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EMPRESAS Y RSC
Leves mejoras en trato de consumidores y gobernanza

Las empresas IBEX35 se resisten a informar de cómo cumplen en corrupción,impuestos yderechos ajenos

Observatorio decRSC

Incluso las mayores empresas que cotizan en Bolsa,y por ello están obligadas,se resisten a informar sobre cómo cumplen la ley para evitar la corrupción y la evasión fiscal o respetar derechos laborales y humanos.Todas las 35 suspenden en corrupción el año que cayó por ella el Gobierno del PP de Rajoy, solo seis de las 35 aprueban en fiscalidad y pocas más en otras obligaciones.Así lo indica la primera evaluación de la Ley 11/2018 de información no financiera y diversidad que España retrasó años
Redacción 13 de mayo de 2020 Enviar a un amigo
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El estudio ha sido realizado por el Observatorio de RSC, bajo el titulo La responsabilidad social corporativa en las memorias anuales del IBEX 35. Análisis del ejercicio 2018“, investigación que analiza la calidad de la información reportada por las empresas del IBEX 35 en los ámbitos de buen gobierno, corrupción, fiscalidad, derechos humanos, derechos laborales, medioambiente y clientes y consumidores. El estudio pone el foco en el impacto que la Ley 11/2018 de información no financiera y diversidad ha tenido en el reporte de esas empresas [1], y su conclusión es que ha provocado que mejore algo con respecto a años anteriores, aunque en la mayoría de las empresas sigue orientada a una exposición de logros empresariales y buenas prácticas, alejada del objetivo de rendición de cuentas que busca la ley; en otras palabras, que la RSC sigue siendo utilizada como política reputacional, como revela  que solo dos de las empresas obtienen una nota general de aprobado (Endesa y Red Electrica), mientras que la siguiente es Iberdrola con una nota de 49,6 sobre 100 y Repsol de 40,4, cuando se da la circunstancia de que dichas empresas lideran tambien las quejas y reclamaciones presentadas anualmente por los consumidores y usuarios contra esas empresas, como indica que en el último año del que hay estadísticas publicadas se presentaron más de millón y medio de reclamaciones contra las empresas de luz y gas durante en España.

La explicación de esta paradoja es que las quejas y reclamaciones de los consumidores y usuarios no suelen incluirse en los criterios polémicos usados para elaborar esos informes no financieros, carencia que tampoco resolvió la citada Ley, que sí elevó algo las exigencias en materia de cumplimiento fiscal y lucha contra la corrupción, precisamente los ámbitos donde las calificaciones son menores. De ahí que exista una creciente demanda internacional para que el cumplimiento legal y la RSC se tomen en serio, a fin de sacarlas de su actual desprestigio. Una de las escasas voces españolas en este sentido es desde hace años la de Ibercampus.es, cuyo consejo editorial en su declaración de este domingo como Día de Europa proponía que los estados deben recuperar y defender la identidad digital de cada persona física y jurídica, así como garantizar que sirva para medir sus impactos en el cumplimiento legal y los ODS 2030, con participación de los institutos nacionales de estadística y posibilidad de que esas estadísticas  de RSC ( incluidas las de reclamaciones de consumidores y usuarios) sean sometidas a evaluación colaborativa y participativa de la sociedad, mediante el recurso a tecnologías como el blockchain.

El análisis concluye que, pese a que la entrada en vigor de la ley 11/2018 ha tenido un efecto de mejora en aquellos aspectos que recoge le ley, la calidad de la información, sin embargo, no alcanza un nivel adecuado en ninguna de las áreas analizadas. He aquí en resumen de valoraciones generales como síntesis de cumplimiento en las siete áreas consideradas:



La puntuación obtenida por las empresas del IBEX 35 se sitúa en 33,62 puntos sobre 100 (26,41 año 2017) siendo las 5 primeras empresas en el ranking: Endesa, REC, Iberdrola, Repsol y Banco Santander, afectado también por decenas de miles de reclamaciones de los clientes y usuarios y en los últimos años en todo en sector por millones de denuncias de estafas a la clientela donde la banca española desatiende el 60% de las reclamaciones extrajudiciales por cláusulas suelo en casi 3 años,  pero al margen de esos procedimientos la gran mayoría de las reclamaciones tambien suelen ser desatendidas, según reconoce para el conjunto del sector el Bancod e España. Lo mismo sucede en el resto resto del sector financiero entre las aseguradoras, donde especialmente Mapfre en el IBEX y otras fuera del IBEX como Catalana Occidente y Crédito y Caución-Atradius están reiteradamente cuestionadas entre consumidores y usuarios.

