El informe del Gobierno Electrónico 2021 (Govermment Benchmark 2021) compara cómo los gobiernos prestan servicios públicos digitales en 36 países europeos, mediante la evaluación de los llamados “eventos de la vida (life events)” basados en indicadores específicos. Dichos eventos incluyen paquetes de servicios gubernamentales que apoyan a ciudadanos y emprendedores a través de puntos clave de sus vidas, tales como el nacimiento de un hijo o el inicio de un negocio.
España aparece en un nivel medio-alto de digitalización y medio de penetración de sus administraciones electrónicas, que superan la media europea en los 4 principales ámbitos. España tiene el 94% de esos servicios en línea, cuando la media europea es 81%. Además, el 88% de los portales públicos muestran si los datos personales fueron consultados, 27 puntos por encima del 61 % de media europea. Incluso el 83% de los servicios aceptan formalmente identidad electrónica, frente al 64 % de media europea. Por último, el 67% de los servicios están en línea para usuarios transfronterizos, cuando la media europea queda en el 43%.
Sin embargo, esos éxitos comparativos del Gobierno electrónico español del conjunto de las administraciones públicas quedan empañados por el fracaso efectivo de los diversos sistemas de identidad digital españoles y también europeos. En las comparaciones transfronterizas españolas el uso de la identidad digital baja en España hasta un 12% frente, frente al 21,7% de media europea. Esto confirma las diversas denuncias de Ibercampus.es, compartidas por la Asociación Española de Fintech e Insurtech (AEFI), que meses después de iniciarse la pandemia de Covid 19 informó que solo usa realmente DNI electrónico y certificados FNMT el 1% de españoles, lo que impide al Estado funcionar en tiempo real y liberar un impacto de hasta un 13,6% del PIB o emerger un fraude por otros conceptos de 254.000 millones de economía sumergida. Ello no solo afecta al fraude o elusión fiscal, sin o que impide a los españoles ejercer sus derechos a recibir subvenciones, frenado por ejemplo ante la imposibilidad de solicitar subvenciones como las de autoconsumo de energía convocadas los últimos meses por diversas comunidades autónomas, entre ellas las gestionadas el último mes por la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid, sobre las cuales varios usuarios han denunciado a Ibercampus.es la imposibilidad de validar su email con el DNI electrónico pese a tener sus documentos y dispositivos en regla para aspirar a subvenciones por casi 2.000 euros.
Los indicadores comparativos se agrupan en 4 puntos de referencia principales:
- Centralización del usuario: indica el grado en que se proporciona un servicio en línea, su facilidad de uso para dispositivos móviles y su usabilidad en términos de soporte disponible en línea y mecanismos de retroalimentación. España alcanza un récord del 95%, frente al 88,3% de media europea, sobre todo por apoyo al usuario y disponibilidad online.
- Transparencia: indica hasta qué punto los gobiernos son transparentes en 3 ámbitos: procesos de entrega (el único que con 65% queda casi en la media total comunitaria del 64,3%), las responsabilidades y desempeño de las organizaciones públicas, y los datos personales tratados en los servicios públicos. El 74% total de media española queda casi 10 puntos por encima de la europea.
- Facilitadores clave (donde España llega con su 80% a superar casi en 15 puntos la media comunitaria): indican el límite de las precondiciones técnicas y organizacionales para la prestación de servicios desarrollados del Gobierno Electrónico, como la identificación electrónica y las fuentes de autenticación. Pero qui ya se ve que de esos 4 indicadores en identificad digital España baja a 64% , aunque la media comunitaria también desciende en este a 59,1% .
- Movilidad transfronteriza (el peor indicador para España por su media de 63% y para el promedio europeo del 54,8%: indica el límite de la utilización de los servicios en línea por usuarios de servicios públicos de otro país europeo. Y es en este frente donde España muestra el mayor fracaso, ya que su nivel de identidad electrónica transfronteriza es del 12%, frente a la media europea del 21,7%:
La pandemia de la COVID-19 no solo ha traído turbulencias, también ha estimulado la resiliencia y la innovación, impulsando la digitalización de la economía y la sociedad de la UE, lo que incluye la prestación de servicios digitales por parte de los gobiernos.
