sábado,29 enero 2022
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Posición del consejo editorial de Ibercampus.es

Es obligación de todos «tirar de la manta» para una mejor Universidad

Consejo editorial de Ibercampus.es
Cada día que pasa desde que se inició el máster de Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid y por tanto máxima responsable de la ejecución y gestión del servicio público universitario, se acumulan más indicios y argumentos de que pudo haber algo más que un trato de favor a la titulada. Así lo ha reconocido la mayoría de la prensa, en especial la digital, que ha cumplido sus funciones mejor que los poderes públicos de distinto nivel, incluidas desde URJC a Conferencia de Rectores.

Los daños causados ya por el escándalo son incontables, por afectar en muchos casos a valiosísimos intangibles. No se limitan por tanto a la propia Cristina Cifuentes, a la estabilidad de su Gobierno, o a la universidad, desde la Rey Juan Carlos (y en consecuencia los involucrados en su nombre) a las universidades públicas y privadas. Tales daños se extienden a la marca de su partido (el PP), aunque también a buena parte de las instituciones públicas, desde los demás partidos (pues la presidenta y el PP han intentado defenderse atacando a otros, a veces con algunas razones). Afectan asimismo al Gobierno central (en especial a sus ministros de Educación y Justicia), y llegan hasta el Tribunal Constitucional, citado por la presunta participación de uno de sus magistrados en las presuntas irregularidades, cuando el TC es precisamente el intérprete de la Carta Magna en lo que atañe al concepto constitucional de "autonomía universitaria", incluida en su art. 27.1 como derecho fundamental reconocido a cada universidad "en los términos que la ley establezca".

Pero esa “ley” es responsabilidad principal de la Comunidad. Cabe recordar al respecto que, al margen de las competencias legislativa y reglamentaria que ejerce Madrid sobre las universidades (la primera compartida con el Estado, la segunda en exclusiva), tiene como todas las comunidades autónomas competencias exclusivas de ejecución y gestión del servicio público universitario, con excepción de la alta inspección, y en la práctica hasta los principales puestos de los consejos sociales de las universidades de Madrid han dependido de la Comunidad.

Hay muchos motivos para el cese inmediato y/o la dimisión deCristina Cifuentes y el rector de la URJC

En virtud de todo ello, la universidad madrileña ha sido la que más se ha encarecido desde finales del 2011 para las familias de toda España, nada menos que un 52%, según ha informado puntualmente Ibercampus.es hasta finales de 2014, sin que después las congelaciones de tasas hayan alterado la situación, debido a los recortes  de becas y otros. Pese a ello, todavía casi el 90% de los costes totales de las universidades públicas son pagados en última instancia por los contribuyentes, en muchos casos de condición económica inferior a quienes cursan estudios universitarios. Frente a esa carestía, este escándalo lleva aparejado en sus muchos efectos una devaluación de sus títulos, en la que ha participado destacadamente quien debería haber velado justamente, por lo contrario. Motivo que justificaría junto a otros muchos el cese o la dimisión inmediatos de Cristina Cifuentes y el rector de la URJC, en opinión del consejo editorial de Ibercampus.es que suscribe este posicionamiento editorial.

No obstante, y sin entrar en la forma y opciones políticas del relevo de Cifuentes, Ibercampus.es entiende que el escándalo y sus polifacéticas derivadas han de tener mayores consecuencias prácticas. La primera de ellas la resumimos en que ha de ser obligación de todos “tirar de la manta” de los diversos aspectos del caso para lograr una mejor Universidad, sin necesidad de esperar a que lo haga por ejemplo el cesado y desautorizado director del máster de Cifuentes, que según algún medio  amenaza con "tirar de la manta" contra el PP.

La participación responsable en esta tarea de máxima transparencia y en su caso de denuncia pública incumben a todos, pues a todos nos afectan los vicios y miserias que, a la luz de este caso, se atribuyen no solo a la URJC, sino a toda la universidad: endogamia, ausencia de crítica, servilismo, precariedad, corrupción,  racanería y otras, pasando por el terminar de Engordar el currículum como  larga tradición de la política española. La prensa digital ha cumplido en este escándalo una meritoria tarea, en la que han destacado especialmente las revelaciones de eldiario.es a pesar de las amenazas jurídicas de Cristina Cifuentes, elconfidencial.com, infoLibre.es y otros.  

Esa apelación a todos debería llevar a incluir destacadamente la universidad y el conjunto de la educación, la ciencia y el I+D entre las prioridades de los programas y debates de las próximas elecciones autonómicas y municipales, así como en los siguientes generales. Y no solo porque la educación cuesta anualmente al erario público unos 50.000 millones de euros (en gran parte administradas por comunidades autónomas y ayuntamientos), tanto como la sanidad y casi la mitad que las pensiones, las tres principales partidas del gasto público junto a la financiación de la deuda pública, aminorada los últimos años por la situación monetaria.