Tras el Santander quedan hay una quincena de empresas que en la calificación general apenas superan el 3 sobre los 10 puntos posibles o ni siquiera llegan a ese suspenso de 3:  Mediaset,  Telefónica, Indra, Acciona, Cellnex, Inditex, Aena, Meliá, Bankinter, BBVA, Naturgy, Caixabank, Enagas, Amadeus, Mapfre, Bankia, Banco Sabadell y eNCE.

Las 5 últimas empresas del ranking general son Acerinox, Técnicas Reunidas, Viscofán, ACS e IAG, precedidas por Acerinox, Inmobiliaria Colonial, Merlin Properties, Ferrocial, Grifols, AcelorMital, Siemenes-Gamesa y Cie Automotive.

En ausencia de exigencias de información como las citadas sobre las reclamaciones de consumidores y usuarios, clientes y consumidores, seguido de los aspectos laborales, son las áreas sobre las que mejor informan las empresas del IBEX 35. Por el contrario, las áreas con menor grado de transparencia son las relacionadas con los derechos humanos, corrupción y fiscalidad.

La Ley de 2018 ha tenido efecto positivo pero aún queda mucho camino por recorrer para una rendición de cuentas real, según el Observatorio de RCS

La entrada en vigor de la Ley 11/2018 ha supuesto que empresas que el año anterior no informaban sobre determinadas cuestiones, este año, hayan hecho un esfuerzo para incluir la información requerida por la ley en el denominado “Estado de Información No Financiera” (incluido en el informe de gestión consolidado), según recuerda el Observatorio de RSC. Sin embargo, al no establecer la ley la metodología de presentación de esa información, la empresa, en la mayoría de los casos, se limita a una descripción genérica sin aportar, datos cuantitativos que mejoren la calidad de la información.

La información no resulta homogénea entre el conjunto de empresas analizadas al variar mucho el grado de detalle y por la utilización de indicadores y metodologías  dispares que no cumplen, en muchos casos, con los criterios de comparabilidad, materialidad, relevancia y fiabilidad que exige la ley. Tampoco se puede considerar que se adapten a los estándares GRI, citados por prácticamente todas las empresas como referencia de reporte para el estado de información no financiera. Estos incumplimientos son omitidos en la práctica totalidad de los casos en la verificación externa del documento, lo que indica que la labor de los verificadores también es manifiestamente mejorable. 

En fiscalidad responsable, 6 empresas del Ibex sacan una nota de 0 sobre 100 puntos posibles y otras 5 ni siquiera alcanzan el 10, con Telefónica en el 1,5

Fiscalidad responsable. El análisis realizado por el Observatorio de RSC concluye que, pese a que las empresas del IBEX35 aportan más cantidad de información sobre su fiscalidad que en años anteriores, la información no es precisa ni cuenta con el desglose suficiente para evaluar el cumplimiento del compromiso con una fiscalidad responsable.

Así de las 18 empresas que tienen presencia en paraísos fiscales [2], solamente 6 facilitan algún tipo de explicación acerca de los motivos de esta presencia. 30 empresas de las 35 del IBEX tienen presencia en nichos fiscales, pero solo 4 (Endesa, Repsol, Banco Santander e Indra) reconocen a efectos fiscales su presencia en estos territorios.

