud de contrataciones con mucha adjudicación a dedo. De entrada, el estatuto por el que se crea la agencia que se aprobó con un real decreto en 2015 adjudica el asesoramiento jurídico a la Abogacía del Estado. Además, la Agencia suscribió un convenio con la Abogacía del Estado "en función de sus necesidades" como permite el mismo estatuto. Un convenio que no es gratuito: cuesta unos 30.000 euros anuales, según las cuentas de la AEPSAD. La Agencia argumenta que "no cuenta con un departamento jurídico propio" y justifica que el servicio de la Abogacía del Estado "no incluye tareas propias de la AEPSAD".

Así que la agencia ha externalizado su actividad jurídica en abundancia. Tanto mediante empresas como con adjudicaciones a personas concretas. Así le asignó a dedo en 2014 la asistencia jurídica por un año a una sociedad llamada Servicios Profesionales SL, del grupo Sepro. Aunque en todo su catálogo de servicios no aparece nada parecido a la asesoría jurídica, esta sociedad se ha convertido en una de las principales beneficiaras de la privatización jurídica. 

Su oferta profesional, según su página web, se centra en atención al público, jardinería, hostelería, gestión documental, servicios sociosanitarios, selección de personal, gestión documental, limpieza profesional, mantenimiento de instalaciones, o servicios culturales. Una amplia cartera, pero sin referencia alguna a la consultoría legal.

De hecho, esta empresa ha sido la encargada de la limpieza de los locales de la Agencia antidopaje, de parte de su gestión documental, de la revisión de sus datos de contabilidad o la grabación de datos de deportistas. No menos de 18 contratos menores y dos negociados sin publicidad desde 2014. Preguntada por esta circunstancia, la empresa ha contestado: "Los servicios consisten en la asesoría de temas normativos y tramitación de expedientes administrativos sancionadores para el responsable del área jurídica de la AEPSAD". 

Sin embargo, cuando todavía no había expirado ese contrato jurídico le llegó uno nuevo también de "consultoría" legal de cuatro meses. Y lo empalmó con otro nuevo llamado de "asistencia técnica jurídica". Solo para este último (el único que supera los 18.000 euros y llegó a los 47.800) el Gobierno ha contestado que se despacharon 19 consultas: "Cinco jurídicas, cuatro de control de dopaje, seis de inteligencia de investigación y cuatro de educación". Cada una le ha salido pues a la Agencia por 2.500 euros.


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