Universidad, ciencia e I+D merecen destacar entre las prioridades de los programas y debates de las próximas elecciones 

El debate es mucho más imperioso a la vista del fracaso de las negociaciones del pacto educativo, que pretendía terminar con dependencia de las grandes leyes y reformas de la educación del signo político del gobierno de turno. Lo merecen también las altas funciones atribuidas a la universidad como factor de igualdad de oportunidades, inclusión social o incluso de ascenso o “ascensor social”, en buena parte devaluado también en España por la precariedad del empleo, en especial de los jóvenes, muchos de los cuales salen de las universidades españolas con sus títulos tras asistir a más del 80% de las clases presenciales, como es norma para ser calificado en muchos grados además de máster y otros estudios de postgrado.

Las relevantes funciones de la universidad, más allá de su aportación al Estado de Bienestar, se extienden también a la intermediación entre el conocimiento y la realidad, en lo que importan tanto la docencia como la investigación y el desarrollo, igualmente desatendidas durante los últimos años de recortes presupuestarios que han elevado el coste de la universidad para las familias madrileñas en apenas tres años el citado 52%, con la excusa o coartada de la crisis económica. Recortes presupuestados a los que se ha añadido que el Gobierno deja sin gastar sin gastar el 70% del presupuesto de I+D, el 92% de la ayuda al desarrollo y el 82% del fomento cultural, según revelaciones coincidentes con el escándalo.

  

Esa costosa función de intermediación social, en especial en las actuales sociedades del conocimiento, ha de adaptarse debidamente al espacio y el tiempo. Por el contrario, es sabido que las últimas reformas, con motivo del cambio introducido por Bolonia, han supuesto para las universidades más costes, cuando por el contrario como se ha dicho han visto reducidos sus recursos públicos, cerca de un 10% para el conjunto de la educación con respecto a su factura total.

En vez de diversificarse, modernizarse y flexibilizarse, la universidad española se ha burocratizado… y hasta corrompido 

Lejos de responder a estos desafíos de la mayor complejidad implicada por la actual sociedad del conocimiento y sus transformaciones digitales, la universidad española en vez de diversificarse, modernizarse y flexibilizarse se ha burocratizado, según algunos de los análisis más compartidos. Y esa burocracia ha sido el caldo de cultivo de los ahora denunciados vicios de localismo, amiguismo, incluso corrupción, endogamia, falta de participación (en especial de los estudiantes, que en las últimas elecciones a rectores de Madrid ha oscilado entre el 3% y el 5%), laxitud en el cumplimiento de las normas y un largo etcétera.

Hay en consecuencia urgente necesidad de resolver los problemas de incentivos y de control de la productividad que todo ello ha supuesto. Pero antes que nada se podría empezar por evitar los frecuentes fraudes de ley o respuestas irregulares que reflejan las generalizadas situaciones de incompatibilidades, precariedad en figuras como la del profesor asociado, otras irregularidades en el cumplimiento de la antigua y nueva ley contratación pública (un tercio de las universidades incumplía la anterior, entre las la Complutense) o en las prácticas y abuso de becarios como los sancionados por la Inspección laboral en la UAM, ligereza o falta de transparencia en los contratos con entidades financieras y con empresas (faltan balances objetivos e independientes de convenios con entidades financieras que monopolizan algunos campus) , e innumerables abusos que contravienen principios como los de proporcionalidad, imparcialidad, transparencia y otros que son especialmente obligados en las universidades: leyes de reforma estatales sus normas de desarrollo, Leyes Generales de Presupuestos, Incompatibilidades, Reformas de la Función Pública, Contratos del Estado y otras, además de las legislaciones emanadas de las Comunidades Autónomas, sin las cuales el derecho constitucional de autonomía quedaría vacío de contenido práctico.

Son sus responsables, no el Estado (los contribuyentes), quienes deben pagar por las últimamente frecuentes condenas del Tribunal Europeo y el de Derechos Humanos de Estrasburgo

Por todo ello, en vez de responder con inacción, ofertas vacías de pactos o participación o amenazas como las citadas a las denuncias de quienes cumplen con su información y crítica las funciones de control del poder, las universidades deberían hacerse acreedoras del derecho de autonomía, concedido por los Constituyentes no como coartada para las arbitrariedades, sino como garantía del derecho a la calidad de sus servicios que tienen la ciudadanía. Estudiantes y profesores pueden ayudarles hasta con sus legítimas denuncias. Y los poderes legislativos y judiciales deberían incentivar esa participación por todos los medios. Por ejemplo, podrían empezar por introducir sanciones efectivas a los responsables de que, por deficiencias en los controles de los poderes del Estado de Derecho Español, años más tarde el Tribunal Europeo o el de  Derechos Humanos de Estrasburgo sancionen al final al Estado Español, incluso a pagar responsabilidades económicas que han de ser atendidas por el erario público y no por sus iniciales causantes, como sucede últimamente con preocupante frecuencia e intensidad.

 

 

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