Otra cuestión no menos preocupante es la información que sobre los impuestos pagados aportan las empresas. Si bien 15 empresas presentan información del impuesto de sociedades pagado por país, ninguna informa sobre el tipo nominal y el tipo efectivo, cuota, base imponible y resultado contable antes de impuestos por país, aspectos básicos junto con la facturación en el país y el número de empleados para poder verificar si la empresa está o no realizando estrategias de elusión fiscal.

Así, en este apartado de fiscalidad responsable en la valoración hay seis empresas que ni siquiera superan el 0 sobre 100 puntos posibles: Acciona, ArcelorMittal, Grifols, IAG, Naturgy y Siemens Gamesa. Además, por debajo de 10 sobre 100 puntos quedan Acerinox, Ence, Ferrovial,Técnicas Reunidas y Telefónica (en ambos casos con un 1,5 sobre 100).  

En este contexto de incumplimiento generalizado las únicas empresas que aprueban son Banco Santander, BBVA, Cellnex, Endesa, Indra, Mesiaset, Red Electrica y Repsol.

En un contexto de crisis social y económica, que va a necesitar de ayudas públicas para afrontar las consecuencias de la crisis, se hace más necesario que las empresas aporten una mayor y mejor transparencia de esta información. Países de nuestro entorno como Dinamarca, Polonia o Francia, ya han anunciado que aquellas empresas que eludan impuestos a través de paraísos fiscales no serán elegibles para las ayudas económicas tras la crisis del Covid-19.

Sin avances en la rendición de cuentas sobre derechos humanos

Este sigue siendo el aspecto que peor parado sale en el análisis, si bien cada vez son más las empresas que aprueban políticas corporativas en materia de derechos humanos, pero sigue sin haber apenas información sobre cómo garantizan la no vulneración de los derechos humanos, especialmente en sus cadenas de suministro globales.

En el contexto actual de pandemia por la Covid-19 muchas empresas afrontan un reto extraordinario para seguir desarrollando su actividad, pero no deben dejar de asegurar el respeto de los derechos humanos. Instituciones internacionales como el Parlamento Europeo, y ONG como European Coalition for Corporate Justice, entre otras, dejan claro que una sólida reconstrucción económica y social debe basarse en una conducta empresarial responsable.

Solo 9 empresas de las empresas analizadas aportan información sobre la realización de auditorías específicas a sus proveedores en materia de derechos humanos.
Es llamativo que aún la mayoría de las empresas siguen sin interiorizar que los riesgos en materia de derechos humanos son los originados por sus operaciones o actividades hacia las personas y el medioambiente, y no el riesgo que supone para la empresa bien sea reputacional, legal o penal. Solo 12 presentan información sobre los riesgos identificados y solo 8 además incluyen riesgos derivados de sus relaciones comerciales, productos o servicios.

Especialmente negativa resulta la información sobre mecanismos de acceso al remedio en caso de vulneración de derechos humanos, ya que solamente 3 empresas, Repsol, Telefónica y Endesa, admiten contar con este tipo de mecanismos.

Pocas empresas pasan a la acción en la lucha contra el cambio climático

Existe un compromiso manifiesto de las empresas del IBEX 35 en la lucha contra el cambio climático, sin embargo, este se circunscribe fundamentalmente a medidas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Tan solo 7 empresas cuentan con un plan de acción e identifican medidas de adaptación al cambio climático.

Prácticamente todas las empresas aportan información sobre las emisiones de GEI, aunque la evolución es positiva en solo 12 empresas en el caso de emisiones de alcance 1 y de 20 empresas en emisiones de alcance 2. La información sobre otros contaminantes emitidos a la atmósfera es puramente anecdótica. 26 empresas informan de medidas de reducción, pero solo 15 informan del grado de cumplimiento de los objetivos marcados.

Cada vez más se establece una relación entre las consecuencias del cambio climático y la aparición y propagación de enfermedades infecciosas, como la Covid-19. En este contexto las empresas, actores fundamentales en la lucha contra el cambio climático, deben caminar, como el resto de la sociedad, hacia una transición ecológica. Para ello deben contar además de compromisos, con planes de acción efectivos, cuantificables y medibles y ser capaces de informar cómo están respondiendo a este enorme reto común.

