martes,25 enero 2022
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Pérez Tornero facturó 12 millones siendo profesor y sólo recibe críticas de Unidas Podemos

UAB y Congreso eluden profundizar en la denunciada incompatibilidad del presidente de RTVE, como en el caso Arnaldo

La Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y Congreso de los Diputados han eludido profundizar en las denuncias de incompatibilidad del presidente del ente público Radio Televisión Española (RTVE), quien este lunes compareció ante la Comisión Mixta de Control. José Manuel Pérez Tornero facturó 12 millones de euros con sus empresas entre los años 2000 y 2007 siendo profesor y cargo de la UAB. Podemos pidió su dimisión si se confirman irregularidades. Pero PP y PSOE, grupos que consensuaron también su nombramiento, mostraron "desinterés y tibieza" según medios presentes.

La universidad acepta las start-ups y la emprendeduría [sic] y en ese sentido fundé en su día la empresa. Les aseguro que es ético, legal y compatible con mi función. Así resumió Pérez Tornero su respuesta a las denuncias, que Vox  atribuyó al chantaje y a un ajuste de cuentas de Podemos y CC OO.

El argumento principal del compareciente, coincidente con el de UB, fue que sus empresas nunca han facturado a la Universidad. Los grupos parlamentarios lo aceptaron, sin contrastar las actividades denunciadas con la ley de incompatibilidades de los funcionarios docentes, después de que desde la UAB no se haya abierto  ningún expediente de incompatibilidad contra José Manuel Pérez Tornero, alegando en vísperas de la comparecencia que no ha llegado ningún tipo de denuncia ni ningún tipo de irregularidad.

Sin embargo, en informaciones de Rosario G. Gómez y Javier Casqueiro, EL PAIS había publicado que José Manuel Pérez Tornero se lucró durante su etapa directiva en la Universidad Autónoma de Barcelona con negocios privados que hizo a través de dos empresas de su propiedad, según los resultados de esas sociedades incorporados al Registro Mercantil.  Recordaban las informaciones que la Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas no permite este tipo de actividades privadas directamente relacionadas con el cargo público que se desempeña. El artículo 11 de esa norma dice:  El personal comprendido en su ámbito de aplicación no podrá ejercer, por sí o mediante sustitución, actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sean por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de entidades o particulares, que se relacionen directamente con las que desarrolle el departamento, organismo o entidad donde estuviera destinado.

Si bien ese artículo 11 de la Ley de Reforma Universitaria reconoce a los profesores y a los departamentos la posibilidad de contratar con entidades públicas y privadas, o con personas físicas, la realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico, la norma traspasa a las universidades la responsabilidad de que establezcan los procedimientos para la autorización de dichos contratos.

Sin embargo, los rectorados de las universidades han mostrado las ultimas décadas arbitrariedad al aplicar la norma, al igual que el Congreso de Diputados con las incompatibilidades de los políticos. Lo evidenció en la última ocasión el caso del juez, profesor y diputado Enrique Arnaldo, entre los miles de incompatibles que las universidades españolas y ahora el Congreso toleran. Entonces y ahora las denuncias públicas no han servido siquiera para revisar la regulación de las incompatibilidades.

Unidas Podemos ha sido el único grupo que se ha mostrado crítico. Sin aprovechar las interpretaciones de la misma ley de incompatibilidades aplicadas cuando estaban en la oposición por la Universidad de Málaga a Errejón y compañeros o por la Complutense de Madrid a Monedero, su portavoz, Pablo Echenique, recordó que Pérez Tornero ocupa uno de los cargos más importantes del Estado, y quiso saber si la empresa Mizar Multimedia, en la que el actual presidente del ente estatal figuró como administrador y apoderado, estuvo activa entre 2000 y 2019; si colaboró con la UAB en proyectos de los que participaba o dirigía mientras era catedrático a tiempo completo; y si dicha empresa obtuvo beneficio económico por tales colaboraciones. También planteó a Pérez Tornero si considera compatible su actividad como cargo en una universidad pública con sus trabajos privados y con seguir al frente de RTVE, según relata igualmente Rosario G. Gómez en EL PAIS.

Pérez Tornero ejerció como director del Gabinete de Comunicación y Educación en la Facultad de Ciencias de la Comunicación y, a la vez, creó dos sociedades (Mizar y Gamma Media) para ofrecer sus servicios tanto a empresas como a instituciones.

Una de sus empresas fue subcontratada para hacer algunos trabajos previstos en convenios firmados por la universidad con otras entidades o instituciones. Como ejemplo, uno de los trabajos, que trataba sobre alfabetización cinematográfica en Europa y financiaba la Comisión Europea, fue encargado al Gabinete de Comunicación y Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona. El estudio pagado con fondos de la Comisión Europea fue subcontratado con Mizar Multimedia, la empresa de Pérez Tornero. En las notas de prensa de la Universidad Autónoma de Barcelona se recogía la colaboración de Mizar, la empresa de Tornero, en esos trabajos. Asimismo, el actual presidente de RTVE también se encargó de editar con su empresa privada otro trabajo sobre lenguaje de televisión y valores, financiado igualmente por la Unión Europea.

Antes de comparecer en el Congreso, Pérez Tornero explicó el pasado jueves, en la reunión ordinaria del consejo de administración de RTVE, su posición sobre los contratos suscritos por la Universidad Autónoma de Barcelona durante su etapa como catedrático de esa institución. Allí anticipó e principal argumento dado este lunes: que todos los contratos habían cumplido “escrupulosamente” la ley en todos los sentidos. Pérez Tornero mantuvo que todas las actividades realizadas por él y sus empresas habían sido auditadas por la universidad o por los organismos europeos, en el caso de proyectos auspiciados por la UE, según explicaron a este diario fuentes próximas al consejo de administración. También aseguró que todos los trabajos con su empresa privada se llevaron a cabo de forma transparente.

Durante la reunión del consejo de administración de RTVE, ninguno de los vocales pidió la dimisión de Pérez Tornero. Además del presidente, el órgano de control del ente público está compuesto por tres consejeros del PSOE, tres del PP, dos de Podemos y uno del PNV. Todos ellos fueron elegidos tras un pacto suscrito entre las cuatro formaciones políticas, por una mayoría parlamentaria del Congreso y el Senado.

A través de un comunicado, el propio ente manifestó que Pérez Tornero no incurre ni ha incurrido en ninguna causa de incompatibilidad ni como presidente de la corporación, ni como funcionario público a lo largo de toda su carrera académica en la universidad: En ningún caso ha habido ni conflicto ni colisión entre su ejercicio como funcionario y el ejercicio de los derechos que le asisten como persona y ciudadano. Y en consecuencia, son profundamente erróneas las informaciones que sostienen lo contrario.

Por su parte, la vicerrectora de Comunicación y Promoción de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), Virginia Luzón, en sus declaraciones a EL PAIS, centró  como Pérez Ternero el caso en que no hubo desde la UAB ningún pago a ninguna empresa de Pérez Tornero, no si en sus actividades empresariales eran compatibles con las del puesto de profesor a tiempo completo.

En cuanto a la Ley 53/1984 de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, la vicerrectora afirmó: No puedo decir nada, porque así como sí hemos recuperado el servidor económico, aún no hemos recuperado el que tiene la base de datos del personal. La UAB sufrió el 11 de octubre un ciberataque que dejó inoperativa toda su red interna, además de otros servicios. 


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