miércoles,17 agosto 2022
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Las Sociedades de Beneficio e Interés Compartido, introducida por enmienda en la Ley de Creación y Crecimiento de Empresas

Empresas para lograr la Agenda 2030 (a la espera de que España adopte la figura jurídica de las SBIC)

Gabriel Castañares Hernández, Director General de Políticas Palanca para el cumplimiento de la Agenda 2030, del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030
A la espera de que este jueves el pleno del Congreso de Diputados apruebe la Ley de Creación y Crecimiento de Empresas y confirme la introducción en España de la figura jurídica de Sociedades de Beneficio e Interés Común (SBIC), aceptada por una enmienda que apoyan Grupo Socialista, Grupo Popular, Grupo Confederal y Más País, Ibercampus sigue el análisis del Cuarto Sector con la opinión de Gabriel Castañares Hernández, Director General de Políticas Palanca para el cumplimiento de la Agenda 2030, del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

El 25 de septiembre de 2015, 193 países alcanzaron un acuerdo internacional para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todas las personas como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible articulada en torno a 17 objetivos y 169 metas. Actualmente nos encontramos a la mitad de ese camino marcado con muchos de los retos aún pendientes, en un mundo que tal y como hemos visto en los últimos dos años y medio es cada vez más interdependiente y cambiante.

Por delante en este punto de medio camino hasta 2030, tenemos el reto de lograr sociedades más justas y sostenibles en las que los derechos humanos estén garantizados para todas las personas. Un camino trazado por la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, como el marco para la acción más ambicioso del que se ha dotado España y el conjunto de la comunidad internacional y que debe encaminarnos hacia un futuro basado en la protección de nuestro planeta frente a amenazas ambientalesAfenda 2030 como la del cambio climático, cada vez más evidente, y con la garantía de una vida digna para todas las personas, asegurando no dejar a nadie atrás.

Para hacer frente a estos retos el Consejo de Ministros aprobó hace un año la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, que fue presentada ante las Naciones Unidas, en el examen nacional voluntario. La Estrategia de Desarrollo Sostenible supone la hoja de ruta de nuestro país para cumplir con la Agenda 2030, conteniendo las acciones a desarrollar en esta década para llegar a 2030 alcanzando los objetivos marcados.

La Estrategia incluye entre sus ocho políticas aceleradoras de forma ampliada los contenidos de los cuatro ejes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, un Plan que se había aprobado pocas semanas antes y que incluye expresamente como un elemento transversal para su desarrollo a la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030.

Las prioridades de actuación de la Estrategia incluyen también las componentes del propio Plan, como elementos fundamentales de despliegue que nos permitan alcanzar los objetivos de país que nos hemos planteado al final de esta década, y donde el papel de las empresas del cuarto sector es esencial en este contexto para poder generar beneficios sociales que extiendan la sostenibilidad a diferentes ámbitos económicos.

En este sentido, dentro de un sistema económico cada vez más globalizado, contamos con la oportunidad de extender la sostenibilidad a través de las cadenas de valor. En este sentido, la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 incluye la necesidad de colaborar entre todos los actores implicados para que nuestro país asuma un Liderazgo internacional para una globalización justa, sostenible, igualitaria, democrática y basada en los derechos humanos.

Dentro de este liderazgo internacional van a jugar un papel central las normativas en materia de debida diligencia, destacando en este ámbito el Anteproyecto de Ley de debida diligencia de empresas y derechos humanos que pueda servir para traducir en términos prácticos, la responsabilidad de las empresas de prevenir y reparar el eventual impacto de su actividad empresarial sobre los derechos humanos.

Concretamente el Anteproyecto de Ley de Protección de los Derechos Humanos, de la Sostenibilidad y de la Diligencia Debida en las Actividades Empresariales Transnacionales tal y como fue incluido en el Plan de normativas a desarrollar desde el Gobierno de España para 2022, supone una oportunidad para extender la visión de la Agenda 2030 a las actividades empresariales y la Coherencia de acciones entre lo que desarrollamos dentro de nuestro país y en las actividades internacionales para poder situar a nuestro país y a nuestras empresas en el liderazgo en materia de respeto a los derechos humanos y al medio ambiente también a nivel internacional.

Un sector empresarial comprometido y activo es fundamental para el logro de la Agenda 2030, teniendo un papel clave en muchas de las cuestiones esenciales que debemos abordar para cumplir con los ODS como el proceso de transición ecológica justa, la consolidación de la sostenibilidad en los sectores económicos y el papel de la innovación empresarial en el desarrollo de nuevas soluciones y herramientas para el futuro.

Gabriel Castañares Hernández, Director General de Políticas Palanca para el cumplimiento de la Agenda 2030, del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030

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