El análisis de este año 2021 dio luz a las siguientes conclusiones políticas clave:
- En respuesta a la crisis de la COVID-19, los “Eventos en Directo Start-Up Profesionales y Empresariales” han demostrado que las administraciones europeas tienen lo que se necesita para construir servicios digitales. Más áreas gubernamentales podrían alcanzarles.
- Los servicios del gobierno central superan a los servicios locales y regionales. La digitalización de servicios ofrece la oportunidad de agilizar los viajes gubernamentales a través de múltiples entidades gubernamentales
- Los servicios empresariales son más digitales que los servicios orientados a la ciudadanía.
Los usuarios nacionales tienen una ventaja sobre los usuarios transfronterizos. Menos de la mitad de los servicios disponibles a nivel nacional pueden ser completados en línea por usuarios transfronterizos.
Según este estudio, España se ubica con un nivel medio de penetración, que equivale a la media europea (67%), y en el nivel medio-alto de digitalización, formando parte del escenario Fruitful eGov, que incluye a los países de su clase que están por encima del promedio europeo.
Los indicadores relativos de España muestran un país con casi todas las características (usuarios, gobierno y contexto digital) alineados con la media europea. La banda ancha y su calidad (indicador de Conectividad) y la Transparencia, indicador que mide el Gobierno Abierto, son los que se comportan significativamente por encima de la media europea.
Entre los indicadores que miden el rendimiento de las políticas de Administración Electrónica, España destaca especialmente en Usuario (95 puntos frente a 88,3 de media en la UE), que mide si un servicio es ofrecido online (96 frente a 87,2), si existen funcionalidades de soporte y ayuda (98 frente a 91,2) y si está adaptado a dispositivo móvil (86 frente a 88,4). En Transparencia (74 puntos frente a 64,3 de la UE), Facilitadores clave (80 frente a 65,2) y Servicios transfronterizos (63 frente a 54,8) también se sitúa por encima de la media de países de la UE.
Promover la transformación digital de los gobiernos sigue siendo una prioridad clara para la UE: los Estados Miembros planean realizar inversiones considerables para digitalizar aún más sus administraciones públicas bajo el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y la Comisión ha presentado una propuesta del Parlamento Europeo y el Consejo que establece el Programa Político 2030 para un » Camino hacia la Década Digital«.
En este contexto, el informe del Gobierno Electrónico es clave para continuar el seguimiento de los avances en los servicios públicos en línea. Si bien el análisis de tendencias puede señalar en qué áreas y cómo los gobiernos han mejorado, las lecciones aprendidas pueden ayudar a acelerar el progreso en el ambicioso camino hacia el logro de los Objetivos de la Década Digital.
Entre los indicadores que miden el rendimiento de las políticas de administración electrónica, España destaca en usuario (95% frente a 88,3% de promedio en la UE), que mide si un servicio es ofrecido online (96% frente a 87,2%), si existen funcionalidades de soporte y ayuda (98% frente a 91,2%) y si está adaptado a dispositivos móviles (86% frente a 88,4%).
También se sitúa por encima en materia de transparencia (74% en comparación con el 64,3% de la UE), facilitadores clave (80% frente a 65,2%) y servicios transfronterizos (63% frente a 54,8%).
Entre otros datos, el informe destaca que el 94% de los servicios están online, un 88% de los portales gubernamentales muestran si se han consultado los datos personales, un 83% de los servicios aceptan la identificación electrónica y un 67% de los servicios están disponibles desde otros países.
Sin embargo, el ranking final de digitalización España ocupa en este último informe comparativo europeo el país número 11 entre los 27 miembros de la UE, por detrás de los nórdicos e incluso de Portugal (7º) o algunos estados del Este:
Más rezagada (España queda en el puesto 14º) es la posición en penetración del conjunto de los servicios digitales, por detrás igualmente de países nórdicos, algunos del Este, además de en este caso por Francia, no Portugal entre los vecinos más próximos: