El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, comparecerá este miércoles en el Congreso para informar sobre la nueva política de becas, casi un mes después de que el Gobierno aprobase por real decreto una reforma que ha cambiado el diseño de las ayudas al estudio, el modo en que se asignan y los requisitos académicos para acceder a ellas.
La de Wert es una de las comparecencias en periodo extraordinario aprobadas por la Diputación Permanente el pasado 24 de julio, cuando, con los votos del Grupo Parlamentario Popular, se autorizó que pasaran además, por la Cámara Baja en el mes de agosto el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; el ministro de Industria, José Manuel Soria; y la titular de Empleo, Fátima Báñez.
En el caso de José Ignacio Wert, la comparecencia ante la Comisión de Educación se produce tanto a petición del Grupo Socialista como por iniciativa propia, para informar sobre la nueva política de becas con intención de "desmontar la ola de alarmismo" que a juicio del Grupo Parlamentario Popular, está despertando la oposición sobre este tema, al afirmar que pone en jaque la igualdad de oportunidades de los estudiantes.
El decreto, desarrollado ya en la convocatoria de becas para el curso 2013/2014 que publicó el BOE el 19 de agosto, articula las ayudas en una parte fija y otra variable. La primera incluye 1.500 euros por baja renta, 1.500 euros por cambio de residencia –tomando como referencia la vivienda de miembro de la unidad familiar más cercana al centro docente–, la gratuidad de matrícula y la beca básica (200 euros en Bachillerato). La variable será al menos de 60 euros y dependerá de la nota, la renta y de si hay presupuesto disponible.
Para acceder a la gratuidad de matrícula, los estudiantes deberán contar con una nota media de 5,5 puntos, mientras que para recibir alguna de las ayudas económicas directas tendrán que acreditar que la media es de al menos un 6,5. Los alumnos que abandonen antes de acabar el curso, que no hayan asistido al menos al 80% de las horas lectivas o no hayan superado la mitad de los créditos matriculados, en el caso de la Universidad, tendrán que devolver el dinero.
Asimismo, para mantener la beca los alumnos deberán haber superado en el curso precedente el 100% de los créditos en Artes y Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas (o el 90% con una media de 6,5) y Ciencias y Ciencias de la Salud (o un 80% con un 6,5). Si cursan Ingeniería o Arquitectura o enseñanzas técnicas tendrán que haber aprobado el 85 por ciento de los créditos (o un 65% si la nota media es de 6,5).
200 millones menos de presupuesto
El Consejo de Estado dictaminó esta iniciativa a finales del mes de julio y dijo echar de menos que, al igual que en el decreto de 2012 que elevó la nota mínima de acceso de 5 a 5,5, el Ministerio de Educación aportase "un estudio en profundidad del impacto educativo que producirán los nuevos requisitos académicos" y en el que se "ponderen las consecuencias" de esta medida desde la perspectiva de "la igualdad de oportunidades".
Según explica, en el Real Decreto "no aparece valorado en absoluto el impacto que tendrá" la reforma de las becas ni se indica cuál será su "efecto social". "Ni siquiera se refleja en la memoria el efecto que tuvo la reforma" anterior, critica el Consejo de Estado, para recordar que en su momento se pronosticó un ahorro de 230 millones de euros al elevar la nota mínima de acceso a una beca pero no se ha informado sobre la "realidad o error" de aquella previsión.
"No se apunta siquiera cuántos ni qué tipo de alumnos pasarán a obtener, o perderán, becas, y los efectos de ello, lo que puede ser trascendente y no necesariamente justo; tanto más cuanto se cambian y endurecen los requisitos académicos, pese a lo que se dice en la memoria, se aumentan los umbrales económicos 2 y 3 (suprimen los umbrales 4 y 5), e incluso el importe económico previsto -según el borrador de la memoria- para becas en el curso 2013/2014 es del orden de 200 millones de euros menos que lo previsto para el curso 2012/2013", expone el dictamen.
Aunque el Consejo de Estado reconoce que ni la Constitución ni las Leyes sobre educación establecen criterios precisos en materia de becas, sí recuerda que "en todo caso, el sistema debería tender a que las personas que carezcan de medios económicos para poder estudiar lo hagan de igual modo, o del más parecido posible, al resto de los estudiantes, sin exigirles una infalibilidad que no se exige del mismo modo a ese resto de estudiantes".
Además, advierte de que "sería un error pensar que a los estudiantes, tanto los que reciben ayudas como los que no las reciben, les es indiferente el resultado de sus estudios". "Ciertamente no lo es, pues el propio sistema educativo establece criterios incluso académicos para superar los cursos y contempla supuestos que pueden llegar a la expulsión de estudiantes que no logren los niveles exigibles, que deben ser equiparables", explica el Consejo de Estado.
