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EMPLEO Y FORMACIÓN
Ertes, becas, falsos autónomos y cotizantes, sus objetivos

Sobreproducción entre inspectores de Trabajo y polémica por la externalización en Seguridad Social

Spass.es

Los sindicatos de inspectores de Trabajo, cuya sobreproducción les ocupa hasta los festivos, critican la licitación abierta por la Tesorería General de la Seguridad Social para externalizar un servicio de "consultoría estratégica" en la lucha contra el fraude laboral, muy extendido en la educación tanto privada como pública. Accenture, compañía adjudicataria, ya tuvo asignado este mismo contrato público, cuando en 2014 externalizó esta tarea la entonces ministra de Trabajo y Seguridad Social .
Redacción 13 de noviembre de 2020 Enviar a un amigo
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En medio de este conflicto entre los inspectores de Trabajo y el Ministerio que dirige José Luis Escrivá, ha trascendido que los  956 inspectores de Trabajo más otro centenar de subinspectores están trabajando fines de semana y festivos para cumplir con las 250.000 actuaciones previstas este año con motivo de la pandemia. La pretensión del Organismo Autónomo de la Inspección -aunque se creó en 2015, el próximo ejercicio será el primer año que cuente con presupuesto propio- es que este 2020 se realicen 100.256 inspecciones relativas al fraude en los Ertes, en concreto en las prestaciones y la posible connivencia entre empresarios y trabajadores; otras 116.189 inspecciones derivadas de la habilitación que se otorgó a los inspectores en junio para que controlen y adviertan a las empresas del riesgo de la exposición al Covid-19 en los centros de trabajo, 30.813 informes de los Ertes y, finalmente, 2.876 inspecciones para investigar denuncias laborales de los trabajadores. En total 250.134 actuaciones, según Eleconomista.

A esa sobreproducción, que mantiene la Inspección de Trabajo al borde del colapso, ha contribuido el sector educativo, que todos los veranos repite el fraude laboral de los más de 200.000 enseñantes despedidos para no cotizar a la Seguridad Social, prácticas en las que participa tanto al sector privado como al público. El Gobierno de Sánchez ha anunciado dos planes de la inspección contra la temporalidad fraudulenta sin comentar escándalos, entre ella la de falsos autónomos y varios centenares de miles de trabajadores de la enseñanza que son despedidos en junio y vueltos a contratatar en septiembre u octubre, aún cuando no habia finalizado el Plan 2018-2020 de Inspección de Trabajo anunciado a su vez por el Gobierno de Rajoy tras aflorar 519.056 empleos irregulares, del que no ha llegado a publicarse un balance detallado.

Por ello y por la extensión de ERTEs durante la pandemia de COVID-19, la educación ha sido el sector más afectado por los ERTEs prorrogados este verano, tras hostelería y comercio. Aunque la Inspección intensificó la busca de fraude en los ERTE con una campaña sobre la protección, en la actualidad ella misma registra sobreproducción entre inspectores de Trabajo y polémica por la externalización en Seguridad Social.

El problema es que "Inspección tiene pocos recursos y los abusos en becas, falsos autónomos etc están muy extendidos", como deunciaba en Ibercampus.es uno de los investigadores (Pablo Sanz de Miguel) contratados por Eurofound (2017) para revisar contratos fraudulentos de becarios en Austria,Finlandia, España y Reino Unido. Y es que hay 12 modalidades de prácticas, si se incluyen las no laborales y las laborales. En este contexto,  la organización juvenil de UGT, RUGE,  denunció hace un año a 16 empresas ante la Inspección de Trabajo por "fraude en la contratación de becarios", denuncia que incluye a agencias de colocación y portales de empleo, especialmente sobre El Mundo del Becario.

Un  caso similar pendiente aún en sus flecos de los tribunales se planteó en 2017 en la Universidad Autónoma de Madrid, sancionada con una multa de 300.000 euros por utilizar más de 400 becarios externos internamente para sustituir a trabajadores sin darles formación, escándalo que sigue abierto tras ser condenada la Universidad de Málaga por despedir a tres profesores temporales con 35 años de antigüedad "en fraude de ley" para cubrir una necesidad "estructural". En cambio, la Universidad Autónoma de Madrid fue absuelta tras la contratación de un bufete externo por casi 100.000 euros pese a tener una prestigiona Facultad de Derecho, si bien Seguridad Social y becarios (que sorprendentemnte fueron envueltos en la misma demanda) recurrieron la sentencia. El rector de la UAM, el malagueño Rafael Garesse, antes vicerrector y presidente de la Fundación de la UAM, no ha abierto entre sus responsables ningún expediente administrativo, aunque en el miso año 2007 intentó desviar la atención expedientando por supuesto uso de becas irregulares a dos profesores universitarios, aunque los tribunales han anulado finalmente la sanción.  

El objeto del polémico contrato de externalización en la inspeccion de la Seguridad Social es "el mantenimiento y el desarrollo del modelo de lucha contra el fraude a la Seguridad Social en el ámbito de competencias de la Tesorería General de la Seguridad Social, realizando los trabajos de consultoría estratégica mediante la ejecución de las tareas especificadas en el mismo”, según figura en las prescripciones técnicas del pliego de la licitación, informa Laura Olías en el diario.es. El fraude en la Seguridad Social consiste en los abusos de las empresas respecto a sus obligaciones de "afiliación, cotización y recaudación", entre otras. Un ejemplo claro es el de los falsos autónomos, pero también otros que tengan que ver con la falta de alta en la Seguridad Social o los fraudes en la cotización, como en los contratos fraudulentos a tiempo parcial.

