domingo,5 diciembre 2021
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La reforma universitaria que necesitamos: más allá de la LOSU de Castells

En la apertura del curso universitario 2021-2022, los rectores y las rectoras urgían al ministro Castells para que la próxima ley de Universidad aborde realmente los cambios estructurales que necesitan las universidades, es decir, la anunciada Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Lo recuerda Enrique Javier Díez Gutiérrez. Profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de León. Miembro del Foro de Sevilla, de Uni-Digna y de Redes por una nueva política educativa, quien recuerda lo sucedido desde entonces y concluye que no parece que las propuestas de reformas aborden tales problemas. La universidad debe en su opinión seguir progresando hacia la universalización del conocimiento, la democratización de su funcionamiento y el acceso garantizado de toda la población.

En la comunidad universitaria no deja de sorprender su anuncio de reformas que no se terminan de concretar o que acaban siendo lo contrario de lo que el ministro de universidades defendía previamente. Así fue con el Real Decreto de organización de las enseñanzas universitarias, en el que proponía el modelo de estudios universitarios de tres años de grado y dos de máster (3+2), para más tarde dar un giro radical consolidando el de cuatro años de grado y uno de máster y anunciar el fin de los grados de 3 años. Lo cierto es que esto, la duración de los títulos, «no ha sido la máxima preocupación para la CRUE» ni para sindicatos.

Algo similar ha sucedido con la propia LOSU. El primer borrador de esta reforma del sistema universitario introducía una gobernanza más jerárquica y piramidal estableciendo un modelo presidencialista y gerencial que daba más poder a los rectores, cambiaba el sistema de elección y participación recortando la democracia interna, mermaba los derechos estudiantiles y reducía su participación, a la vez que creaba figuras laborales, como los “profesores distinguidos”, que eludían los procesos de selección pública y transparente y podían ser elegidos a dedo.

El último anteproyecto de la LOSU presentado parece mantener un enfoque neoliberal. Así lo denunciaba el Frente de Estudiantes, exponiendo que “el diseño del ministro Castells no es el de una universidad orientada al servicio de la mayoría social, sino el de una educación superior sometida a los intereses privados, diseñada para la adquisición de mano de obra personalizada y a bajo coste por parte de las empresas”. Recordando, en ese sentido que la introducción de la Formación Dual en las universidades a través de la “Mención Dual”, una de las principales medidas del decreto, supone la apertura de una fuente de mano de obra barata basada en la explotación laboral del estudiantado a través de un nuevo tipo de contrato laboral para el estudiantado universitario en prácticas convirtiendo a los estudiantes en trabajadores de segunda clase, no sujetos a los mismos derechos y condiciones que el resto de la plantilla.

Críticas que también llegan desde todos los sindicatos. Dado que la LOSU mantiene la doble vía paralela funcionarial y laboral, inédita en otras administraciones; dado que fomenta la precariedad, la laboralización de las plantillas y la discriminación y las desigualdades entre figuras laborales y los funcionarios de los cuerpos docentes universitarios. Criticada también porque las mejoras para el profesorado asociado, el más precario, son prácticamente inexistentes. Sorprende que la LOSU siga manteniendo un porcentaje de temporalidad tan alto, el 20%, cuando en otras administraciones públicas el máximo es del 8%. Con el agravante de que ni siquiera se podrá llegar a los nuevos porcentajes del 55% de profesorado funcionario y del 20% de contratos temporales si no se elimina la tasa de reposición y sin un incremento importante de la financiación.

Este es otro de los problemas de fondo. El anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) no viene acompañado una memoria económica específica, explícita y suficiente, que garantice la inversión pública que necesariamente conllevan la adaptación y estabilización de las plantillas para cumplir con la erradicación de la precariedad del profesorado universitario. Además, como denuncia el sindicato CC.OO. tampoco establece una política proactiva para revertir los recortes sufridos en las universidades públicas, de más de 1.400 millones de euros en la última década y más del 22% desde la crisis del 2008.

Así no será posible la mejora de la universidad pública, la dignificación de las condiciones laborales del profesorado y el personal universitario o el acceso de la población a la educación superior en equidad, con el avance hacia la gratuidad de la matriculación como en otros países. El incremento presupuestario planteado por el Ministerio, de 2.200 millones de euros en los próximos diez años, es claramente insuficiente y nos aleja cada vez más de la inversión media de la Unión Europea y de la OCDE en Educación Superior, que es del 1,5% del PIB. Es decir, con una endémica infrafinanciación estructural y sin plantillas estables y adecuadas no hay futuro para la Universidad Pública.

Parece pues que no hay voluntad del Ministerio que preside Castells para financiar la reforma universitaria. Tampoco parece haber realizado un previo estudio a fondo del terreno que pretendía regular. Es más, no parece que sus propuestas de reformas aborden los problemas estructurales reales de las universidades: la persistencia de grupos demasiado numerosos en aulas abarrotadas, a pesar de las promesas del Plan Bolonia; la falta de profesorado estable y de renovación de la plantilla docente universitaria; el incremento exponencial de universidades privadas como negocios que no responden a ninguna necesidad social (desde hace 23 años, desde la Politécnica de Cartagena, no se ha vuelto a crear ninguna universidad pública, mientras se han autorizado 38 universidades privadas) y que han generado una sobretitulación que contribuye que España sea el país de la UE-27 con más sobrecualificación (ocupados universitarios en puestos de baja cualificación); el mantenimiento de precios de matrícula prohibitivos (que son más de cuatro veces superiores en las privadas que en las públicas) o abordar el insuficiente incremento de becas para este curso de 128 millones de euros, hasta un total de 2.038 millones.

Todos estos aspectos son algunos de los cambios estructurales que deberían ser abordados en una reforma universitaria, tal como demanda la comunidad universitaria. Así como establecer medidas efectivas para revertir el ciclo de privatización con la expansión generalizada de universidades-negocio privadas, que están poniendo en manos de fondos buitre la Educación Superior de este país con la finalidad de conseguir altas rentabilidades y beneficios de sus accionistas, lo cual nada tienen que ver con la ciencia y el bien común propio del ámbito universitario. Así como medidas para afianzar y no socavar el autogobierno democrático y una gestión interna corresponsable por parte de las comunidades universitarias reconvirtiendo los Consejos Sociales en órganos de representación de la comunidad social y no de la clase empresarial, como se han conformado actualmente, reequilibrando la representación de todos los sectores universitarios en los órganos de gobierno e incrementando en particular el peso del estudiantado. Aunque en esto algo se ha avanzado pues se refuerza en el último borrador de la LOSU un mayor porcentaje de representación de los estudiantes en los distintos órganos de representación.

Es hora de defender un modelo de universidad pública al servicio de las necesidades sociales reales y prioritarias y no solo de las demandas del mercado. Pero también es necesario profundizar y priorizar la función social de la universidad, consiguiendo un contrato educativo con la sociedad en su conjunto, que entienda la universidad no como un espacio de negocio y formación de mano de obra cualificada al servicio del mercado, ni solo como institución académica de prestigio científico, sino como un bien público y un agente dinamizador para la transformación social.

La universidad, como bien público de utilidad social, debe seguir progresando hacia la universalización del conocimiento, la democratización de su funcionamiento, el acceso garantizado de toda la población sin discriminación de ningún tipo, la reducción y eliminación progresiva de los negocios-universidades privadas, el compromiso académico y científico para salvaguardar la investigación como servicio público con el fin de mejorar el planeta y la sociedad, rechazando la apropiación privada de recursos públicos, financiando de forma efectiva la I+D pública, con un plan de reducción de la precariedad del empleo en la docencia y la investigación (casi la mitad de sus efectivos con contratos temporales) y de un sistema de acreditación del profesorado universitario que supongan una evaluación más justa y que responda a un modelo de ciencia y docencia para el bien común.

En definitiva, lo que necesitamos es una Universidad Pública y una Investigación Pública orientadas hacia intereses sociales generales: la preservación del planeta y sus recursos naturales, la paz, la igualdad, la economía para el bien común y la justicia social. Y una universidad organizada y gestionada democráticamente que dé ejemplo del modelo social que se defiende. Una universidad pública de todos y todas y para todos y todas.

Enrique Javier Díez Gutiérrez. Profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de León. Miembro del Foro de Sevilla, de Uni-Digna y de Redes por una nueva política educativa.

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