Abordar la emergencia climática va a ser trascendental para la reconstrucción y para ello es necesario el compromiso firme y la acción de la empresa en preservar y mejorar el capital natural y el uso eficiente de los recursos. Indicadores como la demanda de la energía o el crecimiento en emisiones son indicativo de que no se está avanzando al ritmo deseado. Es necesario avanzar hacia una economía circular. En este sentido 20 empresas presentan un compromiso en materia de Economía Circular, habiendo suscrito muchas de ellas el Pacto por la Economía Circular del Ministerio de Transición Ecológica. De ellas 15 presentan planes de minimización de residuos, pero tan solo 7 presentan objetivos cuantificables.

Imposible saber si las empresas toman luchan contra la corrupción el año que cayó por ella el Gobierno de Rajoy 

El impacto social y coste económico de la corrupción hace necesario que las grandes empresas cuenten con procedimientos de debida diligencia acordes a la naturaleza y magnitud de los riesgos en los que pueda incurrir. Sin embargo, pese a que las empresas del IBEX 35 cuentan con compromisos y políticas en materia de lucha contra la corrupción, en la mayor parte de los casos no aportan información sobre procedimientos de gestión de los riesgos de corrupción a los que se enfrentan en su ámbito de actividad. 9 empresas informan que evalúan los riesgos en corrupción, pero son solo 5 empresas las que identifican cuáles son estos riesgos.

Así, ninguna de las empresas alcanza el aprobado en información sobre cumplimiento legal contra la corrupción. Las únicas que se aproximan al 5 sobre 10 puntos son Meliá Hoteles (aun por debajo del 4), Naturgy, Red Eléctrica, Repsol y Telefónica.

Si nos centramos en los controles internos de lucha contra la corrupción, ninguna de las empresas del IBEX 35 presenta información suficiente sobre resultados de la auditoría anticorrupción, y menos aún sobre las medidas adoptadas a consecuencia de la auditoría. Si a esto sumamos que, 14 empresas están supuestamente implicadas en un total de 26 casos de corrupción en España y en otros países y que 20 empresas están supuestamente involucradas en  casos relacionados por competencia desleal activos durante el ejercicio 2018, no es posible determinar si las medidas de lucha contra la corrupción que afirman tener las empresas del IBEX 35 están siendo eficaces.

Ninguna de las empresas del IBEX 35 presenta información suficiente sobre resultados de la auditoría anticorrupción




La Ley de 2018 respondió a la que se consideraba en 2016 inminente adaptación de la Directiva 2014/95 de información no financiera, que tras los dos procesos electorales entró en vigor en 2018 afectando a más empresas. cuando más expertos ya aseguraban que la RSC es rentable por entender que la RSC eleva cotizaciones de las empresas españolas, además de hacerlas más rentables y especialmentela  la RSC hace más competitivas y sostenibles a las empresas tecnológicas, como puso de relieve una tesis doctoral. 

Sin embargo, la RSC viene siendo desde hace años más usada en España como como politica reputacional, sin apenas control por sectores que como la banca y las electrícas pretenden reducir sus riesgos reputacionales.

Notas aclaratorias:

[1] La aprobación de la ley 11/2018 de información no financiera y diversidad en diciembre de 2018 tiene carácter retroactivo y se aplica a los ejercicios económicos a partir del 1 de enero de 2018. Determinadas empresas tienen la obligación de presentar un informe de información no financiera que contenga información relativa, por lo menos, a cuestiones medioambientales y sociales, así como relativas al personal, al respeto de los derechos humanos y a la lucha contra la corrupción y el soborno. Este estado debe incluir una descripción de las políticas de resultados y riesgos vinculados a estas cuestiones y debe incorporarse en el informe de gestión de la empresa o en un informe separado que incluya el mismo contenido y cumpla los requisitos exigidos de aprobación, depósito y publicación que el informe de gestión.

[2] De acuerdo con el Real Decreto 1080/1991, la lista de la OCDE y la lista de la Comisión Europea a 31 de diciembre de 2018 y que se puede consultar en la metodología del informe.

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