La empresa adjudicataria de la licitación colaborará, entre otras funciones concretas, con "la definición de la estrategia y metodología" en la lucha contra el fraude en los próximos dos años, "periodo que se considera idóneo para desarrollar el modelo estructural contra el fraude en el ámbito de la TGSS", recogen los pliegos.

Fuentes del Ministerio de la Seguridad Social apuntan que "la licitación no está terminada, es un procedimiento aún en marcha" y recuerdan que se trata de un contrato público "que viene de atrás". En cualquier caso, insisten, "no se trata en absoluto de sustituir a la Inspección de Trabajo", sino que la empresa concesionaria realizará funciones "complementarias" muy especializadas que "faciliten" el trabajo de la autoridad laboral a través del llamado 'Big Data'. El anuncio de la licitación se publicó este verano, en junio, y en los últimos días se ha publicado el informe de valoración de los criterios de adjudicación de las empresas que han concursado al servicio: Deloitte Advisory, Accenture, KPMG Asesores y PwC Asesores de Negocios, oligopolio de empresas que trabajan tanto en la auditoría como en la consultoría, ampliamente cuestionado públicamente por ello como presunto conflicto de interés tras los fallos en la detección de problemas y de agujeros contables en las cuentas de algunas empresas, incluso entre profesionales de la auditoríaque critican la concentración del negocio en las cuatro grandes ( Deloitte, PwC, KPMG y EY concentran desde 2015 unos beneficios superiores 1.845,5 millones,  seguidas a distancia por BDO, Grant Thorton, Auren, RSM, Mazars y Adabe),

Accenture acaba de hacerse por otro lado con un contrato público para el "mantenimiento de sistemas informáticos en el ámbito del fraude e inteligencia artificial" de la Inspección de Trabajo, que ha licitado el Ministerio de Trabajo en este caso. La división del Ministerio de Trabajo y el de la Seguridad Social fue muy criticada por los inspectores, ya que realizan tareas de fiscalización contra el fraude en ambas materias. La Inspección de Trabajo quedó finalmente bajo el paraguas orgánico de Trabajo, dirigido por la ministra Yolanda Díaz, pero el Gobierno se comprometió a crear un "órgano de coordinación" entre ambos ministerios. "Este órgano aún no se ha creado y se han superado ya los plazos para ello", recuerda Mercedes Martínez, portavoz de UPIT (Unión Progresista de Inspectores de Trabajo).

El "peligro" de la externalización

"Esto es como si a un niño le dejas que se corrija solo el examen, en lugar de que lo haga la profesora. Seguramente, saque un sobresaliente", compara Ana Ercoresa, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y de la Seguridad Social (SITSS), el organismo más crítico contra la licitación del Ministerio. "La noticia nos ha enfadado mucho, porque está claro que hacen falta refuerzos en este ámbito, pero en el servicio público de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, esto no se debería externalizar nunca a una empresa privada", apunta.

La Administración Pública cuenta con la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude, que ya ha utilizado el cruce masivo de datos y la inteligencia artificial en su lucha contra el fraude, por ejemplo, contra la brecha salarial. Además, existe el Observatorio para la lucha contra el fraude a la Seguridad Social, como órgano de participación en la materia, con presencia de los agentes sociales.

Ana Ercoreca considera que la externalización del servicio es incluso "ilegal", ya que subraya que "la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social es la que tiene las competencias en exclusiva en esta materia" y ha exigido este mismo lunes una reunión con el ministro José Luis Escrivá para que retire la licitación. En cualquier caso, la presidenta del SITSS critica que el Ministerio haya publicado la externalización de este servicio sin consultar a los representantes de los trabajadores.

Gasto de 6,2 millones de euros

La licitación del servicio tampoco ha gustado en UPIT, que no obstante recuerda que este mismo contrato ya se externalizó en el pasado, por un importe algo inferior. En este contrato público el valor se estima en 6,2 millones de euros para dos años y en la de 2014 estaba calculada en unos cinco millones de euros.

"Como hemos dicho en el pasado, nunca somos partidarios de estas externalizaciones, que además no suelen dar buen resultado, en las que se deja en manos de empresas privadas datos relacionados con derechos económicos de las personas trabajadoras", explica Mercedes Martínez, portavoz de UPIT. La inspectora de Trabajo destaca el "peligro" de que estos servicios públicos recaigan en empresas privadas, que "pueden tener conflictos de intereses".

El sindicato UGT ha lanzado también un comunicado de repulsa a esta externalización, ya que considera que "supone un parche inadmisible y una renuncia por parte de la Administración General del Estado a su obligación de innovación, en un momento en que la necesidad de digitalización de la Administración es indispensable". El sindicato apuesta por "un cambio de sesgo en la política anti fraude", que se centre en la "modernización y adquisición de recursos propios" dentro de la Inspección de Trabajo para que sea esta la que ejecute la lucha contra el fraude laboral.


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