Todo ello acelera los acontemientos políticos con gran impacto económico en España, pues afecta a la información no financiera o de Responsabilidad Social Corporativa que obliga por ley a las grandes empresas y se producía a su vez a las 24 horas de que el Parlament de Cataluña retara al Tribunal Constitucional y pidiera al Rey su abdicación. También mientras en el Congreso de Diputados esos partidos ponían de manifiesto ante la frustración de todas las medidas económicas y sociales de la comisión parlamentaria para la reconstrucción del COVID la posibilidad de que retiraran en la negociación de los Presupuestos del Estado para 2021 el apoyo que dieron al presidente Sánchez en su investidura, un dÍa después de la visita de los Reyes a Catalunya, cuando el Parlament volvió a cuestionar el papel de la Monarquía con la aprobación del dictamen de la comisión de investigación sobre el 155 que pide la abdicación de Felipe VI, mientras reprobaba reprobaba al presidente Sánchez del PSOE y al expresidente Rajoy del PP con la abstención de los 'comuns.
La soliciud de investigar a las empresas que contribuyeron a la presunta corrupción del Rey emérito llega ante los reiterados vetos del PSOE, PP y Vox a que se debata siquiera la creación de una comisión de investigación parlamentaria, según justificó el diputado valenciano Joan Baldoví en rueda de prensa como promotor y portavoz de los 8 partidos que la suscriben: ERC, Bildu, Compromís, Más País, Junts, la CUP, el BNG y Nueva Canarias.
Piden estos 8 partidos que el Congreso abra una comisión de investigación sobre el papel de las empresas públicas españolas que participaron de la construcción del AVE a la Meca tras el continuo veto de la Mesa del Congreso a abrir pesquisas sobre las supuestas comisiones recibidas por el Rey emérito por dicha adjudicación, un asunto que está en manos de la Fiscalía del Tribunal Supremo.Según Baldoví, con la investigación parlamentaria esta vez sí se pueda derribar el "muro infranqueable" que supone, a su juicio, la inviolabilidad de Juan Carlos I, así como la participación de las empresas presuntamente corruptoras.
Según las leyes relativas a la RSC aprobadas por el Congreso de Diputados, las grandes empresas españolas involucradas en las prácticas de corrupción que afectarían al Rey y a otras publicadas recientemente a raíz de los casos judiciales del excomisario Villarejo (entre ellas, Iberdrola y ACS principalmente), deben preparar un estado de información no financiera que contenga información relativa, por lo menos, a cuestiones medioambientales y sociales, así como relativas al personal, al respeto de los derechos humanos y a la lucha contra la corrupción y el soborno.
Así lo indica textualmente la ley de información no financiera y diversidad o de RSC (responsabilidad social corporativa), demorada durante varios años en España por el Gobierno del PP, al final para que las empresas incorporen la corrupción a sus informes de RSC. Pero al final fue concretada en la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, que incorporó en la legislación española la Directiva 2014/95/UE de la Unión Europea, según la cual ese estado debe incluir una descripción de las políticas de resultados y riesgos vinculados a esas cuestiones y debe incorporarse en el informe de gestión de la empresa obligada o, en su caso, en un informe separado correspondiente al mismo ejercicio que incluya el mismo contenido y cumpla los requisitos exigidos.
Tras los largos debates de esas leyes y la tardía incorporación a la leguislación española de dicha Directiva Europea, el primer año en que más de medio millar de grandes empresas españolas han tenido que aplicarlas la corrupción y los derechos humanos registraron las mayores resistencias de esas compañías a informar cómo cumplen con la ley y con su RSC, seguidas por la fiscalidad, buen gobierno, medio ambiente, derechos laborales y trato a los clientes y consumidores. Precisamente esa resistencia hizo Imposible saber si las empresas luchan contra la corrupción el año que cayó por ella el Gobierno de Rajoy
Aunque el impacto social y coste económico de la corrupción hace necesario que las grandes empresas cuenten con procedimientos de debida diligencia acordes a la naturaleza y magnitud de los riesgos en los que pueda incurrir, y pese a que en concreto las empresas del IBEX 35 cuentan con compromisos y políticas en materia de lucha contra la corrupción, en la mayor parte de los casos no aportan información sobre procedimientos de gestión de los riesgos de corrupción a los que se enfrentan en su ámbito de actividad. Apenas 9 de las 35 empresas del IBEX informan que evalúan los riesgos en corrupción, pero solo 5 identifican al menos someramente cuáles son estos riesgos, según la evaluación realizada al respecto por el Observatorio de RSC.
Ninguna de las empresas del IBEX 35 presenta información suficiente sobre resultados de la auditoría anticorrupción, y menos aún sobre las medidas adoptadas a consecuencia de la auditoría.
Así, ninguna de las empresas alcanza el aprobado en información sobre cumplimiento legal contra la corrupción. Las únicas que se aproximan al 5 sobre 10 puntos son Meliá Hoteles (aún por debajo del 4), Naturgy, Red Eléctrica, Repsol y Telefónica, mientras que por el contrario otras cuatro empresas ni siquiera pasan del 0 al 1 sobre 10: Banco Sabadell, 2,7 sobre 100 puntos, ACS 3,03 sobre 100, Técnicas Reunidas 5 y Amadeus 9,7 ninguna de las empresas del IBEX 35 presenta información suficiente sobre resultados de la auditoría anticorrupción, y menos aún sobre las medidas adoptadas a consecuencia de la auditoría.
Asimismo, Viscofan queda en 1 sobre 10 (10,84 sobre 100) y tampoco alcanzan los 2 puntos sobre 10 otras 9 grandes corporaciones, cuatro de las cuales son bancos que tienen adicionalmente obligaciones legales de identificar y denunciar blanqueos de capitales: Banco Santander (17,44 sobre 100), Bankia (13,77), Bankinter (19,09), Caixabank (17,83), ENCE (13,12), Inditex (14,96), Inmobiliaria Colonial (16,57), Mapfre (18,59) y Merlin (17,44).
Por debajo de los 3 puntos sobre 10 en dar algún tipo de información sobre corrupción hay otras 9 empresas del IBEX: Acciona (29,29 puntos sobre 100), Acerinox (23,63), BBVA (20,01), Cie Automotive (22,88), Ferrovial (20,10), laboratorios Grifols (27,77), IAG-Iberia (25,24) , Indra (22,39), Mediaset (23,64),
14 de las 35 empresas del IBEX están supuestamente implicadas en un total de 26 casos de corrupción en España y en otros países, buena parte de ellas por piezas judiciales abiertas al excomisario Villarejo
Tampoco llegan siquiera al suspenso alto de 4 puntos sobre 5 otras 6 grandes corporaciones Aena (37,60 sobre 100), Arcelor Mittal (30,83), Cellnex (37,12), Enagás (35,91), Iberdrola (31,48) y Melia Hotels (39,06).
Si a todo esto sumamos que 14 de las 35 empresas del IBEX están supuestamente implicadas en un total de 26 casos de corrupción en España y en otros países y que 20 empresas están supuestamente involucradas en casos relacionados por competencia desleal activos durante el ejercicio 2018, el Observatorio de RSC indica en su ultimo informe que no es posible determinar si las medidas de lucha contra la corrupción que afirman tener las empresas del IBEX 35 están siendo eficaces.
Villarejo, Galan y Florentino Pérez
La reputación de buena parte de esas grandes corporaciones con problemas de corrupción está en alto riesgo de ser manchada recientemente pese a sus incumplimientos legales, además de por los casos del Rey emérito, por los mucho más abundantes en los que también intervino el excomisario Villarejo antes de ir a la cárcel y tener ahora pendientes hasta una veintena de piezas judiciales diferentes. Dos de ellas (ACS e Iberdrola) distranjeron buena parte de la atención de los españoles durante la mayoría de la pasada crisis financiera de kla pasada década, aunque los escándalos de las peleas entre sus presidentes todavía colean: Florentino Pérez acaba de ponerse esta semana en manos del abogado de Saracho (exPopular) para el caso Villarejo, al contratar a Carlos Gómez-Jara, experto en derecho penal económico, para ir a por todas en su ataque contra Ignacio Sánchez Galán, que presuntamente contrató al policía José Manuel Villarejo para investigar su vida privada cuando la constructora intentó tomar el control de Iberdrola. Estas revelaciones, publicadas entonces y ahora en exclusiva por El Confidencial, provocaron la dimisión de Manuel Delgado, consejero de ACS, al que se vinculó con Villarejo para obtener información delicada del presidente de la constructora. Delgado, que negó cualquier relación con el caso, puso su cargo a disposición de forma inmediata, dimisión que fue aceptada esa misma tarde.
No es mucho mejor que en casos de corrupción el cumplimiento de las normas tributarias o sobre parísos fiscales por parte de empresas cotizadas y que pueden recibir ayudas públicas en la reconstrucción del COVID
Algo similar sucede respecto a las normas tributarias y el generalizado recurso de las empresas españolas a los paraísos fiscales, incluso por parte de las que han recibido recursos públicos o podrán recibirlos a raíz del por ahora fallido plan español de recuperación contra la COVID por falta del correspondiente consenso parlamentario, como sucedió recientemente por ejemplo con Atradius Crédito-Caución al firmar un convenio con el ICO aunque las normas e indicaciones del Gobierno prohiben que sus avales pasen por paraíso fiscales.
Este panorama sobre fiscalidad responsable o uso de paraísos fiscales (otro de los asuntos puestos de relieve este mismo lunes por el acuerdo europeo para salir de la crisis económica del COVID y por la valoración del mismo realizada por el consejo editorial de Ibercampus.es) no es mucho mejor que el de la corrupción dentro del IBEX 35 donde cotizan cotizadas en el IBEX como multinacionales españolas, aunque en este caso 7 de las 35 corporaciones examinadas alcanzan el aprobado del 5 o lo superan (BBVA, Cellnex, Endesa, Indra, Mediaset, Red Eléctrica y Repsol). Pero por el otro lado hay otras 6 que pueden beneficiarse de ayudas a la reconstrucción sin siquiera alcanzar 1 punto sobre 10, de las cuales 6 quedan en el absoluto ( Acciona, ArcelorMittal, Grifols, IAG, Naturgy y Siemens), siendo el resto de las que no llegan al 1 otras : Acerinox (6,75), Ence (9), Ferrovial (6,75), Técnicas Reunidas (1,5) y también Telefónica (1,5 sobre 100 puntos).
Lo anterior implica incumplimientos de dicha ley, según la cual el estado de información no financiera, de acuerdo con la citada Directiva, debe incluir información sobre los procedimientos de diligencia debida aplicados por la empresa y, cuando sea pertinente y proporcionado, en relación con sus cadenas de suministro y subcontratación, con el fin de detectar, prevenir y atenuar efectos adversos existentes y potenciales. A estos efectos, se entiende por procedimientos de diligencia debida las actuaciones realizadas para identificar y evaluar los riesgos, así como para su verificación y control, incluyendo la adopción de medidas. A este respecto, el punto IV sobre la información significa que deberán dar las empresas respecto a sus estados de información no financiera señala a la Información relativa a la lucha contra la corrupción y el soborno: medidas adoptadas para prevenir la corrupción y el soborno; medidas para luchar contra el blanqueo de capitales, aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro.
Por el contrario, la petición de los 8 partidos señala que en los últimos meses se han publicado informaciones relativas a una posible trama de cobro de comisiones en torno a la construcción de la línea de alta velocidad ferroviaria que conecta el recorrido Medina-La Meca en el que se verían salpicadas empresas públicas españolas y algún ex alto cargo público. Semanas antes de que el servicio del "AVE del desierto" fuera inaugurado, en septiembre de 2018, se publicó que la empresaria alemana y amiga del Rey emérito, Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, reconocía, en una conversación con el excomisario José Manuel Villarejo, que era conocedora de que empresas públicas españoles habrían pagado comisiones de hasta 100 millones de dólares para conseguir de las autoridades saudíes la adjudicación de esta obra.
"Esperamos que las empresas públicas que construyeron el ferrocarril a la Meca, esto es, Renfe Operadora, Ineco y Adif, no sean también inviolables" y que el Congreso pueda averiguar si pagaron comisiones para obtener la adjudicación de ese obra, a quién y si éstas estaban debidamente declaradas, dijo Baldoví. Este justificó la iniciativa de los 8 partidos ante los reiterados vetos del PSOE, PP y Vox a que se debata siquiera la creación de una comisión de investigación parlamentaria sobre las presuntas irregularidades del padre del Rey, y porque legítimamente la Cámara Baja pueda fiscalizar la actuación de empresas públicas "que se financian con el dinero de todos". Y dijo confiar en que al menos los de Pablo Iglesias respalden esta solicitud en la Mesa del Congreso.
Todos los partidos que firman esta solicitud han coincidido en apuntar que resultaría "muy difícil, por no decir imposible", que el órgano rector de la Cámara tumbase esta iniciativa. De hecho, según palabras del portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, sería "escandaloso", además de una "vergüenza".
Esta primera solicitud del Parlament que ahora han secundado algunos de sus promotores a su vez se produjo un día después de la visita de los Reyes a Catalunya, cuando el Parlament volvió a cuestionar el papel de la Monarquía con la aprobación del dictamen de la comisión de investigación sobre el 155 que pide la abdicación de Felipe VI por el discurso pronunciado después de la celebración del referéndum del 1-O, motivo por el que el pleno reprobó al presidente Sánchez del PSOE y al expresidente Rajoy del PP con la abstención de los 'comuns', según relata Júlia Regué en El Periódico.
Felipe VI ya fue reprobado por la Cámara catalana en el 2018 pero el Constitucional, a instancias del Gobierno, la dejó sin efecto al sentenciar que carece de competencias en el asunto y que el "rechazo" por parte de una institución del Estado vulnera la inviolabilidad y el "estatus constitucional" del Rey.
